Nuevamente, el gobierno del estado blindó información de los helicópteros Agusta y negó la entrega de las facturas con la anuencia de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Con un voto en contra, el órgano garante de la transparencia en Puebla negó que se entregaran las facturas de la compra de los helicópteros Agusta por parte del gobierno estatal, alegando que se pone en riesgo la gobernabilidad, así como la vida de los tripulantes y del mismo gobernador.
Intolerancia Diario solicitó, mediante la Ley de Acceso a la Información, la factura de las aeronaves compradas por el gobierno estatal, lo cual fue negado por la Secretaría de Finanzas y Administración.
Pero en la sesión fue “mayoriteada” la comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien mostró su inconformidad al votar en contra la ponencia de su compañero Federico González Magaña, quien defendió a la dependencia estatal.
La excusa de la Secretaría de Finanzas para no entregar los documentos fue que se ponía en riesgo no sólo la vida del mandatario estatal, si se daban a conocer los datos, sino también la misma gobernabilidad del estado.
Además, las autoridades argumentaron que los datos de las facturas estaban publicados mediante un boletín de prensa en 2012, donde se dieron a conocer los costos de las aeronaves, tras solicitud también de este medio de comunicación.
Lo anterior, supuestamente, fue analizado por el comisionado Federico González Magaña, quien avaló la respuesta de que no se entreguen las facturas.
Sin embargo, Blanca Lilia Ibarra, en una cátedra de transparencia, se dijo inconforme, en primera instancia, porque una factura no podía poner en peligro la gobernabilidad del estado y tampoco la vida del gobernador ni de los tripulantes.
A pesar de los sólidos argumentos de la comisionada, en respuesta, Federico González Magaña, sin mayores bases, dijo que sostenía su proyecto de resolución.
En 2012, Intolerancia Diario solicitó los costos de los helicópteros que compró el gobierno poblano.
Tras una lucha de más de seis meses y contra un resolutivo de la misma CAIP, finalmente, mediante un comunicado, tras un escándalo mediático a nivel nacional por la opacidad, se supo que fueron dos las aeronaves adquiridas con un costo superior a los 170 millones de pesos.
La solicitud
En mayo pasado se realizó la solicitud para que la Secretaría de Finanzas proporcionara las copias simples de los dos helicópteros Agusta adquiridos por el gobierno de Puebla, bajo la solicitud 146113.
Posteriormente, más de un mes después, la dependencia respondió que no podía entregar la información, ya que estaba reservada y las facturas englobaban especificaciones técnicas y características particulares de las aeronaves.
Por lo tanto, aseguraron que de difundir o dar a conocer la información se pondría en riesgo la vida y la seguridad de los funcionarios que fueran trasladados.
Y hace referencia a que, “en aras de la transparencia”, los datos que sí son públicos de los helicópteros se encontraban en un boletín emitido por el gobierno del estado el 2 de julio de 2012, que se puede encontrar en internet en la liga www.puebla /prensaenlinea/02/Julio/2012.
El opaco
En la sesión de este martes, el comisionado ponente o que analizó la situación fue Federico González Magaña, quien dio la razón a la dependencia estatal, aunque al final reconoció que no fue necesario ni siquiera ver las facturas para saber si ponían en riesgo todo lo señalado.
“En términos del acuerdo de clasificación de fecha 15 de junio de 2011, esta ponencia realizó un análisis de dicho acuerdo y determinó que la ponderación entre el valor de divulgar la información y la seguridad de los servidores públicos permite advertir que la documentación solicitada contiene datos que debe darse a conocer pondrían en peligro la vida y la seguridad de servidores públicos del gobierno del estado de Puebla, comprometiendo la seguridad estabilidad y gobernabilidad del estado”, señaló.
“En este sentido el evitar peligros para la seguridad de servidores públicos sobrepasa el interés de divulgar la información, derivado de todo lo anterior esta ponencia pone a confirmar el acto reclamado”.
La cátedra
Inmediatamente, Blanca Lilia Ibarra dio una clase de transparencia y del por qué sí debió ordenarse la entrega de las facturas. Aunque, al final, los comisionados Javier Fregoso y Magaña González hicieron oídos sordos.
“Debo señalar que no estoy de acuerdo con el sentido del proyecto”, señaló, tajante, para dar una explicación con argumentos sólidos del por qué.
“El análisis realizado del acuerdo de clasificación contiene tres puntos medulares y una conclusión.
