El comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) Ángel Trinidad Zaldívar sentenció que las facturas de los helicópteros del gobierno de Puebla debieron entregarse y no protegerse dando pie a la opacidad.

En visita a la Universidad Iberoamericana de Puebla, criticó los resolutivos de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) de Puebla, que supuestamente debe ser la garante de la transparencia en el estado.

Incluso, recordó que él personalmente resolvió un caso de la entrega de información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sobre la construcción del teleférico en Puebla, y la CAIP resolvió todo lo contrario.

Es de destacarse que ambos casos —de facturas y teleférico— han sido promovidos por Intolerancia Diario ante ambos organismos, los cual ha tenido repercusiones a nivel nacional.

Opacidad de CAIP
En entrevista luego de una ponencia ante estudiantes universitarios, Trinidad Zaldìvar comentó que, primero, se debe entender que el ejercicio de recursos públicos debe estar en una urna de cristal, como todo lo que tiene que ver con el ejercicio de recursos públicos.

“Esto quiere decir que debe darse a conocer, yo creo, como en este caso de los helicópteros, las facturas; me sorprendió mucho escuchar ahorita este alegato de que si se conocen las facturas se van a conocer los patrones de vuelo.

”Hombre, en las facturas lo que entiendo que viene es el precio, costo unitario, etcétera, para más ejemplo, a nivel federal, digo, si aquí preocupa esta cuestión de la seguridad, a nivel federal se pidió cuál fue el costo del avión del presidente.

”¿Ustedes creen que hay algo más importante de eso? Y se hizo público el costo del avión del presidente, claro que se reservaron muchas cosas, para eso sirven las versiones públicas”, aclaró.

“Se tienen que reservar, a lo mejor, datos técnicos, quizá el del sistema de radiocomunicación que utilice la aeronave, para que no lo vayan a intervenir o alguna cosa de esas.

”Pero en la factura yo les garantizó que no viene ningún patrón de vuelo ni de un avión ni de un helicóptero ni de nada de eso, entonces, como yo creo, como se ha hecho a nivel federal con aviones y muchas otras cosas, se tendría que entregar”.

Indicó que en general el reto en México es transitar del acceso a la información y la transparencia a la rendición de cuentas: “Hoy hay acceso a la información, a mucha información, eso no lo podemos negar, hay bastante más transparencia. Si ustedes entran a los portales, básicamente a nivel federal, se encontrará mucha información, pero hay que dar el paso de que los funcionarios nos den las razones y justificaciones de por qué tomaron las decisiones.

”Aunque les moleste, deben dar la justificación (…) en el caso de tribunales o diputados, ellos deben dar el sentido de su voto, que nada tiene que ver con el ejercicio de recursos públicos, sino simplemente dar una justificación de este sentido”.

Dijo que esto, traducido al Poder Ejecutivo, tiene que dar una explicación de por qué hicieron tal o cuál gasto, y señaló que el IFAI no tiene una evaluación del comportamiento de la CAIP en Puebla, pero que son casos que se escuchan a nivel nacional. “Por su puesto, a México llegó este tema de las facturas de los helicópteros, se leyó en la prensa, yo lo leí allá y también está la de la rueda de la fortuna, y también del teléferico”, advirtió.

“En el caso del teleférico, por ejemplo, aquí se reservó una información que cuando nos la pidieron en México, de hecho el asunto cayó a mi cargo, resolvimos que se tenía que entregar, porque había ahí que dar ciertas explicaciones, porque estábamos hablando de una cosa que tenía muchas aristas en una ciudad donde hay muchos monumentos históricos que hay que cuidar, son patrimonio de todos, no de alguien en particular”.

—Todos estos casos, ¿cómo dejan a la CAIP?

—Nosotros no hacemos ese tipo de evaluaciones, lo único que les podría decir, tomado de los criterios del IFAI, es que no se pueden reservar las facturas, no se pueden reservar ciertos documentos, incluso por interés público, como lo hemos hecho a nivel federal. Es importante que ustedes estén atentos a la labor de todas las instituciones.

Caso helicópteros
Hace unas semanas, el gobierno del estado “blindó” información de los helicópteros Agusta y negó la entrega de las facturas con la anuencia de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).

Esta situación detonó en un escándalo a nivel nacional, en el que han intervenido Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como Articulo 19, Amedi y Fundar, entre otras, criticando la acción.

Incluso, llegó el tema al Congreso del estado, donde la organización Activate por Puebla pidió la comparecencia del comisionado Federico González Magaña, para explicar la situación de opacidad.

Y es que con el voto en contra de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, el órgano garante de la transparencia en Puebla negó que se entregaran las facturas de la compra de los helicópteros Agusta por parte del gobierno estatal, alegando que se pone en riesgo la gobernabilidad, vida de tripulantes y del mismo gobernador.

