La presidente de la Comisión Inspectora, la panista Patricia Leal Islas, informó que la Auditoría Superior de Estado (ASE) estará presente en los 217 municipios para revisar el cambio de poderes en los ayuntamientos y la actuación se hará sin distingos partidistas, todo será apegado a la ley.

En entrevista, la diputada por Acción Nacional se refirió al cambio de poder en los municipios e indicó: “La Auditoría Superior del Estado va participar en los procesos de entrega-recepción de los 217 municipios. Existieron dos capacitaciones que se les dieron a los presidentes municipales para los próximos ayuntamientos, entregándoles unas guías para los procesos de entrega-recepción y también se han capacitado a los contralores para el papel que debe de asumir el proceso de entrega-recepción”.

Patricia Leal Islas exhortó a los presidentes municipales salientes a que establezcan condiciones para el desarrollo de este proceso en el cambio de poderes, para que no exista ninguna complicación para la llegada de los ediles electos, y recordó que ellos hace tres años también recibieron la confianza de los ciudadanos para gobernar las comunidades durante tres años.

Leal Islas advirtió que los encargados de las contralorías municipales deben ser cuidadosos en el proceso de entrega a recepción y denunciar cualquier irregularidad detectada en este proceso para que las instancias correspondientes actúen en tiempo y forma.

Sobre el manejo de las finanzas, la excontralora a nivel estatal expresó que los presidentes municipales que tomarán posesión el próximo sábado deben analizar perfectamente los perfiles de quienes lo acompañaran en el manejo de los recursos públicos y que sean personas con un buen perfil y experiencia en el manejo de los recursos, para que en un futuro no existan conflictos en sus cuentas públicas.

El apunte 
Patricia Leal reiteró que tanto la Auditoría Superior como la Comisión Inspectora en el Congreso del estado actuarán de manera imparcial en la revisión de las cuentas públicas de los sujetos de revisión, ya que no hay “colores de partido” al auditar, sino el compromiso de que todos deben ajustarse al marco legal con un adecuado manejo de los recursos públicos.