La manera en que ha venido trabajando la CAIP, reservando la información pública proveniente de los sujetos obligados, además de haber generado críticas sobre la actuación del organismo, resaltó las deficiencias de los organismos autónomos que no rinden cuentas de su actuar.

A pesar de la insistencia del nodo Actívate por Puebla y de la diputada Fernanda Huerta para que el comisionado de la CAIP Federico González Magaña comparezca ante la CAIP, la comparecencia del funcionario está en stand by.

Se estima que la Comisión de Transparencia podría reunirse en fecha próxima para revisar la posible comparecencia del comisionado de la CAIP Federico González Magaña ante el Congreso local, para informar porqué decidió reservar la información sobre las facturas de las aeronaves Agusta, del poder ejecutivo local.

Aunque en la reunión de comisión no se vislumbra que haya un cambio entre los legisladores que la integran. Huerta estima que sólo ella y el diputado Rafael Von Raesfeld, integrante también de la Comisión de Transparencia, votarán a favor de la comparecencia de González Magaña.

“Yo creo que se debe apostar más por la transparencia en el estado”, estimó la legisladora en una declaración publicada en Intolerancia Diario esta semana.

Además, el pasado jueves en la Universidad Iberoamericana, durante un foro sobre transparencia y rendición de cuentas organizado por la Licenciatura en Derecho de dicha institución, el representante de Actívate por Puebla, Roberto Alonso, exhibió la opacidad gubernamental a través del caso de los helicópteros Agusta, información que el gobierno se reservó con pretextos inverosímiles.

Alonso, citando al especialista José Roldán, afirmó que es indispensable que los organismos autónomos también rindan cuentas de su actuar: “La responsabilidad es una pieza central en la ingeniería de la rendición de cuentas. Los organismos autónomos, como la CAIP y el propio IFAI, no son entidades todopoderosas. Necesitan contrapesos y no puedan quedar exentos de mecanismos de rendición de cuentas cuyo valor depende de los argumentos y las razones públicas con las que los actores públicos que han asumido una responsabilidad deben responder por lo que hacen y lo que no hacen.

”Si bien la propia administración estatal reveló en 2012, con ambigüedad, el precio de las dos aeronaves que compró —un Agusta Grand y un Agusta Koala con costos máximos de 7.5 y 3.65 millones de dólares, respectivamente—, la Secretaría de Finanzas y Administración se negó este año a entregar copia simple de sus facturas en respuesta a una solicitud de información”.

La dependencia respondió al periodista interesado en los montos que la información relativa a los helicópteros utilizados para los traslados del gobernador fue reservada por incluir datos de identificación a partir de los cuales es posible inferir patrones de vuelo, quedando en riesgo sus tripulantes y la seguridad del estado. De existir dichas facturas como registro de un proceso de compra-venta y de una erogación de recursos públicos, ¿contienen datos con base en los cuales puedan deducirse patrones de vuelo? Hasta la pregunta ofende.

Además de la imposibilidad de acceder al costo real de las aeronaves Agusta, otro problema que salta a la vista es el de la táctica del “juego de las escondidas”, de las preferidas por la administración estatal para bloquear el acceso a información pública reservando “toda” la información relativa a un asunto, en este caso los helicópteros, al estilo “un-dos-tres por mí y por toda la información que tengo”. Y es que nuevamente, de existir las facturas en cuestión, estarían contenidas en el expediente que concentra toda la información sobre las aeronaves, incluyendo quizá la que deja constancia de los patrones de vuelo y que el gobierno del estado decidió reservar con el argumento de que podría comprometer la seguridad del estado, su estabilidad y la gobernabilidad democrática.

“El comisionado González Magaña fue designado comisionado por la actual Legislatura, en un proceso cuestionado, en diciembre de 2012, por organizaciones de la sociedad civil debido a su cercanía con el gobernador. En aquella fecha, advirtió que su trabajo, concretamente los recursos de revisión a su cargo hablarían por él, en efecto a menos de un año de su designación sus números hablan por él. Con base en datos de la propia CAIP, de 24 recursos de revisión en contra del gobierno del estado de los que fue ponente entre enero y septiembre de 2013, sólo en uno falló en contra de la administración estatal.”

Alonso señaló que los ciudadanos han dejado de solicitarle información a la CAIP, lo que podría significar que los ciudadanos han perdido confianza en el órgano garante: “Un dato más documentado por el portal de transparencia Con los Ojos Abiertos, de la Universidad Iberoamericana Puebla, y e-consulta que dejó como hipótesis a confirmar: el número de solicitudes de información presentadas ante los diferentes sujetos obligados considerados en la Ley de Transparencia de Puebla ha venido disminuyendo de manera trimestral. Según información estadística difundida por la CAIP, en el primer trimestre del año se reportaron 2 mil 587 solicitudes, en el segundo trimestre el número de solicitudes fue de 2 mil 551, una disminución mínima, mientras que en el tercer trimestre la cantidad descendió a mil 860 solicitudes, un descenso de 27 por ciento”.