Menos de 5 por ciento de los 650 trabajadores despedidos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas recibieron indemnización; unos cuantos están en litigio, pero la gran mayoría se quedó con las manos vacías.

En los últimos dos años y medio el gobierno de Puebla ha dejado en el desamparo a cerca de seis mil burócratas en todas las dependencias sin que se les ofrecieran argumentos o una explicación para las bajas, mucho menos dinero de indemnización.

En respuestas a solicitudes de información por la ley de transparencia, la Consejería Jurídica del gobierno morenovallista reconoció que sólo ha litigado dos juicios por despido injustificado.

En otra respuesta, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) reveló que sólo finiquitaron a 27 personas, 17 de ellos de base, de las 650 que han corrido en esta dependencia.

Mientras en el Tribunal de Arbitraje del Estado se mantienen llenos los archiveros de casos de demandas contra el gobierno estatal.

Finiquitos de Finanzas
La Secretaría de Finanzas y Administración despidió a 635 personas desde febrero de 2011 hasta agosto de 2012, pero sólo ha finiquitado o les ha dado una remuneración por la baja a 27 personas.

Para finiquitar a estas personas ha derogado más de un millón 250 mil pesos, según revela la respuesta a la solicitud de acceso a la información 00137413, donde se pidieron informes y desgloses mensuales, y por dependencia, de los pagos de finiquitos y cargos que ocupaban las personas.

Para responder, la dependencia colocó todas las trabas posibles, como poner a disposición a consulta directa o in situ la información, por lo cual se tenía que recoger personalmente en sus oficinas, luego de responder tras una prórroga de 10 días.

Por lo tanto, la información sólo sería consultada en sus oficinas, sin posibilidad de entregar los documentos, fotocopiarlos ni sacarles cualquier tipo de copia, sólo tomar datos.

A pesar de que la respuesta está fechada el 24 de mayo, fue entregada hasta el pasado viernes 31 de mayo (una semana después) a las 19 horas, aprovechando hasta el último minuto que tenían para entregar legalmente la información.

En la respuesta se aclara que se entiende como finiquito el convenio celebrado entre el trabajador y el patrón, ratificado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero en el caso de los servidores públicos del gobierno del estado, el órgano competente es el Tribunal de Arbitraje del estado de Puebla.

Señala que el finiquito consiste en terminar por mutuo consentimiento la relación de trabajo. “En dicho documento se contiene la relación circunstanciada de los hechos que lo motivaron así como de los derechos comprendidos en él”.

Posteriormente, detalla en total desorden cada uno de los finiquitos entregados en 2011 y en 2012, con montos que van desde los 25 mil pesos hasta los 69 mil pesos para dos jefes de oficina recaudaras y el resto para personal oficial A y R, los que suman más de un millón 200 mil pesos.

Posteriormente, sugiere que por cuanto hace a las demás dependencias de la administración pública estatal, hacer la petición a cada una de ellas, toda vez que es facultad de estas representarles legalmente en lo relativo a las relaciones laborales.

Juicios
En otro caso, la Consejería Jurídica del gobierno de Puebla respondió a la solicitud 00154613, que sólo se están litigando dos casos de los más de seis mil despedidos en la actual administración.

Este medio solicitó informar de cuántos casos se están y estuvieron litigando por demandas por despido injustificado contra el gobierno del estado desde febrero de 2011 a la fecha, desglosar cuántos ha ganado y perdido, así como por mes y las cifras.

“Le informo (…) en el archivo de esta Dependencia se tiene registro de dos juicios (…) le informo que a la fecha, de los asuntos reportados en el párrafo anterior, ninguno ha concluido, por lo tanto no existe el dato solicitado.

”Respecto al desglose por mes de las cifras de cuantos se han ganado y cuantos se han perdido, dados los términos de la respuesta a los dos puntos anteriores, le informo que no existen cifras que reportar”, respondió el 24 de mayo la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la Consejería Jurídica.
 
Tribunal de Arbitraje
Sin embargo, en agosto de 2012 Intolerancia Diario reveló que existía un bloqueo a por lo menos 300 demandas laborales en contra del gobierno, expedientes que se encuentran totalmente detenidos, sin el menor movimiento legal.

Incluso el Tribunal de Arbitraje del Estado “guardó silencio” ante las acusaciones de abogados litigantes de mantener en la “congeladora” más de 300 procesos en contra del gobierno estatal, por despido injustificado.

El magistrado del Tribunal, Rodolfo Ramos García, ha sido acusado de detener los procesos jurídicos contra el gobierno estatal, al grado que ha sido llamado a comparecer ante la Procuraduría General de la República (PGR) por no realizar su trabajo.

