El estado de Puebla descendió hasta ocho posiciones a nivel nacional, según el estudio del Índice de Desarrollo Democrático (IDD) de 2013, con lo que se ubica en el sitio 29 de las 32 entidades federativas de México.

El estudio destaca que el peor rubro evaluado fue “Eficiencia política” y el “Ejercicio de poder efectivo para gobernar en las subdimensiones social y económica”.

Las debilidades que tendría el estado es en materia de respeto de los derechos, políticos y libertades civiles, y éstos serían: la selección de autoridades, la exclusión de derechos indígenas, la violencia de género, el género en el gobierno y la inseguridad.

Inclusive resaltan como, según la organización Artículo 19, Puebla es una de las 10 entidades con mayores casos de funcionarios que amenazan a periodistas.

El IDD es elaborado por la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), el cual indica que en este estudio que evalúa el año pasado Yucatán está en primer lugar con 10 mil puntos.

Entre los peores estados están Tamaulipas con mil 789 puntos, Guerrero con mil 938, Chihuahua con 2 mil 510, Puebla con 2 mil 828 y Durango con 2 mil 877.

Con respecto a Puebla, establece que tuvo un grave descenso con respecto a 2012 hasta de 43 por ciento menos, perdiendo así los ocho lugares donde se encontraba ubicado, al pasar del lugar 21 al 29.

Desmejoró en todos los indicadores, excepto en el subíndice económico, donde avanzó un lugar pero aun así se ubica en la posición 31.

Por lo tanto, Puebla sería el cuarto estado con menos desarrollo democrático, ubicándose entre los de desarrollo mínimo, donde también estarían: Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Durango, México y Michoacán.

En lo que respecta a los derechos, políticos y libertades civiles, está colocado en el lugar 13 a nivel nacional, pero en la calidad institucional y eficiencia política alcanza el lugar 30 de 32.

En tanto, en “Ejercicio de poder efectivo para gobernar, subdimensión social” estaría también en el lugar 30 y en la “subdimensión económica” en el 31.

El estudio señala que entre las grandes debilidades en Puebla en respeto de los derechos, políticos y libertades civiles serían: la selección de autoridades, la exclusión de derechos

indígenas, la violencia de género, el género en el gobierno y la inseguridad.

en calidad institucional y eficiencia política las deficiencias son: la percepción de la corrupción, la participación de los partidos políticos en el poder legislativo, accountability
(obligación a informar a la población) y el indicador de desestabilización.

En tanto que en el Ejercicio de poder efectivo para gobernar, en la subdimensión social, serían el desempleo, los hogares bajo la línea de la pobreza y el desempeño en salud y en educación.

Mientras que en la subdimensión económica están: el pib per cápita, la desigualdad por ingresos, la competitividad estado-sociedad y la autonomía financiera.
 
A detalle
Los resultados de IDD se obtienen a través de una metodología que abarca el seguimiento y evaluación de variables sociopolíticas y la realización de encuestas, que los 65 centros empresariales realizan a empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación, en las que se miden 32 indicadores principales del desempeño.

Desde la perspectiva de Coparmex: “La solución no es el autoritarismo. Al contrario, debemos aquilatar y fortalecer las instituciones democráticas que hemos construido en los últimos 30 años.

”La democracia es el único régimen que permite procesar las diferencias a través de mecanismos pacíficos y es una condición indispensable para el desarrollo integral”.

Señaló que el retroceso de Puebla responde a peores desempeños en todas las dimensiones, salvo en la subdimensión económica, donde logra un avance que le permite salir del último puesto que ocupaba el año anterior, pero sólo para avanzar hasta el puesto 31.

En cuestión de inseguridad, puntualizó que el total de denuncias por delitos durante 2012 fue de 99 mil 589; esto es, alrededor de 16.4 por ciento más de denuncias que en 2011, cuando se registraron 83 mil 225.

De la misma manera, el total de robos aumentó 26.2 por ciento y, específicamente, los robos con violencia disminuyeron 67.5 por ciento.

Además, el total de homicidios cometidos durante 2012, de mil 527 aumentó 10.3 por ciento con relación al año anterior.

Por esta razón, el Sistema Nacional de Seguridad Pública identificó a Puebla como una de las ocho entidades en donde aumentó en mayor proporción la inseguridad durante 2012.

La tasa de prevalencia delictiva de Puebla —número de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes— durante 2012 fue de 21 mil 53, 3 por ciento menos que en 2011.

El número de víctimas total fue de 868 mil 791, que representa un aumento de 11.2 por ciento, cuando se registraron 781 mil 522 víctimas. En relación a la percepción sobre seguridad, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2012, 37.6 por ciento de los habitantes de Puebla percibió que la entidad era segura, mientras que 57.8 por ciento afirmaba lo contrario.

Ante el incremento de los índices de violencia, empresarios de la entidad manifestaron su preocupación y, después del asesinato del empresario Antonio Haces D’Arti, el Consejo de Organismos Empresariales culpó a la falta de coordinación de las instituciones de seguridad pública municipales y estatales.

