Exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal habrían incurrido en un fraude por casi siete millones de pesos al desviar fondos de uno de los programas dirigidos a las familias más pobres del estado, durante la administración de la ahora exdelegada Myriam Arabián Couttolenc.

Fuentes de la dependencia informaron a Intolerancia Diario que se denunciará penalmente el fraude millonario tras una investigación que ha derivado en la renuncia del subdelegado Arturo Gutiérrez Torrera.

Además, se indagará a fondo la posible participación de más funcionarios por actos de corrupción, afectando el Programa para Apoyo a Vivienda Rural, que beneficiaría a cientos de familias poblanas.

Se trata de por lo menos 342 cheques de 20 mil pesos cada uno, que fueron pagados a la empresa Pronmac SA de CV, para que entregara material para construcción a gente de escasos recursos.

Aunque el apoyo jamás llegó, la Sedesol lo dio como un hecho pagando a dicha empresa los montos señalados, que ascienden a más de 6 millones 840 mil pesos.

Estos recursos son parte del programa de Apoyo a Viviendas Rurales que se destinan a algunas de las familias que viven en extrema pobreza y marginación en Puebla, de por lo menos cinco municipios, quienes jamás recibieron los beneficios.

Cabe destacar que dichos recursos representan una tercera parte de lo que se invierte cada año en el programa de vivienda rural del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), luego de que en 2012 se pagaron más de 20 millones de pesos.

El descubrimiento
A los pocos días del cambio de gobierno federal un grupo de campesinos y habitantes de las comunidades de Quimixtlán, Tlaxaloya y Tepeaca, entre otros, acudieron a la Sedesol a ver qué había pasado con el programa del que serían beneficiados.

Las familias son de muy escasos recursos, considerados como de pobreza extrema, al vivir hacinados hasta cinco personas por un cuarto, en el mejor de los casos.

Por lo tanto, llenaban los requisitos para el Fonhapo y serían beneficiados desde junio de 2012 para la entrega de material de construcción con el que construirían un cuarto más en sus viviendas para combatir ese hacinamiento.

El material para la construcción es entregado por empresas privadas y pagados con los recursos de Sedesol, pero el dinero jamás pasa por manos de los beneficiarios, ya que al ser de escasos recursos se busca evitar que se gasten el dinero en otras cuestiones.

Entonces se les entrega a estas personas una especie de vale o bono, el cual le dan a la empresa una vez entregado el material y ésta a su vez —con este documento— le cobra a la dependencia federal con cheques con los montos marcados.

Pero en esta ocasión no se hizo así. Tras la queja de los campesinos, se inició una investigación, donde se descubrió que a la empresa Pronmac le fueron entregados 342 cheques de montos de 20 mil pesos cada uno, sin que hiciera llegar material alguno.

A pesar de la anomalía, la Sedesol dio por cerrado el programa, aunque jamás fueron beneficiados los campesinos, quienes hasta la fecha siguen esperando el apoyo federal en total desamparo.

El fraude
La Sedesol, al continuar las indagatorias, detectó que la empresa Pronmac es originaria de Tulancingo, Hidalgo, donde Arturo Gutiérrez fungió como funcionario del gobierno federal.

Además, el propietario proveedor o representante de Pronmac, Jorge Burgos, se le vincula con el subdelegado, según las fuentes.

Otra irregularidad detectada es que dicha empresa fue dada de alta por cuestiones fiscales en el estado de Puebla, pero con una dirección en un departamento de Casas Geo, el cual se encuentra deshabitado.

Ante el problema, Arturo Gutiérrez, al ser enterado del problema, ha presentado su renuncia a pesar de que pudo conservar su puesto gracias al recién creado servicio civil de carrera que lo protegía para seguir trabajando en Sedesol.

Ante la cascada de irregularidades, la Sedesol interpondrá no solo una denuncia por la responsabilidad de servidores públicos, sino otra en materia penal por fraude o desvío de recursos del erario, señalaron las fuentes.

Sin embargo, aunque no han tenido acercamientos oficiales, la empresa envío a un emisario a tratar de arreglar el problema, el cual se podría subsanar con la entrega del material, aunque los procedimientos jurídicos continúen.

La entrega
El 24 de julio de 2012, la delegación en Puebla de la Sedesol entregó apoyos a las personas que habitan en zonas rurales de los municipios más pobres del estado,con un monto de 23 millones de pesos en beneficio de 659 viviendas, según el medio de comunicación Sexenio.