”Primero, el divulgar las facturas pondría en riesgo la vida y la seguridad del gobernador y sus acompañantes (…).
”De primera instancia, el proporcionar un documento comprobatorio de una erogación pública no pone en riesgo la vida de las personas.
”Asimismo, los datos de identificación de los helicópteros ya fueron proporcionados por el mismo sujeto obligado en el boletín al cual hacen referencia en su respuesta, es decir la Secretaría de Finanzas y Administración, ya publicó la marca de las aeronaves, sus modelos sus matrículas, el costo e incluso el color de cada una de ellas.
”En ese sentido, ya cualquier persona puede identificar los helicópteros, por lo que el propio ente público dejó sin efectos la causal de reserva”, señaló.
Además, dijo que existen numerosas páginas en internet de empresas donde se muestran las especificaciones técnicas de dichas aeronaves, donde en muchas vienen específicamente los datos que proporcionó el mismo gobierno del estado.
“El proporcionar las facturas se podrían generar patrones de vuelo pudiendo inferir destinos frecuentes horarios y sería más fácil atentar contra la seguridad del gobernador y acompañantes, dice otro de los puntos medulares de este acuerdo”, señaló.
“Al respecto es evidente que una factura de una compra no revela patrones de vuelo ni horarios de los helicópteros, toda vez que en ella sólo se registran los elementos esenciales de la compra por lo tanto la factura es pública.
”En todo caso el anexo que contenga especificaciones de radiocomunicación en su caso armamento y blindaje, eso sería reservado”.
Posteriormente, hizo referencia a una nota publicada el 4 de noviembre de 2012, donde el Instituto Federal de Acceso a la Información refiere justamente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal deberá entregar copias de las facturas de los tres helicópteros en posesión de la Policía Federal, adquiridos dentro del Plan Mérida.
“El ponente fue el presidente Gerardo Laveaga y esta información se daría a conocer y es pública.
”En el siguiente punto se dice que de darse a conocer las facturas de los helicópteros podrían causar perjuicio o daño reparable a las funciones públicas comprometería la estabilidad la gobernabilidad o la seguridad del estado y sus municipios y pondrían en peligro el patrimonio estatal y el riesgo la vida la seguridad la salud por la familia de cualquier persona.
”Como ya lo mencioné hacer pública la factura de los helicópteros no causan perjuicios a las funciones públicas”.
Además, indicó que el acuerdo de clasificación concluye que los datos de identificación, así como cualquier otro que infiera patrones de vuelo, es información reservada, pero, como ya se mencionó, los datos de información ya fueron proporcionados por el mismo sujeto obligado, por lo que ya no sería información reservada y, definitivamente, la factura no revelan los patrones de vuelo.
Asimismo, mencionó que en el proyecto presentado por González Magaña, de manera textual, se señala la ponderación de divulgar entre el valor de divulgar la información y la seguridad de los servidores públicos permite advertir que los documentos en cuestión contienen datos que, de darse conocer, pondrían en peligro la vida y la seguridad de los servidores públicos.
“En todo caso a efecto de corroborar que efectivamente las facturas tuvieran información que pudieran ser reservada, la ponencia debió allegarse de ellas con base en la facultad que le confiere el artículo 87 de la ley”, dijo.
“Sin embargo, suponiendo sin conceder que los tuviera, lo procedente hubiera sido la realización de una versión pública en donde se eliminaran dichos datos, obviamente previo análisis del documento de parte de la ponencia.
”Por lo anterior, no coincido con el proyecto y mi voto es en contra”, señaló contundente la comisionada Blanca Lilia Ibarra.
Posteriormente, sin mayores alegatos, el comisionado Federico González Magaña trató de defender su ponencia al señalar que no pidió ver las facturas porque no lo vio necesario.
“No coincido con las afirmaciones vertidas por la comisionada, debo mencionar que el 87 otorga los comisionados una facultad, no una obligación; y en consecuencia, mi ponencia consideró que no era necesario realizar la verificación de las facturas.
”Por lo que hace lo que se señala en términos de que hay una ponderación entre poner en peligro la vida de los pasajeros y el entregarle información, yo sostengo qué es lo correcto y, en consecuencia, sostengo el sentido de mi proyecto”, indicó.
Finalmente, Javier Fregoso, sin más palabras o explicación, le dio la razón a González Magaña: “Por nuestra parte, estamos de acuerdo en el sentido del proyecto de resolución”, concluyó, para que con dos votos a favor y uno en contra las facturas sigan resguardadas.
