Ante las crecientes discusiones que prevalecen en la actualidad sobre la legalización del aborto, la magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, se mostró convencida de la despenalización del aborto, pero hasta las primeras 12 semanas del embarazo; no obstante, afirmó que está convencida que hay que analizar las circunstancias históricas y sociales de cada entidad federativa para, de manera posterior, dar pasos hacia esas reformas.
La integrante de la SCJN se negó a ofrecer entrevista previa y posteriormente a su ponencia en la Escuela Libre de Derecho (ELD) de Puebla —donde habló de la libertad de expresión— dijo que en ocasiones es interpretada de diferentes maneras por los medios de comunicación y por los integrantes de la sociedad en general, pero aclaró que desde la Corte avalan la total libertad de expresión en la sociedad actual.
Uno de los estudiantes de la ELD cuestionó las percepciones salariales de los integrantes de la Corte al asegurar que reciben anualmente más de 4 millones de pesos de forma líquida, ante lo que la magistrada aseguró que esa aseveración no es cierta y que ganan casi el doble de lo mencionado por el alumno, situación que fue objeto de una disculpa de parte de un profesor, a lo que Olga Sánchez Cordero aseguró que como funcionaria pública sabe que está sujeta al escrutinio público y la sociedad hace bien al aplicarles “marcaje personal”.
Sobre el caso Florence Cassez
En su magna conferencia “El caso de Florence Marie Louis Cassez Crepin”, la magistrada de la SCJN afirmó que hubo una actuación irregular de las autoridades mexicanas; sin embargo, dejó a decisión personal las conclusiones del caso, solamente puntualizó que fueron violentados los derechos humanos de la ciudadana francesa y las autoridades presentaron públicamente un “montaje”.
En una ponencia de casi dos horas de duración, la integrante de la Corte presentó todas las irregularidades en que incurrieron las autoridades mexicanas; sin embargo, afirmó que de inicio la investigación en contra de ciudadana francesa fue mal conducida, porque los secuestrados presentaron declaraciones contradictorias en las diferentes ocasiones que fueron entrevistados y no tuvieron una coherencia lógica.
El cambio en la votación de los integrantes de la SCJN en el caso de Florence Cassez, dijo la magistrada, influyó y fue determinante la renovación en la integración de la misma, porque con los anteriores miembros los votos estaban en contra de la ciudadana francesa, pero con los cambios se presentaron a favor y eso ocasionó su liberación, pero aclaró que en el país es fundamental entender que quien llega a la Corte determina el futuro de los derechos de todos los ciudadanos mexicanos.
El caso de Florence Cassez, reveló la experta en temas de derecho, tuvo mucha resonancia pública en los ámbitos nacional e internacional por la exagerada intervención de los medios de comunicación, por eso aclaró que en las cárceles mexicanas “no son todos los que están y tampoco están todos los que son”, pero el proceso de ese caso particular —apuntó— se contaminó totalmente, además se violó la presunción de inocencia de la acusada y no se pueden permitir prácticas que violen los derechos fundamentales de las personas porque se daña su honor, su imagen y su vida privada.
Lo que cuestionaron muchos profesionales del Derecho presentes en la conferencia es que si hubo una clara falsificación, se montaron escenas y se mintió en el proceso legal que se llevó a cabo, entonces por qué no hubo detenidos por esas acciones y no se deslindaron responsabilidades.
