Se confirma que de manera arbitraria la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) desechó un recurso de revisión, basado todo en una presunción la que no ratificó o comprobó.

De esta manera, se siguen desechando recursos de revisión por medio de la ratificación de la solicitud del mismo, y buscando el menor detalle o error del recurrente, el que especialistas incluso han calificado como inconstitucional.

Hace dos semanas, la CAIP sobreseyó o desechó un recurso de revisión de un ciudadano, por argumentar que por vivir en Puebla debió ratificar su recurso personalmente en sus oficinas.

En este caso en especifico, con una presunción de residencia de un ciudadano, la CAIP evitó estudiar a fondo la acusación de opacidad contra de la Secretaría General de Gobierno (SGG).

Ahora se sabe que el argumento de que el solicitante residía en Puebla fue basado en una presunción, luego de que el documento de ratificación enviado por correo electrónico por el solicitante está fechado con “H. Puebla de Zaragoza”, pero nunca se comprobó la residencia.

Especialistas en transparencia, consultados por Intolerancia Diario, señalaron que la CAIP como órgano garante de la transparencia en Puebla debió solicitar al recurrente confirmara su residencia, para no basarse en sólo presunciones.

La Ley de Acceso a la Información considera la posibilidad de ratificar mediante correo electrónico pero sólo si el solicitante no es de Puebla. En caso de que sea vecino del la capital estatal, tendrá que acudir personalmente a hacerlo.

Pero eso no es todo, en este caso en especial, la persona no se presentó a sus oficinas porque la misma CAIP le informó en un correo electrónico que podía ratificar mediante correo electrónico.

Sin embargo, en el expediente completo del caso nunca se menciona dicha comunicación que mantuvo CAIP con el solicitante.

Tampoco en el expediente se especifica de qué ciudad o entidad es residente el solicitante, y a pesar de ello los comisionados lo trataron como si fuera de la ciudad de Puebla.

Ahora, el ciudadano reveló a Intolerancia Diario que se está asesorando para ampararse por la decisión del organismo garante de la transparencia en Puebla, ante la serie de irregularidades presentadas en el caso.

Dicho dictamen, que desechó el recurso de revisión, fue realizado hace dos semanas por el comisionado Federico González Magaña, quien está vinculado con el gobernador Rafael Moreno Valle al participar en su campaña.

El sobreseimiento
González Magaña hizo que procediera el sobreseimiento contra un ciudadano, quien fue mal informado por el mismo organismo “garante de la transparencia” sobre cómo interponer su recurso de revisión.

Se desechó el recurso de revisión 206/SGG-01/2013 porque el ciudadano no fue a ratificar su inconformidad de manera personal.

Todo, aunque podía invocarse el artículo 86 de la Ley de Transparencia, el que les da la facultad de suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente

Magaña dio por hecho “la presunción” del sujeto obligado sin ratificar que el ciudadano aún viva en la ciudad de Puebla, consultarlo o requerirlo, por lo que ante la duda debió privilegiar el derecho de acceso a la información, señalaron especialistas consultados.

Además, mediante un correo electrónico —en poder de Intolerancia Diario—, emitido al recurrente desde la cuenta oficial de CAIP, fue invitado a ratificar su recurso de revisión por medio de correo electrónico o a hacerlo de manera personal.

Dicho correo no fue integrado al expediente general, luego de que el solicitante ratificó por correo electrónico. Ya en sesión, los comisionados señalaron que procedía sobreseerlo por no ratificarlo de manera personal en las oficinas del organismo descentralizado.

Cabe destacar que es la primera vez en la historia de CAIP que procede un sobreseimiento por no haberse ratificado de manera personal el recurso de revisión.

CAIP no tiene forma de saber si el sujeto radica en la ciudad de Puebla, solamente los sujetos obligados, en este caso la SGG, la que pidió el sobreseimiento por esta causa bajo el artículo 77 de la Ley de Transparencia.

González Magaña señaló que en este artículo se establece que en los casos en que el recurso de revisión sean presentado por medios electrónicos y el domicilio del recurrente se encuentre dentro del lugar de residencia de la Comisión, el recurso deberá de ratificarse de forma personal, de lo contrario se tendrá por no interpuesto.

Pero jamás menciona el artículo 86, ni mucho menos el correo electrónico que emitió al recurrente, referidos líneas antes.

El Sujeto Obligado respondió a la solicitud de información de que se habían realizado nueve jornadas de lectura “Más libros mejor futuro”, proporcionando lugar y fecha de cada una de las giras.

Asimismo, señaló que, respecto de la parte de la solicitud que se refiere al gasto desglosado, no contaban con un presupuesto asignado específicamente a un concepto agregado tal como “Jornadas de Lectura”.

