El Movimiento de Alternativa Social anunció la promoción de amparos por usuario ante la inminente privatización del servicio de suministro de agua potable; el argumento será la violación a los derechos humanos, así como acuerdos internacionales signados por México, donde se aclara que todo ciudadano tiene el derecho de recibir el vital líquido de forma accesible.

En conferencia de prensa, Ricardo Jiménez Ávila anunció una amplia jornada de lucha donde se incluye la defensa del agua, además de la gratuidad de la educación pública superior, que ésta no se privatice como lo quiere el gobierno del estado dentro de su política privatizadora, violando la autonomía universitaria.

Dijo que se va a cabildear con diferentes agrupaciones, entre ellas el Frente Amplio Social, para que en la movilización que se llevará a cabo el 31 de enero con organizaciones sociales sin que sean partidos políticos los que la organizan, ya que en ocasiones ellos quieren apropiarse de las movilizaciones; se hará una jornada para orientar al ciudadano.

Del tema del agua dijo que se va a orientar al ciudadano para que actúe legalmente en contra de la privatización y se ha recibido buena respuesta de la gente de las colonias y juntas auxiliares ante la desinformación que existe.

Comentó que hasta ahora el gobierno del estado ha ocultado la información en torno a qué empresa será la que beneficiada con la concesión del servicio y lo grave es que entre las posibles está Aguas de México, e insistió en la opacidad con la que está manejando la información.

Advirtió que el Movimiento Alternativa Social va a profundizar en el tema de los amparos ante la justicia federal para proteger a los ciudadanos.

Ricardo Jiménez explicó que los amparos tendrán que presentarse por usuario y habrá una mayor efectividad que los anteriores que se han presentado también en contra de la privatización, y aclaró que no se demerita el trabajo que han realizado las otras agrupaciones que trabajan en este tema. Precisó que se tiene que ir más a fondo, que las organizaciones sean más responsables en los argumentos que manejan trabajando por tierra.

Cuestionado sobre los argumentos para que un usuario solicite el amparo, dijo que el primero es que el agua es un derecho humano y hay un convenio internacional firmado en julio de 2010, por ello se está violentando un derecho internacional.

Reiteró que hay que informar a la gente para que defienda sus derechos y se ampare cuando reciba una boleta de una empresa privada que indebidamente maneja un servicio.

Ricardo Jiménez Ávila sostuvo que al final tendrá que modificar la decisión de privatizar, ya que hay una violación a los derechos humanos, e indicó que es el momento de que la gente se movilice.