Este viernes, será dado de alta Oswaldo Zamora Barragán, mejor conocido como “el pastorcito” de Petlalcingo, quien estuviera internado en hospitales desde hace un año nueve meses.

Pero sus padres y familiares no están nada conformes, ya que afirman que quedará desprotegido, ya que las autoridades del Ejército mexicano le apuestan al “olvido” del caso que ha resonado hasta niveles internacionales.

La milicia mexicana, culpable de haber dejado una granada en campos del municipio poblano, según un dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sólo quiere pagar poco más de medio millón de pesos como indemnización.

Pero aunque pareciera buena cantidad de dinero, realmente no alcanza ni para las terapias del niño, por lo que los familiares exigen una pensión vitalicia, que ven muy lejana.

A pesar de las protestas, todo parece indicar que Osvaldo llegará a la casa donada por el gobierno de Puebla, al mediodía, donde vivirá, ya que se tiene programada su alta a las 8 horas.

Pero, a partir de mañana no hay claridad para los familiares aún, sobre cómo van a seguir las terapias, ni quién va a cubrir los costos, ya que temen que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se lave las manos.

La incertidumbre

A las 13:30 horas del 11 de julio de 2011, la vida le cambió a Osvaldo, de apenas 10 años de edad, mientras pastoreaba borregos y cabras en los campos del municipio de Petlalcingo.

En ese lugar, confundió una granada con una piedra, por lo que la tomó para jugar, pero explotó inmediatamente.

Luego de la tragedia, Oswaldo ingresó —primero— al Hospital del Niño Poblano, y luego fue internado en el nosocomio de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la ciudad de México, desde los 12 años de edad,

Mañana saldrá, a los 12 años, sin una pierna, un brazo y con su otro pie casi inservible, pero con muchas ganas de vivir y salir adelante, según familiares.

En entrevista telefónica para Intolerancia Diario, Amparo Barragán, tía de Osvaldo, relató la incertidumbre que existe ante la falta de un apoyo vitalicio, “parece que todos se ponen de acuerdo para no ayudarlo”, dijo desesperada.

Inclusive, señaló que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ya había retirado el pago de tres mil 600 pesos mensuales, que le da como indemnización, pero gracias a una publicación en el periódico nacional Reforma se lo reintegraron.

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ante el retraso, entregó un cheque por la cantidad de 36 mil 960 pesos, correspondiente al primer semestre del año.

Ahora, el problema es con el gobierno federal, el que le retiró dos becas de mil 800 pesos mensuales, desde que terminó la administración de Felipe Calderón.

Y ahora se suma la alta ordenada por médicos militares, pero sin promesas de rehabilitación.

—¿Están conformes con la alta?

—Mi hermana y mi cuñado (padres de Oswaldo) no están conformes, ¿pero qué pueden hacer?

”Ellos, de entrada, no saben cómo va a quedar con la rehabilitación del niño, estando allá tienen que estar rogando por el apoyo, ahora imagínese en Puebla o Petlalcingo”, dijo.

Informó que autoridades militares están ofreciendo el pago de indemnización por 576 mil presos, pero aunque los familiares siguen exigiendo la pensión vitalicia, al verla lejana, sólo quieren “un poco más”.

Indicó que el menor llegará al fraccionamiento Misiones de San Francisco, justamente a la casa 42, donada por el gobierno de Puebla.

“Por medio de los medios de comunicación, queremos mandarle un mensaje al presidente de la República, Enrique Preña Nieto, para que nos ayude, sabemos que nos puede ayudar, pero primero que se entere”, dijo Amparo.

Indicó que desde que inició el gobierno federal, el 1 de diciembre de 2012, no se ha presentado con ellos ninguna persona de las oficinas de presidencia, y se dejaron de depositar las referidas becas.

“El gobierno de Puebla dejó de dar un tiempo, pero inmediatamente gente del gobernador fue a darles un cheque, luego de que Reforma publicó que ya no estaban apoyando”, comentó.

“Si bien parece que todos están de acuerdo en no darle apoyo al niño, cómo si él hubiera tenido la culpa del accidente”, añadió.

Señaló que, en reunión con autoridades de Sedena, les dijeron que únicamente les podían ofrecer la cantidad referida, basados en un tabulador, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.

“Pero si el niño no es trabajador, dónde quedan los tratados internacionales que protegen a los niños en este tipo de accidentes, acá en México no los protegen. La única esperanza es mandar un comunicado al presidente, es lo único que podemos hacer.”


—¿Oswaldo cómo ha tomado las cosas, psicológicamente?

—Él está tranquilo, pero como que no ha vislumbrado la realidad de las cosas, pues es un niño aún, entró de 10 años y ahora ya tiene 12.

El porqué

Desde varias semanas antes de aquel 11 de julio, elementos del Ejército mexicano realizaron maniobras de entrenamiento en los parajes del señalado municipio, sin ninguna protección para sus pobladores, afirmaron los vecinos.

Inclusive, después del accidente, los militares, al escuchar la detonación, acudieron a auxiliar al infante, a quien llevaron al hospital general de Acatlán de Osorio, de donde posteriormente fue trasladado al hospital en Puebla.

Vecinos refirieron que los soldados mantuvieron un campamento en el llano de Petlalcingo desde abril del 2011, y el accidente ocurrió el 11 de julio, al filo de las 13:30 horas, cuando todavía estaba el campamento miliciano en la zona.

