El delegado presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Pablo Fernández del Campo, aseguró que se mantendrá la cabeza fría en torno a las investigaciones que se realizan en torno a quienes asumieron una actitud contraria a los intereses del tricolor en el pasado proceso electoral, sin que haya una depuración equivocada.
En entrevista a tres meses del proceso electoral, el dirigente estatal del Revolucionario Institucional rechazó que se haya dado “carpetazo” al caso de quienes traicionaron al partido, e indicó que es un asunto interno que debe tomarse con responsabilidad y no sancionar en medios o con rumores.
“Hay que distinguir de dos maneras, lo de la vox populi, que de manera visceral se dan a conocer por muchos motivos unos justificados y otros no, quien pierde una elección o quien evidenció que en la campaña hubo traiciones y deslealtades está en su legítimo derecho de denunciar, pero como dirigencia tenemos que ser muy exactos y cuidadosos en la aplicación de los estatutos”.
Fernández del Campo expresó que los estatutos del PRI y las reglas de la Comisión de Justicia Partidaria son muy claras en agravantes, causales de sanción o incluso hasta de expulsión.
“En aquellos casos donde se tengan evidencias de que hay algunos de esos supuestos, seremos los primeros en apoyar a la comisión para que se pueda aplicar con todo rigor el estatuto, pero no podemos, por una percepción de un resultado como el que se tuvo, pues meternos a una cacería de brujas o a una depuración equivocada, pues porque tiene que ser con los parámetros legales del propio partido.”
Asimismo, aseguró que donde se haya comprobado plenamente la responsabilidad se aplicará el estatuto sin importar si son de base o incluso diputados federales, pues el fuero o el nivel político no tienen nada que ver con las acciones equivocadas que pueda cometer un militante.
Además, recordó que, junto con el delegado Fernando Moreno Peña, ya entregó un informe amplio de lo ocurrido hace tres meses al Comité Ejecutivo Nacional, y es esa instancia la que tiene que analizarlo.
También, se refirió al caso de diputados como Juan Manuel Jiménez, quien votó por la privatización del SOAPAP, además de no acudir a las sesiones de la comisión a la que pertenece. Fernández del Campo manifestó que los políticos profesionales no pueden considerar que en una oportunidad que da el partido se agote la carrera política.
“Nosotros somos calificados por el partido, en el presente para que pueda haber futuro y quienes tomamos en serio la política sabemos que el desempeño que tenemos en algún cargo o posición que asigna el partido, que sea por votación popular o incluso hasta administrativa tenemos una responsabilidad.”
No obstante, advirtió que en la reforma a los estatutos se creó la figura de la Contraloría Interna, que va a tener la facultad de llamar a cuentas a los funcionarios que en un momento dado cometieran actos contrarios a los principios, estatutos o documentos básicos del partido.
Al respecto, señaló que cada quien es responsable de sus actos y en sus decisiones y votaciones; y hay diputados que han votado contrario a lo que al partido y a los poblanos les interesaba, e incluso fue cruzado con el Comité Ejecutivo Nacional, están en su libre derecho de hacerlo, pero obviamente eso forma parte del récord personal de cada quien y al final los priistas se deben a un partido que están en contra de privatizar el servicio de agua y la última reforma propuesta por el ejecutivo no sólo es contraria a la Constitución, sino también a la moral pública, al no poderse convertir en un objeto de mercado el vital líquido y sobre todo que es un derecho al que todos deben tener acceso y no puede quedar sujeto a la conveniencia comercial de quien pueda ser concesionario para que establezca las tarifas y sobre todo si no paga aplique embargo.
Rechaza quiebra del partido
Luego de los señalamientos en el sentido de que no se les pagaba a los trabajadores del partido, Fernández del Campo aclaró que todo el personal que se requiere para sacar adelante una elección, como lo son candidatos, simpatizantes, empleados, voluntarios, lo que reciben no son sueldo como tal, sino gratificaciones que la ley establece.
En ese contexto, expresó que la cantidad de personas que trabajan en un proceso electoral para el partido son distintas en número a un proceso como el que se está viviendo, pues en campaña hay una estructura de promoción al voto que requiere delegados, promotores, pero ahora las condiciones son diferentes.
Además, dijo que las áreas electoral, de operación política y otras tienen que disminuir de manera natural sus necesidades de personas que estén invitadas a ocupar esas posiciones, pues en estos momentos no son requerimientos prioritarios para el partido.
El dirigente indicó que ahora lo que se fortalece es el análisis, la estrategia, la capacitación, y para ello ya no se requiere esa cantidad de gente que se necesita para una campaña. También, reconoció: “Es cierto que el número de personas que estaban relacionadas con el partido disminuyó, pero tiene esa lógica y ha sucedido en todos los partidos y ocurre en todas las elecciones”.
El delegado se refirió a los sueldos y aclaró que sí había adeudo con algunos miembros del Comité Directivo Estatal, que no rebasa las 1 personas, y obedecía a un retraso que será subsanado en corto tiempo; es un tema de finanzas internas.
