Los diputados de Nueva Alianza y Acción Nacional advirtieron que la falta de licencia para portar armas por parte de policías de 174 municipios es responsabilidad de los presidentes municipales; en tanto, el coordinador de la bancada del PRI, Ernesto Leyva Córdova, advirtió que es un error del titular de la Secretaría de Seguridad Pública que hayan pasado casi tres años con el mismo problema.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado, Héctor Alonso Granados, dijo que son los ayuntamientos los que deben regularizar la situación de los elementos policíacos, luego de que 174 municipios carecen de licencia para portar armas. Además, indicó que tiene que ponerse orden en las juntas auxiliares donde los ediles otorgan permisos para veladores, quienes portan armas de manera ilegal.
Luego de darse a conocer que en el estado sólo 42 municipios se encuentran dentro de la Licencia Oficial Colectiva para la portación de armas de fuego que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional, Alonso Granados indicó que, según los convenios en materia de seguridad, corresponde a los ayuntamientos tramitar estas licencias.
A pesar de que en la respuesta que se envió al Congreso del estado se indica: “El secretario de Seguridad Pública en el Estado es el titular de la Licencia Oficial Colectiva número 38, misma que ampara el armamento empleado por la Policía Estatal Preventiva, la Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Estado, corporación Auxiliar de Protección Ciudadana y 216 municipios restantes”, el legislador sostuvo que los ayuntamientos son independientes para gestionar las licencias.
En entrevista telefónica, el diputado manifestó que es necesario que se ponga orden en las Policías municipales toda vez que se incurre en delitos por la portación ilegal de armas, además de que los elementos quedarían en la indefensión en caso de que fueran acusados por un delincuente al que pudieran agredir.
Alonso Granados advirtió que en la capital están otorgando nombramientos de veladores a personas sin preparación que piden una cuota de 15 pesos por domicilio a la semana y que dan recibos sin el control municipal.
En tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Jesús Zaldívar Benavides, manifestó que es responsabilidad de los presidentes municipales regularizar la situación, y el llamado es que verifiquen la situación que se tiene.
Indicó que deben ser los presidentes municipales los que deben estar al pendiente de que sus elementos cuenten con los permisos correspondientes para la portación de armas.
Sin coordinación
El coordinador de la bancada del PRI, Ernesto Leyva Córdova, cuestionó el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, que en cerca de tres años de gestión no logró la coordinación con los ayuntamientos, en materia de seguridad, y esto genera que los policías se encuentren en la ilegalidad.
Expresó que estas deficiencias ponen en riesgo a los policías municipales, que en un operativo de las fuerzas federales podrían ser detenidos ante la portación ilegal de armas.
Leyva Córdova aclaró que para los ayuntamientos es complicado tener el control de los elementos que siguen empleándose como policías por falta de empleo, pero no por contar con la preparación para ello.
Indicó que hay una rotación constante de personal, y es ahí donde la secretaría estatal debe intervenir para asesorar en este tipo de situaciones.
En el mismo sentido se pronunció el diputado federal del PRI, Filiberto Guevara González, quien consideró que a los presidentes municipales les faltó una mayor coordinación para hacer frente a la delincuencia en las diversas regiones del estado. “Se ha perdido eso, la cooperación intermunicipal, nos ayudábamos entre los municipios; si había un delito en algún municipio se radiaba y se hacían cercos contra los delincuentes”, agregó.
Aclaró que estas acciones se perdieron por la falta de liderazgo de los presidentes, que además no están interesados en acabar con la inseguridad que hay en sus demarcaciones y que están a tiempo de ponerse de acuerdo en la recta final del año, que es cuando los delitos incrementan por la cantidad de dinero que circula por las prestaciones y fiestas decembrinas.
Ante este escenario, espera que las autoridades electas que entran en funciones en febrero de 2014 tengan la intención de mantener una relación interinstitucional a fin de resolver los problemas que hay en cada una de las regiones del estado.
“La continuidad es lo más importante y ojalá nos escuchen los presidentes electos, porque la continuidad es lo más importante; no importa el partido que esté gobernando, lo que importa es que los ciudadanos tengan mejores beneficios”, concluyó.
