La Secretaria de Transportes (ST) desobedeció una orden de la Comisión de de Acceso a la Información Pública (CAIP) de entregar copias de los permisos de construcción del teleférico.

Desde el 2 de abril el órgano garante de la transparencia en Puebla —como la faculta la ley— dio tres días hábiles a la dependencia estatal para entregar los documentos y desahogar un recurso de revisión.

Sin embargo, 10 días hábiles después los documentos no han sido entregados hasta este martes 16 de este mes, por lo que dio un segundo exhorto a entregar la documentación.

Hasta la fecha, los supuestos permisos no han sido presentados a la luz pública, ni siquiera al juez federal que lleva el recurso de amparo contra la estructura, según fuentes.

Sin embargo, el titular de la ST, Bernardo Huerta, frente a diputados locales durante su comparecencia en febrero, aseguró que sí existían permisos para la construcción del teleférico en zonas históricas, aunque hasta el momento no han sido presentados.

En entrevista, el comisionado de CAIP, Federico González Magaña, reveló que se mantienen tres recursos de revisión contra la reserva del caso del teleférico y uno sólo contra la mega rueda de la fortuna.

El gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas mantiene clasificada toda la información de los proyectos más emblemáticos de la administración, como son el teleférico, la rueda de la fortuna y el Centro Integral de Servicios.

En cada uno de los casos se han presentado sendos recursos de revisión por parte de ciudadanos, para saber si las reservas de información entran dentro del marco que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla.
 
La orden
El 2 de abril la CAIP solicitó a la ST, a cargo de Bernardo Huerta Couttolenc, los permisos de construcción del teleférico, los que —según la dependencia— sí existen, aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo haya negado.

Según la respuesta a la solicitud de información 00054713, por medio del sistema Infomex, la Unidad de Acceso a la Información de la ST reveló que se había reservado la información por el juicio de amparo que tiene en su contra.

En el mismo, se pidió proporcionar los permisos o licencias antes instancias federales y municipales para la construcción del teleférico.

“Al respecto, se hace de su conocimiento que esta información se encuentra restringida bajo la naturaleza de Información Reservada en el Acuerdo de fecha 02 de Enero del año en curso.

”Suscrito por el Titular de esta Secretaría por el que se reserva la información relativa a los expedientes judiciales y de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, toda vez que el presente asunto se encuentra relacionado con el Juicio de Amparo 1962/2012 del Juzgado Cuarto de Distrito

”Promovido por las CC. Monserrat Gali Boadella en su carácter de Directora Única y representante legal de la Asociación Civil denominada ‘Fundación Manuel Toussaint’ y Rosalva Loreto Pérez, en su carácter de Presidenta y representante Legal para pleitos y cobranzas de la Asociación Civil denominada ‘Comité Defensor del Patrimonio Histórico Cultural y Ambiental de Puebla’.”

Luego de interponerse el recurso de revisión, el 2 de abril informó la CAIP al solicitante que ordenó a la ST que le entregue los permisos solicitados, para analizarlos bajo el expediente 49/ST-05/2013, con la promesa de mantenerlos en secreto por ley.

Aclara la CAIP que la solicitud es con la finalidad de determinar la debida clasificación de la información solicitada por el recurrente o, en su caso, la procedencia de otorgar su acceso.

“En el entendido de que dicha información no correrá agregada las constancias, sino que será resguardada en el secreto de esta Comisión.”

Sin embargo, hasta este 16 de abril los documentos no han sido entregados, por lo que CAIP lanzó una nueva orden y exhortó a entregarlos, como informó al mismo solicitante.

Se informó que se recibió el oficio UAAI.ST.089/2012 con fecha 10 de abril en la comisión, sin dar detalles del mismo.

“Se requiere nuevamente al Titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en el término de tres días remita en copia certificada de:

”A) Los permisos o licencias ante Instancias federales y municipales para la construcción del teleférico. B) El acuerdo de dos de enero de del año en curso por el que ordenó reservar la información.

Y aclara nuevamente que en el entendido de que la información del inciso A) no correrá agregada las constancias, sino que será resguardada en el secreto por la Comisión.”

Cabe destacar que la ley de transparencia de Puebla, en su artículo 87, faculta al organismo garante de la transparencia a solicitar documentos bajo reserva, para que se analice si se ha reservado su información de manera legal.

“En el caso del recurso de revisión los comisionados podrán tener acceso a la información para determinar su debida clasificación o la procedencia de otorgar su acceso. Dicha información conservará ese carácter y no formará parte del expediente”, señala la ley.
 
Los recursos
En entrevista, el comisionado de CAIP, Federico González Magaña, informó que existen recursos de revisión contra la clasificación de información del teleférico y mega rueda de la fortuna o rueda observatorio.

Sin embargo, dejó entrever que si estuvieran en sus manos los recursos podrían ser rechazados.

