En Puebla, los periodistas viven y trabajan en un Estado de derecho fracturado, lo que generará mayor violencia y agresiones, sentenciaron el director de Artículo 19, Darío Ramírez, y el subdirector del periódico Diario de Juárez, Pedro Torres.

El organismo internacional señaló en su informe anual que en Puebla se registraron nueve agresiones contra reporteros y fotógrafos, dos retenciones forzadas y el asesinato del periodista independiente Adrián Silva Moreno, lo que coloca a la entidad en séptima posición del todo el país.

Mientras tanto, al mismo tiempo en la ciudad de Puebla, el secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, sentenció que “no por ser periodista se tiene derecho a hacer lo que uno quiera”.

En sendas entrevista a Intolerancia Diario, los defensores de periodistas señalaron que hay que tener cuidado en Puebla de que no crezca el acoso a los medios de comunicación de parte de autoridades poblanas.

Asimismo, el también representante de Articulo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez, indicó que se debe quitar la facultad al gobierno para demandar a periodistas por difamación, ya que un estado no puede demandar de esta forma.

Este miércoles, en la ciudad de México, el organismo civil internacional que defiende los derechos de los periodistas realizó su informe anual de labores, donde dio a conocer un estudio de la situación del gremio de la prensa en México.

Y es tan grave la situación de los reporteros que nombraron al evento “Doble asesinato, la prensa entre la violencia y la impunidad”, para lo cual fueron diversos comunicadores para dar a conocer la radiografía del problema.

Intolerancia Diario fue el único medio de comunicación poblano presente en el informe, donde destacaron sobre todo los casos de crímenes y agresiones contra periodistas, situación que, aunque no ha alcanzado Puebla, podría crecer el problema, según los especialistas.

Articulo 19 es un organismo civil internacional dedicado a la libertad de expresión e información en todo el orbe.

Caso Puebla
En entrevista, Darío Ramírez señaló que en estos momentos Articulo 19 estudia el acoso que han sufrido medios de comunicación de Puebla y reporteros del estado, por parte de autoridades.

“Hemos dado seguimiento desde el año pasado a los robos de equipo de medios digitales como Ladobe o la situación de e-consulta, que evidentemente son un ataque claro y frontal a la libertad de prensa en el estado.

”Desde esos casos hemos revisado hasta más recientes, como el que policías estatales van y tratan de detener a un colega para llevarlo a declarar. Dónde se ha visto que los policías estatales ahora den aventón para ir a declarar.

”Me parece que todas esas situaciones son fracturas del Estado de derecho. En ese sentido, el estado de Puebla y el gobernador (Rafael Moreno Valle) tienen que ser muchísimo más diligentes, apegándose al Estado de derecho.”

Aunque reconoció que a Puebla Artículo 19 no lo considera como uno de los estados con focos rojos en la República, señaló que mientras más débil sea el Estado de derecho y más vulneración tenga por parte de autoridades locales, aumenta el nivel de riesgo para periodistas.

“Hay que tener mucho ojo, no son los grandes asesinatos, como en Veracruz, pero sí, evidentemente es un ataque a la libertad de expresión.”

—¿Existe el riesgo de que crezca el problema?

—Siempre, mientras el Estado de derecho sea tan vulnerable, no sabes al final qué va a pasar, si hay una persecución directa, si esa responsabilidad de garantizar la libertad de expresión se traduce en ser un agente persecutor a periódicos o medios de información críticos a la administración pública, pues me parece que estamos ante un retroceso claro de la libertad de prensa en México.

—¿Qué le parece que los periodistas pueden ser demandados por difamación en cualquier momento?

—Bueno, ya tenemos evidencia en México donde la materia civil se usa, por ejemplo en el caso de Contralinea, ya tiene 50 demandas de parte de un grupo empresarial. Pueden ser civiles, pero evidentemente 50 llevan a la bancarrota.

”Es lo que nosotros en el informe ponemos como el acoso judicial, la judicialización de la libertad de expresión. Está muy claro que tienen derechos todas las personas a buscar que se castigue a todo aquel que a través de un proceso legal haya lastimado la honra o el honor de alguien.

”Pero el abuso a estas figuras me parece que es algo que hay que seguir señalando. En Puebla, entre la lista de periodistas que iban a ser demandados y la reciente sentencia de la Suprema Corte en el caso de dos periodistas poblanos, habla de ese proceso de judicialización y es muy peligroso, porque al final muchos medios dejan solos a sus reporteros y el proceso lo tiene que llevar solo con un grado de indefensión más grave.

”Ahí es donde nosotros estamos alertando y buscando que se revierta esa persecución”, advirtió el dirigente.

—¿Algún llamado al gobierno de Puebla?

—Bueno, como siempre, el garantizar el Estado de derecho es fundamental para garantizar la libertad de prensa.

”La critica duele, la crítica es incómoda, no hay gobierno al que le guste la crítica, pero creo que en un estado verdaderamente democrático las respuestas a la prensa por parte de la autoridad tienen que ser en otro sentido y no como el amedrentar con castigar públicamente o encarar a los periodistas que están haciendo su trabajo.

”Parece que ahí está toda la responsabilidad de todo gobernador y toda administración pública.”