Incluso, litigantes acusaron diversas irregularidades en el Tribunal señalado, como la falta de nombramientos en las áreas y personal que firma documentos usurpando funciones de facto.

El bloqueo es tan grave que a más de dos años de que iniciaron los despidos, los demandantes ni siquiera han sido llamados a comparecer, por lo que los procesos no avanzan y simplemente se archivan las demandas.

Debido a estos retrasos, el magistrado ha tenido que comparecer ante la PGR por distintos casos, luego de que los acusadores se han amparado ante instancias federales por el claro bloqueo a sus demandas.

Por ejemplo, Rodolfo Ramos tiene un proceso en su contra por inejecución de sentencia en el expediente 186/2011, de Gregorio Paisano Jesús, bajo el amparo 671/2011 del expediente laboral 186.

En otro ejemplo, hasta en cuatro ocasiones ha sido requerido por el expediente 12/2012, de Antonio de la Vega Zafra, extrabajador de la Secretaría de Finanzas, para que cumpla su deber bajo el amparo 485/2012 del Juzgado Segundo de Distrito.

Pero al hacer caso omiso al llamado de la autoridad federal, el magistrado ha sido multado en dos ocasiones con sanciones entre 20 y 40 días de salario mínimo en este caso de presunto despido injustificado.

En este caso también fue denunciado ante la Secretaría de la Contraloría, apenas el pasado 9 de agosto, por lo que se debieron iniciar investigaciones, según el oficio SC-DSQD-961/2012 en poder de este medio.

En entrevista, según los litigantes inconformes, se mantienen sin ejecución de sentencia alrededor de 50 procedimientos, por lo que los afectados se han amparado ante instancias federales ante la nulidad de impartición de justicia.

Se calcula que entre todas las multas por desatacar órdenes federales, el magistrado ha tenido deudas por sanciones hasta por alrededor de 60 mil pesos y las mismas continúan, con tal de que sigan parados los procesos.

Debido a todas las irregularidades 50 abogados firmaron un desplegado en El Sol de Puebla denunciando la forma de trabajar del magistrado, exigiendo su destitución inmediata.

Lo acusaron por su mala actuación en la impartición y la administración de justicia en Puebla, señaló Francisco Martínez Alpízar, responsable del desplegado distribuido entre los empleados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El documento está dirigido al gobernador Rafael Moreno Valle y al secretario de Gobierno (en ese entonces), Fernando Manzanilla Prieto, donde los ciudadanos denuncian el desempeño del funcionario.

“Por su mal actuar en la impartición de la justicia laboral a favor de los ciudadanos de Puebla”. Y resaltan el adeudo de más de 40 mil pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta el mes de junio por multas y recargos.

Las sanciones, dice el documento, fueron generadas por negligencia del propio funcionario porque no cumplió con algunos requerimientos realizados por varios jueces de distrito en la entidad poblana, quienes le solicitaron informes justificados o cumplir con algunas ejecutorías.

“Siempre se niega a recibir a los representantes del SAT cuando acuden a sus oficinas de Reforma 710 a requerirle el pago.”

Resaltan los asuntos que tienen en proceso “varados” en su curso legal por la omisión, el desconocimiento, la pereza, la arbitrariedad, la inasistencia, la negligencia dolosa y la negación consuetudinaria de Ramos García, quien se niega a recibir a las partes en los procedimientos para exponer sus inconformidades.

Se asegura que el presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado siempre se mantiene a puertas cerradas, pero además cuenta con dos secretarias particulares a su servicio que atienden a los litigantes.

“(…) también lo justifican y dicen que el magistrado está muy ocupado y por eso no recibirá a nadie”.

Se indica que entre las decisiones arbitrarias que tomó el abogado destaca el traslado de las instalaciones del tribunal burocrático a las instalaciones de avenida Reforma 70, altos, sin que exista un estudio de factibilidad para albergar ese tribunal.

“(…) el cual carece de estacionamiento, es disfuncional y peligroso para quienes acudimos a realizar algún trámite.”

Los abogados solicitaron la intervención de las autoridades estatales para dar respuesta positiva a esa denuncia pública, “queremos su destitución inmediata para evitar que siga causando más perjuicio en detrimento de la impartición de la pronta y expedita justicia”.

Algunos casos
La mayor queja de los despedidos es que ahora no pueden conseguir trabajo en ningún lado, ya que han sido estigmatizados por malos elementos o por la edad es muy complicado encontrar un nuevo empleo.

Mary Cruz Ramírez, exempleada del Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla (IAPEP), dependencia recién desaparecida, señaló que es muy complicado encontrar ahora trabajo.