Exigió a las autoridades reforzarla para garantizar el bienestar de la población y permitir el desarrollo empresarial.

Desde inicios del año, empresarios y periodistas de la entidad solicitaron al gobierno estatal incrementar los operativos de seguridad, particularmente en la zona metropolitana, donde se registraron los mayores incrementos.

De la misma manera, diputados del Congreso local manifestaron su preocupación por el incremento de los índices delictivos en el estado y, durante una comparecencia del secretario de Seguridad Pública de Puebla, atribuyeron el aumento a la descoordinación de las policías estatales y municipales.

En respuesta a las acusaciones tanto de los legisladores como de la iniciativa privada, el entonces secretario de Seguridad Pública Ardelio Vargas Fosado aseguró que la inseguridad no había aumentado drásticamente durante 2012 y que las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública eran contradictorias.

Señaló que ubicaban a Puebla entre los estados más peligrosos del país, incluso más que entidades como Michoacán, donde la expansión del crimen organizado ha sido evidente en los últimos años.
 
Coyuntura política
El estudio señala que una de las propuestas más discutidas en el Congreso, a pesar del incremento de la inseguridad durante 2012, fue la del legislador del Partido Nueva Alianza (Panal) Héctor Alonso Granados, quien sugirió aumentar la seguridad de los funcionarios públicos, particularmente de los que desempeñaban funciones relacionadas con seguridad y procuración de justicia.

Por otra parte, los legisladores discutieron la iniciativa de ley para la Prevención del Delito de Trata de Personas y para la Prevención y Asistencia de sus Víctimas, cuyo objetivo era revisar y modificar los mecanismos de protección, asistencia y rehabilitación de las víctimas del tráfico de personas.

En relación a la libertad de prensa, el diputado panista Mario Riestra Piña propuso la ley para salvaguardar el secreto profesional periodístico en Puebla.

La misma tenia el objetivo principal era permitir a los periodistas conservar el anonimato de sus fuentes y evitar las represalias políticas de funcionarios públicos y políticos contra los periodistas, organizando cursos obligatorios para funcionarios públicos sobre libertad de prensa y aumentando las sanciones para los casos de amenazas contra periodistas.

Para esto, el legislador sugirió adoptar como modelo las legislaciones similares aprobadas en Sonora, Chihuahua y el Distrito Federal.

Según la organización Artículo 19, Puebla es una de las 10 entidades con mayores casos de funcionarios que amenazan a periodistas.

Por otra parte, durante la discusión y aprobación de la reforma al artículo 24 constitucional sobre libertad religiosa, diversas organizaciones civiles emitieron comunicados en contra de la reforma y organizaron una marcha al Congreso local denunciando la propuesta como un retroceso para la laicidad del Estado mexicano, pues, desde su perspectiva, permitía utilizar el principio de mayoría relativa para exigir, por ejemplo, educación religiosa en las escuelas primarias.

Por otro lado, la dirección del PAN presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Reforma Electoral aprobada en el Congreso de Puebla que aplazó las elecciones locales de noviembre de 2012 a febrero de 2013.

Según la dirigencia del PAN, el aplazamiento de las elecciones había sido una estrategia de los legisladores locales para incidir en las campañas y las elecciones locales de Puebla.

Sin embargo, el Congreso local corrigió la reforma y, después del recurso presentado por el PAN, los legisladores decidieron mantener las elecciones locales en noviembre de 2012.

También organizaciones civiles llevaron a cabo la marcha número 11 de la diversidad sexual exigiendo la aprobación de una ley estatal contra la discriminación y la reforma del Código Civil para que los transgéneros puedan modificar sus nombres conforme a sus nuevas identidades sexuales, iniciativa conocida en Puebla como la “propuesta Agnes Torres”, una transgénero activista por los derechos de la comunidad lésbico gay que fue asesinada en Puebla a inicios de 2012.

Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Puebla recibió mil 664 solicitudes de intervención por presuntas violaciones a los derechos humanos; esto es, 9.6 por ciento más que en el año anterior. 

Las observaciones
Oportunidades para mejorar el desarrollo democrático. Algunas sugerencias que hace Coparmex para mejorar la democracia en Puebla están:
1. Fortalecer el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles.
2. Promover la democratización de los partidos políticos, especialmente en la selección de sus candidatos.
3. Lograr una mayor inclusión de la población de lengua indígena.
4. Profundizar la lucha contra la delincuencia común.
5. Transparentar las acciones de gobierno.
6. Instrumentar mayor eficiencia en los mecanismos de control legal y social.
7. Desarrollar canales de diálogo y de contención a grupos sociales excluidos y lograr una mayor satisfacción de sus demandas.
8. Profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad.
9. Optimizar la asignación y el uso de los recursos en educación y en salud.
10. Promover políticas que incrementen el PIB per cápita.
11. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad.
12. Optimizar la recaudación fiscal para lograr una mayor autonomía.
13. Promover políticas de inversión y de formación de capital fijo del Estado.