Una mujer no sólo tiene ahora que sufrir el dolor psicológico y físico de un aborto, sino que ahora su preocupación es que tiene un pie en la cárcel, luego de que médicos del Hospital de la Mujer en Tehuacán la denunciaron ante las autoridades.
A las 10 horas del pasado martes el agente del Ministerio Público, con toda la frialdad que les caracteriza, acudió al hospital para efectuar el levantamiento del feto de seis meses o 24 semanas de gestación.
Así ha iniciado para “Juanita” —a quien se le cambió el nombre por protección— un verdadero “huracán” de preocupaciones, ya que se le inició la averiguación previa 878/2014/Tehuacán, por lo que podría ir a prisión.
Su caso es uno más que están en los archivos de la Procuraduría General de Justicia, la que ha reportado por lo menos 24 consignaciones por el delito de aborto y 13 sentencias condenatorias, tan sólo en el periodo de cinco años, de 2007 a 2012.
Puebla es una de las pocas entidades de la República que criminaliza a las mujeres por abortar, según la organización no gubernamental (ONG) Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
“Juanita” refirió al MP que llegó al hospital por emergencia, por sufrir fuertes dolores en el vientre; desconocía de su embarazo.
Por lo tanto, los médicos al revisarla le informaron que estaba en plena gestación y que había entrado en un proceso de aborto, pero que tendrían que dar aviso a las autoridades, ya que así la ley lo marca.
Ahora se investiga si “Juanita” ingirió algún medicamento para interrumpir su embarazo, lo que, dado el caso, se ordenaría su detención y sólo quedaría en libertad si tuvo un aborto de manera natural.
La exigencia
Rebeca Ramos, integrante del GIRE, dio a conocer el informe “Omisión e indiferencia: derechos reproductivos en México. Aborto legal y seguro”, presentado en el marco de actividades por el Día Internacional de la Mujer.
Durante la conferencia señaló que las mujeres que llegan a los servicios de salud con hemorragias son acusadas por el mismo personal de provocar abortos, suponiendo que éstos fueron provocados, tal como le pasó a “Juanita”.
Indicó que, por lo tanto, esta situación convierte a los médicos y enfermeras en ayudantes del Ministerio Público y dejan atrás su función de garantizar la salud y la vida de los pacientes.
Aclaró que en Puebla, a pesar de que bajo ciertas situaciones está permitido el aborto; por ejemplo, en caso de violación.
El GIRE solicitó, vía Ley de Transparencia, conocer el número de autorizaciones para la interrupción legal del embarazo; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia dijo no tener información al respecto y la Secretaría de Salud indicó que no se recibieron solicitudes.
Indicó que esto demuestra que las mujeres no están teniendo acceso a lo que dicta la ley, tanto en servicios de salud como en derecho a interrumpir un embarazo.
Detalló que la asociación en los últimos años tuvo conocimiento de tres pacientes que llegaron con sangrados y fueron denunciadas. GIRE intervino con su equipo jurídico y las averiguaciones fueron desechadas.
Abortos penalizados
En 2012, este reportero solicitó mediante la Ley de Acceso de Información el número de averiguaciones abiertas y órdenes de aprehensión giradas por contra mujeres por aborto desde el mes de febrero al 30 de septiembre de 2011, primer año del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.
Se pidió a la PGJ detallar cuántas de estas órdenes han sido cumplimentadas y los municipios donde se abrieron, así como las edades de las inculpadas.
En respuesta, la dependencias informó que para entonces sólo había nueve averiguaciones previas abiertas contra el mismo número de mujeres, cinco de ellas en el municipio de Puebla, dos más en Ciudad Serdán, así como una en el distrito judicial de Acatlán y otra en Tehuacán.
Entre las acusadas por practicarse un aborto se encontraba una menor de apenas 14 años de edad, otra joven de 18, una más de 19 años, así como dos de 26 y 36 años, señaló la dependencia sin dar más detalles.
Respecto a las órdenes de aprehensión giradas y cumplidas, la PGJ respondió: “Hacemos de su conocimiento que no existen en los registros de esta Institución durante el periodo solicitado”.
Hasta 2012, versiones extraoficiales señalan que existen 21 mujeres procesadas y nueve consignadas por interrupción del embarazo; en al menos dos casos había causales para justificar el aborto, sin embargo el desconocimiento llevó a estas dos mujeres a reconocer un delito que no cometieron y a pagar una sanción.
Ante la controvertida ley en Puebla, 115 poblanas presentaron sendas solicitudes de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, la que —dicen— vulnerará sus derechos, inclusive de la anticoncepción.
“Ahora esta ley dice que la vida empieza en la concepción y por lo que la pastilla y el DIU desecha el ovulo fecundado, evitan que se instale en el útero, ¿entonces éstos van a ser ilegales?”, cuestionó.
Otro caso
Uno de los casos más sonados en ese entonces fue el de Guadalupe Luna, de 20 años de edad, quien tuvo dificultades con su embarazo de cinco meses al presentársele una fuerte hemorragia la que fue atendida en el Hospital Regional del IMSS de Tehuacán. Horas más tarde abortó.
Sin embargo, el Ministerio Público le inició el proceso 98/2011/TH, acusada del delito de aborto, el cual es penalizado con hasta seis años de cárcel sin derecho a fianza, como lo establece el Código de Defensa Social de la entidad.
Guadalupe Luna omitió contar a los médicos que la atendieron que utilizó tres pastillas de un fármaco controlado por el sector Salud, el que provocó las contracciones que terminaron por expulsar el embrión.
Los médicos detectaron la utilización de abortivos, por lo que dieron parte al Ministerio Público y fue detenida la joven, quien desde entonces estuvo convaleciendo custodiada por policías, enfermeras y médicos.
Guadalupe confesó haber comprado el medicamento, ya que decidió interrumpir su embarazo porque su pareja se negó a apoyarla, argumento que carece de efectos legales en el estado.
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El arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa ya se ha pronunciado por quitar la pena carcelaria a mujeres que abortan en Puebla y cambiarla por tratamientos médicos, psicológicos y atención “espiritual”.
“(…) hay que darle seguimiento a la persona que en este caso abortó, porque si llegó a extremo, pues fue por algo, ¿no? Y hay que darle un acompañamiento en todos los aspectos: médico, psicológico y espiritual, porque es una persona que sufre mucho”.
—En Puebla y varios estados hay una pena para quienes abortan, ¿qué se debería hacer entonces en lugar de meter a las mujeres que deciden abortar a la cárcel? —preguntó la prensa.
—Yo lo que decía es que hay que buscar la forma de dar acompañamiento a estas personas. Yo hablaba de una permuta (en vez) de criminalizar a una persona que llega a esta situación, por un seguimiento, un acompañamiento médico, psicológico para ayudar a esta persona a salir de esta situación.
—¿Se les tendría que imponer un trabajo social obligado? —le preguntaron.
—Alguna cosa parecida —contestó el arzobispo.
—También se ha dicho que el castigo a las mujeres que abortan es sexista, porque se deja a los hombres a salvo de cualquier responsabilidad —le comentaron.
—Eso es otra cosa, (también hay que) ver la culpabilidad de estas personas, en este caso del hombre —respondió.
La ley actual
El Código de Defensa Social para el Estado de Puebla sanciona de uno a tres años de cárcel a quien provoque un aborto con consentimiento de la mujer embarazada; de tres a seis años de prisión si falta el consentimiento de ella, y de seis a ocho años de cárcel si emplean violencia física o moral. Además, si el aborto es causado por un médico, cirujano o partera, se suspenderá de dos a cinco años el ejercicio su profesión.
