Los estatutos de la izquierda lo señalan pero ya lo olvidaron. En la actual Legislatura ni por equivocación los diputados se pronunciaron a favor de la interrupción legal del embarazo, polémico tema.

Los diputados de la izquierda en el Congreso olvidaron temas de su agenda legislativa en derechos sexuales y reproductivos.

Algo que no ha cambiado, a pesar de la alternacia de partidos en el poder, es la polémica “ley Bailleres” —impulsada por los diputados del PRI y del PAN —, reforma constitucional de inspiración religiosa atendiendo a recomendaciones del Vaticano.

La receta parece repetirse para la siguiente Legislatura. Ni por asomo los diputados de la futura Legislatura, de la izquierda, se han apostado por una agenda en ese sentido.

La antropóloga Catalina Pérez Osorio pone el dedo en la llaga: “A pesar de que los diputados son electos por la población, ninguno de ellos, es decir, de todos los partidos políticos, están interesados en las necesidades de la población. Una mirada a las estadísticas te muestra que la población joven sigue sin la información de manera pertinente sobre su sexualidad”.

En las pasadas campañas electorales el tema de los derechos sexuales y reproductivos estuvo prácticamente ausente. En los mítines de los candidatos a diputados de la izquierda se dedicaron a regalar bolsas, pepsilindros y hasta planchas.

Igual prometieron grandes puentes que pavimentación y hasta empleo bien pagado. Pero en las actividades de otros partidos políticos desdeñaron cualquier propuesta sobre los temas de salud pública.

A pesar de que en Puebla inició bajo el auspicio del gobernador priista Mario Marín y de los diputados del PRI y del PAN, María Catalina Pérez Osorio, activista en temas de género, señaló como lamentable que los diputados olviden esta agenda social: “Y es lamentable que los ‘representantes del pueblo’ no consideren estos temas. Son diputados sumisos a los intereses del gobernador, que sólo le importa hacer obras de oropel, poco funcionales y con un gasto excesivo”.

Además, desde el inicio del actual gobierno, una de las propuestas de los grupos feministas y activistas de derechos sexuales y reproductivos es cómo realizar los cambios a la “ley Bailleres”, que penalizan a las mujeres que interrumpen su embarazo.

En ese mismo sentido, organizaciones como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos AC señalaba el pasado 8 de marzo de 2012, durante la celebración del Día Internacional de la Mujer: “En el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dada la situación de desigualdad y profunda vulnerabilidad que se presenta en nuestro país y en nuestro estado, desde el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC exigimos legislaciones y políticas públicas a la altura de las circunstancias, pues la reforma al artículo 26 de la Constitución del estado ha vulnerado los derechos reproductivos de las mujeres, generando un ambiente hostil y de persecución a aquellas que deciden interrumpir su embarazo, aunque esta decisión se dé dentro de las causales aún vigentes en el Código de Defensa Social; para que esto no ocurra debe haber un marco jurídico a la altura de las circunstancias, la integración de una agenda de Educación Integral en la Sexualidad desde una perspectiva de Derechos Humanos y servicios de salud de calidad, accesibles, con abasto oportuno y trato cálido sobre todo a las jóvenes y adolescentes que requieran metodología anticonceptiva. Además del fortalecimiento de las instituciones públicas encargadas de atender a las mujeres y dar acceso a la justicia de las mismas.

”Nos preguntamos cómo cambiar la cárcel por terapia, resolverá el profundo problema de salud publica en el tema de la interrupción del embarazo”, planteaba la organización Red de los Derechos Sexuales y Reproductivo (Ddeser), a través de su representante, Natali Hernández Arias, señalaba, a una propuesta del ejecutivo: “Nos preguntamos cómo cambiar la cárcel por terapia resolverá el profundo problema de salud publica en el tema de la interrupción del embarazo”.

A esto hay que sumarle que en la Legislatura marinista se aprobó la Ley de la Familia, que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Para la izquierda del PRD, el tema es un tema vedado. Y aunque el tema pertenece a los estatutos de los partidos de izquierda, sus diputados se ruborizan y ni siquiera lo abordan.

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En los documentos básicos del PRD se plantea con claridad la postura de este instituto político con respecto a la ILE: “La laicidad es un instrumento importante para la defensa de los derechos de las mujeres cuando se les limita o subordina por razones religiosas. De aquí se desprende la libertad de decisión sobre el propio cuerpo y el derecho a decidir en todas las esferas de la vida privada. El dominio corporal es un principio de libertad sin el cual son imposibles el ejercicio de la ciudadanía y la democracia”.

Paradójicamente, mientras en la capital del país los asambleístas del PRD han impulsado una agenda de derechos sexuales y reproductivos, en el estado de Puebla sus diputados han eludido el tema.
En los documentos básicos del PRD se aborda con claridad la línea política respectiva: “Las mujeres han desarrollado una lucha permanente por alcanzar el pleno respeto a su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, logrando importantes avances en las legislaciones locales para permitir la interrupción del embarazo por causa de violación, por peligro de vida de la madre, por causas de malformación del producto y en algunos ordenamientos jurídicos por pobreza (en el DF la interrupción del embarazo no es objeto de penalización hasta las 12 semanas de gestación)”.

Los documentos del PRD subrayan cómo desde la derecha se emprendieron reformas o contrarreformas para frenar distintos derechos obtenidos por los colectivos de derechos sexuales y reproductivos a favor de las mujeres.

”Como reacción a lo anterior, recientemente la derecha ha llevado a cabo contrarreformas a las Constituciones Locales de más de la mitad de los estados del país, lo que implica un retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres a la vida y seguridad; al goce pleno de su sexualidad; a definir en libertad y autonomía su reproducción; a la igualdad y a no ser discriminadas; a gozar de todos los derechos reconocidos a todas las personas; al libre desarrollo de su personalidad y al respeto de su dignidad humana. Así, lo logrado por las mujeres hoy está sufriendo un grave retroceso, al otorgarle al producto de la concepción, la condición de persona, confundiendo jurídicamente las distintas etapas biológicas del proceso de gestación.

En el programa de acción del PRD aprobado en el XII Congreso Nacional del PRD se establece la línea de acción de esta fuerza política ante las iniciativas como la ley Bailleres:

”Ante esto, el PRD impulsará: a) Detener el proceso de criminalización de las mujeres que han sido encarceladas por interrumpir un embarazo; b) Reprobar y, por lo tanto, no avalar las contrarreformas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y promover una campaña que alimente el debate público; c) Iniciar acciones de inconstitucionalidad contra las reformas que penalicen la interrupción del embarazo; d) Impulsar legislaciones que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en las entidades federativas, homologando las normas con las del Distrito Federal; y e) A nivel federal, trabajar las controversias constitucionales necesarias para evitar el retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.”