Indignados, los padres del menor señalaron que los militares, en lugar de ofrecer disculpas por la explosión y la tragedia, recriminaron a los civiles: “¿por qué el infante estaba en una zona de adiestramiento militar?”, dijeron.

“Pero nadie nos informó sobre esas maniobras militares, no hay ningún señalamiento, lo hacen a campo abierto sin ninguna medida de seguridad”, dijo Paula Barragán Soperanes, madre del niño.

Refirió que, luego de que fue informada por médicos, de la gravedad del niño, pidió a los soldados que ayudaran en el traslado por helicóptero, pero en respuesta sólo le dijeron que no podían hacer nada.

Finalmente, con el apoyo de vecinos y medios de comunicación locales, se logró que Oswaldo fuera trasladado en una ambulancia hacia Izúcar de Matamoros, donde transbordó a otra unidad mucho mejor equipada.

Los familiares lograron tomar fotos de los soldados, quienes llevaban consigo Fusiles Ametralladores Ligeros (FAL) en los momentos en que investigaban el estado de salud del menor y las causas del incidente.

La madre del menor refirió que, cuando viajó con su hijo en la ambulancia, el niño aún consciente le contó el accidente y cómo vio un artefacto que al parecer le explotó a varios metros de distancia.

Antes de llegar al Hospital del Niño Poblano, el pastorcito perdió el conocimiento porque para entonces, según datos oficiales, el niño había perdido gran cantidad de sangre de la mitad del cuerpo para abajo.

El niño ingresó a quirófano hasta las 22 horas de aquel martes, operación en la que los médicos se vieron en la necesidad de amputar el pie derecho, así como la mano y antebrazo derechos. La explosión además afectó el aparato reproductor del niño.


La burla

Horas después del accidente, en entrevista, el entonces secretario de Seguridad Estatal, Ardelio Vargas Fosado, salió en defensa de los cuerpos castrenses al afirmar que no se pudo tratar de una granada, ya que lo hubiera dejado completamente destrozado.

"La onda expansiva (de la granada) es muy fuerte y seguramente estuviéramos lamentando cosas peores", dijo Vargas Fosado, tras su comparecencia en la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local.

El funcionario fue temerario al afirmar que quizá el artefacto que explotó era propiedad de la delincuencia organizada y no del Ejército mexicano.

"Ustedes lo saben, Petlalcingo es un lugar donde hay presencia de organizaciones criminales y pues nosotros estamos trabajando ahí mismo, y estamos tratando de ver, junto con la Procuraduría, qué es lo que realmente sucedió y de dónde provino eso.”

Los familiares de Oswaldo, al conocer de esta declaración, se indignaron y recordaron al funcionario que los soldados tienen un campamento de entrenamiento, de práctica de guerrillas, desde abril.

La tía de la víctima, Amparo Barragán, señaló: “Si presuntamente esa es zona de la delincuencia organizada, entonces, ¿suena lógico que el Ejército mexicano realizara prácticas, adiestramiento, en ese mismo espacio?”.

Posteriormente, se supo que elementos del 16 Regimiento de Caballería Motorizada se encontraban realizando prácticas en terrenos de la comunidad El Ídolo, en Petlalcingo, donde ocurrió el incidente.

La recomendación

Fue en mayo de 2012 cuando la CNDH emitió la recomendación 17/2012 a la Sedena, para que el menor, Osvaldo, recibiera atención psicológica de por vida, y otros beneficios.

En el documento de 25 páginas, emitido por la dependencia, se establece además que sea beneficiado con el recambio de prótesis de forma pronta y oportuna, también que le sea otorgada una beca completa de estudios, así como insumos propios para su formación escolar.

La CNDH pidió al entonces secretario de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que una vez cumplida esta recomendación presente la documentación acreditatoria de que los recursos mencionados fueron entregados y, en consecuencia, recibidos por el beneficiario.

En el expediente CNDH/2/2011/7221/Q se establece que, el primero de octubre de 2010, el comandante del 16 Regimiento de Caballería Motorizada celebró un contrato de comodato con propietario uno y propietario dos, del predio rústico antes mencionado, para que personal de la sexta región militar realice pruebas de tiro y ejercicios militares, revela el punto número 34.

El pastorcito cuidaba un rebaño en el sitio, y encontró una granada calibre 40 milímetros, la cual azotó contra una roca, explotó y causó daños físicos en su cuerpo; e inmediatamente fue auxiliado para ser llevado al Hospital del Niño Poblano por el Ejército mexicano.

Derivado de la inspección ocular, efectuada el 20 de julio de 2011 por el agente del Ministerio Público del fuero común del distrito de Acatlán de Osorio, se localizó un lanzagranadas del mismo calibre, un cartucho útil de escopeta, dos de calibre 32 y una ojiva de cobre sin calibre; pero el peritaje determinó que no eran del Ejército mexicano.

En el punto número 111 se establece que, si bien no es factible precisar qué elementos militares incurrieron en el descuido que propició el resultado que motiva esta recomendación, el Ministerio Público deberá realizar la investigación para deslindar las responsabilidades correspondientes.

La CNDH recomendó a Sedena que en los lugares donde realicen pruebas o prácticas coloquen medidas de acordonamiento, seguridad, restricción y de aviso, así como que hagan la limpieza posterior del área para que no dejen rastros de pólvora, casquillos o de cualquier otra arma.