—(…) se reserva información de los casos más controvertidos como el teleférico, la rueda de la fortuna, entre otros.

—No me quisiera pronunciar sobre el fondo de estos asuntos porque están vivos, tenemos solicitudes y recursos de revisión que están dentro de esta comisión y preferiría no pronunciarme en el fondo.

”Lo que sí quiero decir es que la reserva está contemplada en la ley y que los procesos deliberativos se lleven a cabo sin comprometer el resultado y como una persona que estuvo al frente de una dependencia y fue sujeto obligado, debo decirte que es indispensable.

”Es decir, si nosotros en Profepa (donde fungió como delegado), que es el caso que conozco, estábamos a mitad de un procedimiento en el que pretendíamos sancionar a un infractor, no podíamos dar los datos de esa sanción en particular, pero una vez que causaba estado la entregábamos.

”A mí me parece que aquí pasa lo mismo, mientras que un proceso esté en proyecto, no puede entregar la información, pero una vez que causa estado la información debe ser pública.

”Esto es lo que a mí me parece que sucede con el gobierno del estado, probablemente haya muchas cosas en proceso y probablemente haya muchas solicitudes sobre asuntos en proceso, no lo sé de cierto, pero tendríamos que revisar caso por caso.

”Pero estos dos que acabas de mencionar preferiría no pronunciarme porque hay recursos de revisión sobre esos temas.”

—En esos casos, ¿cuántos recursos de revisión hay?

—Del teleférico tres y uno de la rueda de la fortuna.

¿Y dónde quedaron los permisos?
El amparo 1962/2012, ganado por Montserrat Gali Boadella y Rosalva Loreto, señala y presuntamente comprueba que no existen permisos para el teleférico.

Rosalva Loreto, integrante del Comité Defensor del patrimonio histórico de Puebla, detalló que mediante la solicitud de acceso a la información 1115100043012, presentada el 15 de noviembre de 2012, comprobaron que no existen permisos del INAH para la demolición de la casona.

Por su parte, Montserrat Gali Boadella, especialista de la Universidad de Barcelona, afirmó que la “ignorancia” de los funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle está destruyendo el patrimonio histórico de la ciudad de Puebla.

Indicó que la única forma de detener “la destrucción” es por medio de la organización ciudadana a través de protestas y de denuncias tanto en el propio INAH, como en otras instancias federales, para impedir que “Moreno Valle haga lo que quiera”, aseveró.
En contraste, el titular de la ST, Huerta Couttolenc, frente a diputados locales durante su comparecencia, aseguró que sí había permisos para la construcción del teleférico en zonas históricas, pero hasta el momento no han sido presentados.

El 8 de febrero pasado, aseguró que el gobierno del estado contaba con licencias por parte del INAH para la intervención de “La Casa del Torno” como parte de la construcción del teleférico.

Durante su comparecencia, justificó la falta de documentos para el proyecto al indicar que a raíz del cambio de la administración federal, la nueva dirección del organismo, encabezada por Sergio Raúl Arroyo García, pidió más documentación para avalar las obras.

Añadió que está en proceso de recopilar información adicional, la cual se presentará ante el Comité de Monumentos federal.

Inclusive, dijo que la dependencia no ha hecho públicos los permisos entregados por la administración federal anterior "porque nadie los ha pedido", a pesar de existir ya solicitudes de acceso a la información.

Megarrueda opaca
En otro caso de opacidad, a finales de marzo, Intolerancia Diario reveló que la Secretaría del Transporte (ST) puso “bajo llave”, o clasificó como reservada, toda la información que exista del proyecto de la instalación de la rueda de la fortuna, al asegurar que se pone en peligro la inversión.

Al igual que la misma dependencia —a cargo de Bernardo Huerta Couttolenc—, que puso como reservada la información del teleférico, también lo hizo en dicho proyecto, ambos los más polémicos del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

La ST respondió a la solicitud de acceso a la información 00081113, que no podría entregar los datos, ya que su titular blindó la información.

La respuesta fue firmada por María Alejandra Martínez Rubí, titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la ST, que negó los datos solicitados a un ciudadano.

 “(…) se hace de su conocimiento que esta información se encuentra restringida bajo la naturaleza de información reservada en el acuerdo de fecha 04 de Enero del año en curso, suscrito por el Titular de esta Secretaría, por el que se reserva la información del Proyecto de la Rueda de Observación de la Ciudad de Secretaría de Transportes.

”(…) toda vez que su divulgación puede causar daño o perjuicio al interés del Estado y poner en riesgo su realización, o lesionar los intereses públicos o colectivos”, afirman las autoridades en el documento.

Ahora la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) tendrá que estudiar los casos para determinar si es ilegal la clasificación de reserva de la información, sobre todo por el manejo de recursos públicos.