En ese entonces, que coincide con las fechas de los quejosos, la entonces  delegada Arabián Couttolenc afirmó que para las personas que resultaron beneficiadas no había preferencias partidistas, ya que se buscaba que el programa abarque a la mayoría de las personas que realmente lo necesitan sin importar los colores de partido.

Explicó que el dinero entregado pertenece al certificado de vivienda nueva y otro de mejoramiento o recámaras adicionales.

En el primero se da un apoyo de 90 mil pesos, de los cuales la Federación aporta 65 mil pesos y los presidentes municipales el resto, además de que el beneficiario también aporta una parte a través de trabajo en su predio.

En el segundo se brinda un apoyo de hasta 22 mil pesos para una recámara adicional o mejoramiento de sus viviendas.

Con escuela
En febrero de 2012 la revista de circulación nacional Proceso publicó un reportaje de cuando Josefina Vázquez Mota estuvo al frente de Sedesol, donde se cometió un millonario fraude con los fondos del Programa de Vivienda Rural, que beneficiaría a cerca de 5 mil 500 familias.

Según dicha publicación, los partidos crearon al vapor organizaciones “fantasma” y apuntaron a los presuntos beneficiarios, pero lo cierto es que los recursos se destinaron a las campañas electorales de ese año, incluyendo la de Felipe Calderón.

Aún cuando diversas autoridades detectaron las anomalías, que implicaban a Josefina Vázquez Mota, las indagatorias jamás prosperaron.

A inicios de 2006 comenzaron a publicarse pruebas contundentes según las cuales legisladores panistas habían creado empresas fachada —dirigidas por sus secretarias, choferes u operadores— para desviar el dinero del programa de vivienda a sus campañas.

Al interior de la Sedesol tampoco pasó nada y aun cuando la Contraloría de la dependencia integró un expediente de seguimiento de responsabilidades (SI/035/06), no se aplicaron sanciones legales a ninguno de los involucrados.

La Auditoría Superior de la Federación, al revisar la cuenta pública de 2005, sólo encontró sancionables a dos agrupaciones campesinas que incumplieron con sus agremiados, pero exoneró a los funcionarios que, aun cuando no cumplieron las reglas, les soltaron el dinero.

Programa Vivienda Rural
Según la página de internet de Fonhapo, el gobierno federal otorga subsidios para que los hogares mexicanos rurales, en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas.

Los beneficiarios del programa Vivienda Rural del Fonhapo son los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda.

Todos ubicados en localidades rurales de hasta 5 mil habitantes, clasificadas con un grado de marginación alto o muy alto por el Consejo Nacional de Población (Conapo) que requieren mejorar sus condiciones habitacionales.

Los documentos que deben de presentar los beneficiarios para solicitar un subsidio son copia de identificación oficial, de la CURP de ambos cónyuges, con sus originales para cotejo.

Además, deben acreditar residencia con constancia original expedida por la autoridad agraria o local que acredite que el solicitante ha vivido en la localidad al menos dos años.

Asimismo les piden una copia simple de la documentación que acredite la propiedad o tenencia legítima del terreno en el que se llevará a cabo la acción de vivienda y llenar el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

El solicitante de un subsidio del programa Vivienda Rural debe acudir personalmente sin necesidad de pertenecer a ninguna organización civil, a las oficinas del gobierno estatal, del gobierno municipal o de la Delegación de la Sedatu, donde le darán mayor información y le proporcionarán el CUIS para que lo llene y firme.

Los tipos de apoyo y monto que otorga el Fonhapo a los hogares beneficiarios son: a partir de 40 y hasta 53 mil pesos para adquirir o edificar una unidad básica de vivienda en el ámbito rural. De 15 a 20 mil pesos para ampliar una vivienda en zona rural, de 10 a 15 mil pesos para mejorar la vivienda en zona rural.

Los de mayor pobreza, los que padecen alguna discapacidad o que tienen un dependiente económico discapacitado, madres solteras y los hogares cuyo jefe de familia es un adulto mayor de 60 años y más, asimismo las casas con niños de hasta 14 años de edad.

Los recursos representan una tercera parte de lo que se invierte cada año en el programa de vivienda rural del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), luego de que en 2012 se pagaron más de 20 millones de pesos.