Tras el cateo realizado por ministeriales el pasado 21 de agosto a departamentos de un domicilio particular en Tepeaca, en donde se les acusa del robo de más de 30 mil pesos en efectivo, computadoras portátiles, documentos personales y joyas, las cuatro familias afectadas exigen se les haga justicia devolviendo sus pertenencias, que paguen los daños que los elementos del MP ocasionaron durante la acción penal, que sean castigados y no sean solapados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Las familias que fueron víctimas de una errónea investigación, como lo califican, reprobaron que el MP de Tepeaca no haya ejecutado las acciones pertinentes conforme lo marca la ley, pues nunca recibieron notificación alguna acerca del cateo que se llevaría a cabo, además que, pese a que no encontraron a la persona que “buscaban”, se aprovecharon de que no se encontraba ningún inquilino para hurtar dinero en efectivo y otras pertenencias personales.

Cada uno de los afectados lamentó que este tipo de acciones sólo demuestra y ponen a la luz pública el grado de corrupción que impera al interior de las corporaciones policiacas en el estado, pues en el caso de los ministeriales y el encargado de realizar el cateo, “no debieron entrar a todos los departamentos, y que si no encontraron información que buscaban, por qué no realizaron una investigación eficiente y concreta”.

Asimismo, precisaron que si el propio director de Agencias del MP de la región Sur-Poniente, José Delfino Cortés Rodríguez, reconoció que “no se encontró la información que se buscaba”, entonces es justo que se regresen las cosas que se llevaron y que aplique la sanción correspondiente a los ministeriales conforme a la ley y sin distingo.

“En el acto que cometieron, en donde se robaron parte de nuestros ahorros, documentos personales y joyas, es igual como la de un delincuente, por lo que exigimos que no se les proteja por ser servidores públicos”, aseveró uno de los inquilinos de los departamentos ubicados en la avenida Hidalgo, en el centro de la ciudad de Tepeaca, quien solicitó el anonimato por temor a represalias.

No al encubrimiento 

A su vez, expusieron, conforme a la denuncia que interpusieron ante el MP de Tepeaca con número de averiguación previa 2351/2013, la pésima investigación que realizaron los agentes ministeriales durante el cateo, además de que obligaron a los vecinos a hacer de testigos de dicho cateo para que participaran en esta acción.

Cabe recordar que, después de este suceso, el director de Agencias del MP de la región Sur-Poniente se negó a dar una declaración formal de los actos que cometieron los ministeriales del tercer turno; sin embargo, admitió y confirmó que sí se llevó a cabo una orden de cateo en dicho domicilio.

“No se encontró la información que se buscaba”, declaró Cortés Rodríguez a un medio de comunicación estatal, quien además refirió que, si había alguna inconformidad, las familias afectadas estaban en su derecho de hacer las denuncias que considerara “convenientes” a su favor.

Por último, las familias afectadas exigen a la PGJ que no se cubra a los ministeriales involucrados en este acto sólo por ser servidores públicos y por no “aceptar” que dentro de la corporación impera la corrupción.