Bajo la averiguación previa 2351/2013, por allanamiento de morada y robo, fueron denunciados elementos de la Policía Ministerial del tercer turno de Tepeaca, luego de que el pasado 21 de agosto realizaron un cateo en unos departamentos en el centro de la ciudad, donde las familias afectadas son ajenas a las investigaciones y a la decisión errónea de uno de los juzgados, que ordenó el cateo.

Las familias afectadas, cuyos departamentos se ubican en la avenida Hidalgo, en el centro de la ciudad de Tepeaca, procedieron a denunciar a los policías ministeriales, a quienes responsabilizan del robo y allanamiento de morada ya que, además, se presume que éstos esperaron a que los inquilinos salieran de su domicilio para ejecutar el cateo, pues tampoco recibieron notificación alguna por la autoridad ministerial.

Según la averiguación previa, entre las pertenencias sustraídas por parte de los ministeriales de Tepeaca se encuentran documentos personales, dos computadoras portátiles y joyas, entre otros objetos de valor; además de dinero en efectivo que suma más de 30 mil pesos, sin contar el avalúo de las demás prendas que sustrajeron.

Las cuatro familias afectadas manifestaron haberse enterado por la propia gente que caminaba por las calles en el momento que arribaron los elementos del Ministerio Público y procedieron a romper las puertas para ingresar de manera violenta al edificio, en donde —extraoficialmente se argumentó— buscaban a una persona de nombre Felipe Zárate. 

No obstante, pese a que los vecinos (de casas aledañas a los departamentos) sostuvieron desconocer al sujeto, los ministeriales irrumpieron en los hogares robándose los objetos de valor antes mencionados. 

Cabe mencionar que, conforme a su declaración, este vecino fue obligado por la autoridad ministerial a ser “testigo” de la diligencia del cateo, y además los ministeriales le impusieron —en contra de su voluntad—firmar hojas en blanco; ante esta situación, éste teme que le puedan responsabilizar de cosas, actos o dichos que no sucedieron.

Por tal motivo, las familias afectadas, al enterarse de lo sucedido, se organizaron y de inmediato acudieron ante el Ministerio Público a denunciar los hechos contra los ministeriales del tercer turno, y exigieron a las autoridades correspondientes que les devuelvan sus pertenencias y el dinero que les robaron.

MP reconoce el cateo, aunque prevalece hermetismo

Por otro lado, el Ministerio Público, a través del director de Agencias del MP de la región Sur-Poniente, José Delfino Cortés Rodríguez, se negó a dar una declaración formal de los actos que cometieron los ministeriales en turno; sin embargo, admitió y confirmó que sí se llevó a cabo una orden de cateo en dicho domicilio, tras la orden de un juez, aunque tampoco quiso precisar quién.

“No se encontró la información que se buscaba”, le insistió Cortés Rodríguez a un medio de comunicación estatal, quien además arguyó que, si había alguna inconformidad, las familias afectadas estaban en su derecho de hacer las denuncias que considerasen “convenientes” a su favor.

Ante este panorama, al que las familias calificaron como un acto de ineptitud, los afectados exigen a las autoridades que les devuelvan los documentos personales, las pertenencias de valor y el dinero en efectivo.

Finalmente, hacen un severo llamado a la Procuraduría General de Justicia y a las autoridades del Ministerio Público para que investiguen bien y no afecten —sin justificante alguno o sin haber expedido las notificaciones o investigaciones correspondientes— a terceros.