Aseguró la SGG que estas acciones públicas se encontraban enmarcadas en el Programa Sectorial de Paz Social y Corresponsabilidad, en las que participaban enlaces sociales, así como artistas y personajes de la cultura y las artes que no generan erogaciones públicas al erario estatal, ya que son contribuciones altruistas en beneficio de la ciudadanía.

La burocracia
El ciudadano —de quien reservamos el nombre—, luego de recibir el dictamen final del recurso de revisión, acudió a las oficinas de CAIP para que le entregaran una copia del expediente para poder revisarlo por completo.

Sin embargo, comentó a este medio, que las copias no le fueron negadas al señalar que tendría que enviar su solicitud de los documentos vía electrónica para ser entregados por lo menos tres días hábiles después.

Así lo hizo y envió su solicitud vía correo electrónico, solicitando que fuera por este mismo medio como le entregaran las copias, ya que había acudido a las oficinas y había sido rechazado.

Al siguiente día, la CAIP envió a su correo electrónico el expediente completo RR00009012, en el que se detalla todo el proceso de su solicitud de información de los gastos de la campaña de Manzanilla Prieto.

La presunción sin comprobar
En la página 5 del informe del recurso de revisión de parte de la SGG, se reconoce que el solicitante refiere como domicilio una colonia, pero no el municipio.

Pero alega que en el documento de ratificación enviado por correo electrónico se fecha como “H. Puebla de Zaragoza”, por lo que presumieron que radicaba en la ciudad de Puebla.

“Más tarde, en escrito de ratificación, el recurrente encabeza su recurso enviado por medio electrónico de la siguiente forma: H. Puebla de Zaragoza a 11 de diciembre de 2012”, señala textualmente.

“Por lo que esta Unidad de Acceso a la Información presume que el recurrente tiene ubicado su domicilio en la Ciudad de Puebla, es decir, dentro del lugar de residencia de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla”, señala el texto.

En el informe del recurso de revisión, la SGG alega que no existen gastos desglosados de los recursos invertidos en las Jornadas de Lectura, ya que las acciones de encuentran en el programa sectorial de paz social.

Pero no explican, como en este caso, si se tomó en cuenta el correo electrónico que posteriormente fue desechado o que sirvió para que sobreseyeran el recurso de revisión.

El recurrente señala como prueba de la opacidad que algunos datos de la información que no le quisieron entregar ya habían sido entregados en otra solicitud distinta, la cual inclusive fue publicada en notas periodísticas

Alberto Zepeda Lara, titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la dependencia, señaló en el escrito que la solicitud de Infomex ahí señalada no coincidía con la del recurrente.

Pero no dio explicación alguna de cómo ya se había entregado información similar, y en este caso se negaban los datos.

La piedra
Roberto Alonso, integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), confirmó que es preocupante que los recursos de revisión no se estudian por no ser ratificados, a la vez que confirmó que en este caso específico se presumió sin confirmar.

Luego de leer el expediente, señaló que el recurrente “se equivocó” al fechar su documento “y de ahí se agarraron”.

“Sí, ahí la CAIP le abrió la puerta, pero me parece que sí cometió un error al fechar en Puebla, no era necesario”, comentó.

—¿Cómo ves que se utilicen este tipo de detalles para evitar la transparencia; además de que realmente no se comprobó la residencia?

—No coincido con que haya sido una suposición. Creo, más bien, que aprovecharon un elemento que les dio el solicitante.

”Lo que me parece grave y preocupante es que se estén desechando y sobreseyendo recursos porque no se ratifican.

”Hay ya suficiente evidencia de que una cuarta parte de los recursos no se están analizando porque no se ratifican. El Congreso debería tomar nota y eliminar ese requisito contrario a los principios constitucionales que guían el derecho a saber.”

—Mejor dicho, ¿presumen sin confirmar?

—Exacto, presumen sin confirmar. Lo grave es que los diputados no tomen nota y mantengan en la ley la ratificación.

”No nos topemos con un árbol y dejemos de ver el bosque. Lo estructural, la falla de origen en este caso es la ratificación”, advirtió Roberto Alonso.

Asimismo, el especialista Ricardo Becerra, en su artículo ‘Internet llega a la Constitución’, señala su importancia en la defensa del derecho, porque es una herramienta que baja costos, es flexible en horarios y en distancias.

“Y con la obligación de presentarse a ratificar el recurso, se están anulando esos beneficios”, señala en el texto el exdirector general de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

“Allí donde se pone a disposición del ciudadano la opción electrónica, el derecho de acceso a la información se expande, se multiplica y, por supuesto, se consolida”, pero en Puebla no sólo se omite, sino que CAIP lo avala.

Según un reportaje del medio de comunicación Lado B, la ratificación del recurso de revisión que se aplica en Puebla es única en todo el país, tras una revisión de las 32 leyes estatales de transparencia y la del Distrito Federal.