La excusa de la Secretaría de Finanzas para no entregar los documentos fue que se ponía en riesgo no sólo la vida del mandatario estatal, si se daban a conocer los datos, sino también la misma gobernabilidad del estado.

Además, las autoridades argumentaron que los datos de las facturas ya estaban publicados mediante un boletín de prensa de 2012, donde se dieron a conocer los costos de las aeronaves, tras una solicitud también de este medio de comunicación.

Lo anterior supuestamente fue analizado por el comisionado Federico González Magaña, quien avaló o confirmó la respuesta de que no se entreguen las facturas.

Sin embargo, Blanca Lilia Ibarra, en una cátedra de transparencia, se dijo inconforme, en primera instancia, porque una factura no podía poner en peligro la gobernabilidad del estado y tampoco la vida del gobernador, ni de los tripulantes.

A pesar de los sólidos argumentos de la comisionada, en respuesta, Federico González Magaña, sin mayores bases, sólo dijo que sostenía su proyecto de resolución, aunque ni siquiera solicitó ver las facturas, como está facultado.

Posteriormente, en una entrevista, señaló simplemente que no lo vio necesario.

Inmediatamente, Blanca Lilia Ibarra dio una clase de transparencia y del porqué si debió ordenarse la entrega de las facturas. Aunque al final los comisionados Javier Fregoso y Magaña González hicieron oídos sordos.

“Al respecto, es evidente que una factura de una compra no revela patrones de vuelo ni horarios de los helicópteros, toda vez que en ella sólo se registran los elementos esenciales de la compra, por lo tanto la factura es pública”.

Caso teleférico
El caso del teleférico que mencionó Trinidad Zaldivar fue cuando el IFAI ordenó al Instituto de Antropología e Historia (INAH) desclasificar información sobre el juicio que mantiene contra el gobierno de Puebla por su construcción.

Gracias a un recurso de inconformidad interpuesto por Intolerancia Diario, los consejeros de IFAI resolvieron, de manera unánime en sesión, que la dependencia federal debe entregar información del proyecto del gobierno estatal.

Según el resolutivo hecho llegar a este medio de comunicación, señala que ordenó revocar la respuesta del INAH al no justificar la reserva de la información, tras iniciarse el recurso de revisión RDA 1920/13.

Por medio de la solicitud de acceso a la información 1115100014513, el INAH reveló que debido a un juicio de amparo existente contra el teleférico, se había reservado o clasificado toda información, hasta que se emita una resolución final.

De este modo, la dependencia federal confirmó que inició un juicio en contra del gobierno del estado de Puebla, por iniciar la construcción del teleférico sin permisos.

La respuesta no solamente la emitió el INAH, sino también el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), tras la solicitud referida.
En la solicitud se pidió una copia digitalizada del acta de la reunión del 13 de marzo de 2013 del Consejo Nacional de Monumentos e Inmuebles Históricos, para el caso del proyecto del teleférico de Puebla.

El argumento fue que es debido a que se ha iniciado un juicio en contra del gobierno poblano, por carecer de permisos de construcción de parte de esta misma dependencia federal.

“Dentro del expediente integrado con motivo del trámite de solicitud de autorización del proyecto ‘Teleférico de la Ciudad de Puebla’, se instauró, por la realización de obras sin contar con la autorización emitida previamente por esta dependencia federal, un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, mismo que se encuentra en trámite y no ha quedado firme.

”A la fecha, no se ha emitido la dictaminación y respuesta definitiva a la solicitud de autorización del proyecto Teleférico de la Ciudad de Puebla.

”En dicho expediente obra, entre otros documentos, el acta de la reunión del Consejo de Monumentos Históricos del INAH celebrada el 13 de marzo de 2013”.

A pesar de todos los argumentos expuestos por el INAH para no entregar la información, el IFAI resolvió que no se justificaba la reserva.

En la minuta de la reunión, solicitada del 13 de marzo, se expone que el director general del organismo federal comentó respecto a la situación legal en trámite del teleférico y las acciones jurídicas a seguir respecto a las obras realizadas sin permisos dentro de la zona de monumentos.

Pero al hacer un minucioso análisis, el IFAI comprobó que la estrategia jurídica ya se estaban llevando a cabo, por lo que la otra parte, el gobierno del estado, ya estaba enterado y no se ponía en peligro el proceso jurídico.

“…es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de las zonas de monumentos”, expone Trinidad Saldivar al basarse en la ley federal de monumentos.

“Si bien en dicho documento se mencionan distintas acciones jurídicas que el sujeto obligado llevaría a cabo respecto de las obras realizadas dentro de la zona de monumentos, las mismas ya habían sido promovidas.

”…dicho documento no constituye en sí una actuación o diligencia propia del procedimiento administrativo respectivo”, continúa el IFAI.