Luego de las amenazas de cañeros de las zonas de Atencingo y Calipan, la Secretaría General de Gobierno lanzó la advertencia de que no tolerará actos ilegales, por lo que se respetarán sus expresiones siempre y cuando estén con estricto apego a derecho. 
La tarde de este lunes la dependencia emitió un comunicado donde el titular de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Luis Arturo Cornejo Alatorre, fijó su postura respecto al tema de los cañeros.

En la víspera, cañeros adheridos a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de Propietarios Rurales (CNPR) advirtieron que cerrarían carreteras y hasta tomarían la rueda de observación en caso de que no se les apoye mediante un subsidio ante la crisis del azúcar.

En respuesta, el funcionario anunció que “el Gobierno del Estado será respetuoso de las expresiones y manifestaciones públicas que realicen”, ya que siempre se les ha tratado con respeto y escuchado sus demandas.

“Siempre y cuando sus expresiones se encuentren dentro del marco de la ley, con estricto apego a derecho”, advirtió. Cornejo Alatorre remarcó, refiriéndose a las manifestaciones anunciadas por los líderes cañeros de Atencingo y Calipan, que se encuentran en todo su derecho mientras “no se violenten las garantías individuales de terceros; tal y como lo prevé las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo sexto”. 

Finalmente, reiteró que el diálogo y los acuerdos son la mejor herramienta para conservar la armonía de la sociedad y en esa medida la SGG se reitera como un ente mediador ante la instancia que corresponda.

La postura
Las organizaciones de la Confederación Nacional Campesina y de Propietarios Rurales, que representan a más de 9 mil cañeros poblanos, advirtieron que intensificarán sus protestas para conseguir un subsidio legítimo y realista de 135 pesos por tonelada de caña.

Señalaron que este apoyo les permitirá sobrevivir en la actual zafra 2012-2013, en la que se han perdido 600 millones de pesos que no llegarán a los más de 20 mil hogares que dependen de esta industria.

El dirigente cañero de la CNC, Gabriel Conrado González Cortés y Miguel Ángel Sosa Guzmán, de la CNPR, advirtieron de no conseguir una respuesta positiva este martes, al siguiente día —el miércoles— cerrarán carreteras.

Y también advirtieron que se valora, a propuesta de los mismos productores en asamblea, la toma de la Estrella de Puebla, en la que el gobernador gastó más de 400 millones de pesos de los contribuyentes.

Por su parte, Maritza Marín Marcelo, presidenta de la CNC en Puebla, alertó que, sin el respaldo a los 80 mil poblanos que dependen de la industria cañera, este mismo número se traducirá en nuevos pobres. Indicó que los cañeros se sumarán a los más de 261 mil que en la entidad se generaron entre 2010 y 2012, y que colocan a Puebla como la tercera entidad con más habitantes en carestía de todo el país, de acuerdo con el Coneval.

Los dirigentes campesinos lamentaron que, a pesar de que los cañeros poblanos son considerados los productores más eficientes de cualquier rama, el gobierno estatal les niegue el apoyo. Aseguraron que no sólo está en riesgo la producción de la llamada vara dulce, sino toda la industria y economía de la Mixteca poblana.

En este contexto, Gabriel Conrado González Cortés y Miguel Ángel Sosa Guzmán describieron que no han encontrado voluntad en los funcionarios estatales, en las mesas de negociación; al contrario, ha habido amenazas veladas de que podrían ir a parar a la cárcel, si continúan con sus demandas de apoyo.

Ante este panorama, dijeron que no esperarán más tácticas dilatorias, como las que han utilizado funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial (SDROT) del gobierno de Moreno Valle y en esta misma semana si no hay una respuesta positiva, cerrarán indefinidamente el crucero conocido como Cuatro Caminos, a las afueras de Izúcar de Matamoros, que conecta esa zona del estado con Morelos, Guerrero y Oaxaca.

La urgencia 
Los representantes de los productores reprocharon que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas realice gastos superfluos, pero sea incapaz de apoyar con alrededor de 246 millones de pesos, 135 pesos por hectárea, a los cañeros y su familias.

Los dirigentes cañeros describieron que el gobierno estatal ha intentado deslindarse del conflicto bajo el argumento de que se trata de un conflicto federal, con el que trata de evadir su responsabilidad en la aplicación de recursos que le corresponden y que incluso define de los programas y las bolsas federales para su ejecución.

Reconocieron que se trata de un problema nacional generado por la apertura de las fronteras a la importación de azúcar y otros endulzantes —cuando México genera incluso excedentes— en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, pero también reconocieron que la competencia de solución recae en las autoridades del estado, encabezadas por Rafael Moreno Valle Rosas.

Informaron que las dirigencias nacionales de sus organizaciones negocian a nivel federal, con las secretarías correspondientes, la solución de fondo al precio del azúcar que de la zafa anterior a la actual cayó de los 805 pesos por tonelada a 509.83, es decir, casi 300 pesos menos, lo que ha generado un boquete en la economía de la región, que dependen de la producción cañera, de entre 500 y 600 millones de pesos.