El Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federal, emitió una medida precautoria en la que ordena a Sagarpa y Semarnat abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de transgénicos de maíz (OGM), prescindir de efectuar procedimientos para la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de OGM de maíz, y suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de OGM de maíz. 

La medida precautoria, basada en el riesgo de daño inminente al medio ambiente, impide a empresas trasnacionales tales como Monsanto y Pioneer, entre otras, liberar maíces transgénicos en el campo mexicano, en tanto se resuelva el juicio de acción colectiva, explicaron los abogados de la asociación civil Colectivas, quienes fungen como representantes legales. 

La demanda colectiva fue presentada el pasado 5 de julio por un grupo de ciudadanos, junto con personalidades como el padre Miguel Concha, el doctor Antonio Turrent, el maestro Bernardo Batiz, el doctor Víctor Manuel Toledo, el doctor Raúl Hernández Garciadiego, el ingeniero Víctor Suárez, el antropólogo Julio Glockner y el licenciado Federico Guillermo Berrón Autrique, representados por la maestra Adelita San Vicente.

La colectividad de demandantes también está integrada por organizaciones de productores, indígenas, apicultores, ambientalistas como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos de Campo (ANEC), la Fundación Semillas de Vida AC, ANEMA AC, Fomento Cultural y Educativo AC, Fronteras Comunes AC, Alternativas y Procesos de Participación Social AC de Tehuacán, Puebla; Tosepan Titataniske, de Cuetzalan, Puebla, y de Tlaxcala; el Grupo Vicente Guerrero AC, y la ARIC, en defensa del “Maíz Nativo”, además de actrices como Jesusa Rodríguez y Regina Orozco, entre otras personas firmantes.
Asimismo, René Sánchez Galindo explicó que la colectividad integrada por 53 académicos, campesinos, apicultores y activistas, junto con las asociaciones civiles firmantes, nombraron como representante común de la colectividad demandante a Adelita San Vicente Tello, quien en términos de la ley deberá desempeñar una función de interés público, en representación de la colectividad titular del derecho humano al medio ambiente.