“Tenemos entendido que se han parado todos los casos ante la JLCA, no nos han hecho caso y después ya demandábamos, pero hasta ahorita no nos han resuelto nada, solamente nos dicen que les llamemos y nada.”

Indicó que existen por lo menos 25 demandas laborales ante la referida dependencia, pero ningún procedimiento ha avanzado.

“La mayoría teníamos más de 24 años trabajando, gente mayor de 50 años, iban hacer algo los pensionados y se les quitó el servicio de ISSSTEP; nos lo quitaron a todos, no les dieron pensión a muchos”, señaló que incluso se registró la muerte de uno de los exempleados, quien padecía cáncer, pero al no tener servicio médico no pudo aplicarse las quimioterapias.

“Yo tenía 24 años trabajando en el IAPEP, en los Montes de Piedad, pero injustificadamente un día el gobernador dijo ‘adiós’, aunque nos dijeron que nos iban a reubicar.

”En ese entonces el secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, dijo que nos iban a reubicar, que no nos preocupáramos, pero no fue cierto; igual Héctor Posadas, nuestro secretario de burócratas, nos dijo que no habría problemas, que firmáramos, pero nos engañó, nos dejaron fuera.”

—¿Usted de que está viviendo?

—Pues de nada, lavando ajeno, de lo que sea, vendiendo tortas.

”No nos dan trabajo, llegamos y al saber que somos de gobiernos nos califican como rateros, nos catalogan como flojos, cuando no es cierto; al menos en mi caso no es cierto.

”Luego, somos personas de más de 40 años que es muy difícil encontrar trabajo, buscan como máximo de 35 años, yo ya tengo 43 años y ya no encontramos trabajo, la mayoría de los despedidos fuimos de más de 43 años, algunos están más de 60 y cerca de 70 años, muchos acerca de jubilarse.”

Doña Guadalupe trabajó cerca de tres décadas como cajera de uno de los Montes de Piedad pertenecientes al ahora extinto Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla, por lo que supuestamente estaba protegida por el sindicato.

Acusa directamente al secretario general del sindicato, Héctor Posadas Manzano, de haber engañado a 14 personas de la tercera edad asegurándoles que si firmaban su renuncia, les iban a respetar la pensión y prestaciones médicas.

“No es justo, ya somos grandes, nos dijeron que nos iban a pensionar, pero fue falso; Héctor Posadas a mi me dijo directamente que me convenía agarrar el dinero del finiquito porque estaban en proceso nuestras jubilaciones.

”Somos personas humildes, entre las 14 despedidas hay gente que trabajó hasta 30 años en intendencia, gente que ganaba 4 mil pesos, que ahora no tiene nada; no es justo que Posadas Manzano nos haya entregado como Judas a Moreno Valle.”

En entrevista en un café del centro de la ciudad, dijo que irónicamente regresó al Monte de Piedad donde trabajó tantos años, pero ahora a empeñar unas joyas por las que le dieron 300 pesos, ya que no tenía ni para comer.

“Mire mi boleta, esto me va a durar unos pocos días, ya no tengo ni para comer, ahora también necesito para comprar periódicos y buscar trabajo y para mis combis, por eso empeñe mis joyitas.”

Los finiquitos
Septiembre 2011: $48,000 Jefe de oficina recaudadora
Octubre 2011: $25,000 Jefe de oficina recaudadora
Enero 2012: $25,000 Analista
Enero 2011: $25,000 Analista
Enero 2012: $25,000 Analista
Enero 2012: $25,000 Analista
Enero 2012: $25,000 Analista
Enero 2012: $25,000 Analista
Junio 2012: $25,000 Analista
Julio 2012: $25,000 Analista
Octubre 2012: $49,596.75 Oficial A
Noviembre 2012: $60,420.32 Oficial R
Diciembre 2012: $54,480.68 Oficial A
Octubre 2012: $62,064.65 Oficial R
Noviembre 2012: $84,574.9 Oficial 
Noviembre 2012: $55,084 Oficial
Noviembre 2012: $44,944.38 Oficial A
Noviembre 2012: $60,420.42 Oficial R
Octubre 2012: $44,944 Oficial A
Noviembre 2012: $51,451.08 Oficial A
Octubre 2012: $46,453.65 Oficial A
Octubre 2012: $47,962.92 Oficial A
Noviembre 2012: $46782.78 Oficial A
Noviembre 2012: $69,519.64 Oficial R
Noviembre 2012: $60,420.42 Oficial R
Noviembre 2012: $61,692 Oficial R
Noviembre 2012: $71,339.48 Oficial R