—¿Deberían quitar las facultades de que se demande a nombre del gobierno por difamación?

—Sí, eso lo criticamos desde que le dieron esas facultades al vocero estatal, es como prejuzgar, darle herramientas y que vaya a hacer esa presentación de demandas.

”Yo creo que la judicialización debe ser el último recurso. Hay que recordar que el estado de Puebla como tal no tiene derecho, no tiene honra, quienes tienen honra son las personas y no el honorable estado de Puebla.

”Entonces, ahí hay una gran confusión, porque si yo digo el estado de Puebla es una basura, pues la verdad es que no estoy ofendiendo a nadie en particular y mucho menos al estado de Puebla.”

Evitar otro Juárez
Los extremos de la violencia han llegado al Diario de Juárez, medio de comunicación de la ciudad fronteriza, que apenas el 6 de marzo recibió un ataque en sus instalaciones, y hace unos años fue asesinado uno de sus reporteros.

Ante tal problemática, el subdirector, Pedro Torres, fue invitado a conversar sobre la situación que se vive en Ciudad Juárez para la prensa.

En entrevista para Intolerancia Diario, dijo que en Puebla no debe crecer el problema, pero es responsabilidad de toda la sociedad.

“Es una cuestión que tenemos todos que hacer, no sólo la autoridad, sino todos deben prevenir la situación para que todos lleguen a situaciones tan graves como la que está viviéndose en Juárez, Tamaulipas o la zona de La Laguna.

”No creo que sea una responsabilidad exclusiva ni de los medios, ni de las autoridades o de la gente que informamos.”

—¿Cómo ven la situación de la prensa en Puebla, donde no se han registrado crímenes, pero si denuncias del gobierno por difamación?

—Sí, claro, son cuestiones que se deben evitar. En Puebla existe la sanción económica por difamación, es muy grave. Finalmente se utilizan recursos públicos para frustrar el trabajo de los periodistas y tratar de impedir que realicemos nuestro trabajo.

”Yo creo que se deben tomar cartas en el asunto para impedir que logren su objetivo, las autoridades, de acallar.”

—¿Podría crecer el acoso como bola de nieve y llegar a lo que viven en otros estados?

—Sí, claro, si no se hace nada al respecto, sino lo denunciamos en primer lugar, si las autoridades no toman cartas en el asunto y la sociedad apoya a los medios de que esto no continúe sucediendo, la situación va a llegar a ser más grave.

El llamado de Manzanilla
Al mismo tiempo, en la ciudad de Puebla fue entrevistado el secretario de gobierno, Fernando Manzanilla, quien señaló tajante que los periodistas tienen que ser responsables para proteger la libertad de expresión.

Indicó que no por su profesión tienen una “carta en blanco” para hacer lo que quieran, en respuesta sobre el estudio que elaboró Articulo 19 sobre las agresiones a periodistas en 2012.

El funcionario estatal indicó que una manera de defender la libertad de expresión tanto de periodistas como de la población en general es investigando a fondo los casos que se presenten y reducir la impunidad de estas agresiones.

“No por ser periodista se tiene derecho a hacer lo que uno quiera”, dijo al señalar que tampoco lo tienen los ministerios públicos o los policías, por lo que dentro del marco del respeto y la legalidad se tiene que garantizar la libertad de expresión en todas sus formas.

Tome nota
En el informe de Artículo 19 se denunció que la violencia contra la prensa en México aumentó en 20.34% entre 2011 y 2012, y que las autoridades de los tres niveles de gobierno fueron responsables del 43.96% de los ataques.

El estudio presentado refleja que los gobiernos municipales, estatales y federales se convirtieron en los principales agresores de periodistas por cuarto año consecutivo.

En 2012 se documentaron 207 agresiones en contra de la prensa, comparado con el año anterior, con 172 agresiones.

La violencia en contra de la prensa aumentó en un 20.34% en México, y se extendió por 25 de los 32 estados de la República, según el informe.

En el año pasado fueron asesinados siete periodistas por razones posiblemente vinculadas al ejercicio de su profesión, entre ellos el poblano Adrián Silva Moreno, que trabajaba como freelance o reportero libre en la zona de Tehuacán.

Asimismo, se documentó la desaparición de dos periodistas, fueron atacadas ocho instalaciones de medios con explosivos o armas de fuego.

Los estados más violentos durante el 2012 fueron: el Distrito Federal con 28 agresiones, seguido de Veracruz con 28 casos, Oaxaca con 23, Baja California con 17 y Jalisco, que registró 1 caso de agresión.

Para Artículo 19, en 2012 Veracruz fue el estado más peligroso para los periodistas: en el lapso comprendido entre el 28 de abril y el 14 de junio fueron asesinados 5 periodistas en las ciudades de Xalapa y Veracruz.

Los ataques contra instalaciones de medios se concentraron en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, los grupos Reforma y Televisa fueron los más afectados.

Se señaló que la tendencia de agresiones por parte de funcionarios públicos continúa a la alza, al aumentar en 2.1 puntos porcentuales. De los sujetos agredidos, indica el reporte, son los reporteros los más vulnerables: 40 de cada 100 agresiones son dirigidas a reporteros, mientras que 7 de cada 100 son dirigidas contra directivos de medios.