La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla insiste en la figura del arraigo a pesar de la resolución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de ser inconstitucional. En comparación con otras entidades federativas que comenzaron procesos para desaparecer esta figura jurídica, en Puebla se continúa implementando la criticada medida, en medio del mutis de las autoridades sobre su futuro.

Tan sólo en los últimos días arraigó a por lo menos otras tres personas para continuar con las investigaciones del homicidio de Karla López, caso que ha trascendido a nivel nacional al presuntamente ser asesinada por su expareja. La sentencia del supremo tribunal del país no ordena la libertad inmediata de las personas que están bajo este esquema, pero sí les da la oportunidad para que el juez valore si toma o no en cuenta las pruebas que se obtuvieron durante el arraigo. 

En 2013 la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH Puebla) recibió 19 quejas de personas que consideraron que la PGJ poblana violentó sus derechos humanos durante la ejecución de un arraigo; y en 2014 se han recibido ya dos quejas. La información proporcionada por el organismo a este reportero revela que de las quejas de 2013, 15 se encuentran concluidas y cuatro en trámite; y que de las quejas presentadas en 2014, ambas se encuentran en trámite.

Algunos de los derechos que los quejosos han señalado como vulnerados son: detención arbitraria, retención ilegal, imputar indebidamente hechos y trato cruel, inhumano o degradante. Además, acusan de intimidación, incomunicación, omitir notificar a la familia o conocidos sobre el arresto, detención, traslado, lugar de custodia, estado físico y psicológico, así como su situación jurídica, entre otros.

Versiones extraoficiales no negadas por las autoridades señalan que si la PGJ no apresura la recopilación de pruebas podrían salir del arraigo en libertad al menos 21 personas, entre ellas Manuel Forcelledo, acusado del homicidio de Karla López, en caso de que metan un juicio de amparo.

Se solicitó información oficial del número de personas que se encuentran arraigadas en este momento, pero los datos fueron negados por la oficina de prensa de la PGJ. Según información entregada a este reportero la semana pasada, por medio de la Ley de Transparencia, bajo la respuesta 00001814, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ha arraigado a 348 personas de febrero del 2011 a diciembre del 2013.

Anteriormente no se tiene registrado un sólo arraigo, según la respuesta de la Procuraduría General de Justicia, que revela además que de las 348 personas, solo 18 personas, 15 en 2013, que fueron liberadas al no encontrarse vinculación con el delito del que fueron acusados.

La situación en otros estados
Luego de la resolución de la SCJN, distintas entidades han determinado quitar la figura del arraigo para no caer en problemas de constitucionalidad. Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo anunció que acatará de inmediato la anulación de dicho precepto.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia hidalguense informó que “al día de hoy, no existen personas arraigadas en Hidalgo, y que la infraestructura dedicada para tal efecto ha dejado de ser operativa a partir del momento de la resolución de la SCJN”.

Por su parte, el gobernador del estado de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, directamente implicado en la resolución del máximo tribunal del país, aunque criticó la resolución emitida, señaló que se acataría.

“¿Cómo nos están pidiendo o exigiendo que los estados nos hagamos responsables de la seguridad en cada uno de los estados y nos quitan  los dientes y nos quitan el músculo para poder ejercer a plenitud la ley?”, reprochó. Mencionó que si bien pudo haber algún lugar en donde no se hizo una buena utilización del arraigo, ese “no fue el caso de Aguascalientes”.

En Chihuahua, donde se aplica la figura, la decisión de la SCJN no modifica su utilización, ya que es utilizada sólo como medida cautelar durante un proceso penal, según informó la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, a través de su portavoz, Jesús Eduardo González Sierra.

Explicó que en otras entidades la figura sobre la que se pronunció la SCJN se utiliza para detener personas e investigarlas, en tanto que en Chihuahua es ordenada por un juez a petición de un Ministerio Público, para obligar al acusado a sujetarse a proceso penal.

Desde junio de 2011, el estado de Chiapas desapareció el arraigo, luego de que 38 legisladores avalaron la iniciativa enviada por el entonces Gobernador Juan Sabines. En su momento, el mandatario chiapaneco explicó que el arraigo sirve cuando, por falta de capacidad, no se trabaja en la elaboración de la averiguación previa e integrar elementos suficientes para detener a una persona.

La insistencia
A pesar de esta situación, la PGJ mantiene los arraigos en Puebla, con el riesgo de que los detenidos salgan en libertad en caso de que sus casos lleguen a jueces penales. El caso más sonado en Puebla es el del homicidio de Karla López, cuyo primer sospechoso, Manuel Foncerrada, permanece arraigado desde el 7 de febrero, por lo que están a punto de cumplirse los 40 días que marca la ley y no se le han fincado responsabilidades ante un juez penal.

A parte de Forcelledo, ya fueron arraigadas otras tres personas, el último es una persona de la que no ha sido revelado el nombre y quien fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en posesión del automóvil de la víctima.

Pero también existe otro caso, el de los acusados por el homicidio del periodista de Guerrero Alonso de la Colina Sordo, exconductor de TV Azteca. Fue asesinado el 15 de abril de 2013 con un disparo de arma de fuego, cuando salía de la sucursal bancaria Santander, ubicada en el centro comercial Vía San Ángel, en la zona de Angelópolis.

En contra
En 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su gran preocupación sobre la utilización del arraigo en la lucha contra el crimen organizado, ya que cualquier persona puede ser detenida sin cargos durante un máximo de 80 días y sin las garantías jurídicas prescritas por los tratados internacionales.

Al respecto, Daniel Joloy, director de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que estudios de dicha organización han comprobado que muchos casos de implementación de esta figura han  erivado en casos de tortura y diversas anomalías.

“Evidentemente, es una puerta de entrada para la tortura, puesto que las personas detenidas están días aisladas; genera un incentivo a las autoridades encargadas de la procuración de justicia para obtener confesiones autoinculpatorias e incluso usar métodos violentos para obtener confesiones obligadas”, señaló el también catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los arraigos 
Según datos de la PGJ entregados a este reportero mediante una solicitud de acceso a la información, los arraigos en Puebla iniciaron desde 2011, año en que se arraigó a 94 personas por diversos delitos. Sin embargo, es notorio que el número de delitos por la que se ha aplicado ha ido crecido paulatinamente. Los arraigados fueron acusados en ese año como robo, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, trata de personas, delincuencia organizada y hasta robo de vehículo.

Para 2012, creció el número de personas con esta figura luego de que a 130 personas se les arraigo por los mismos delitos, aunados al de robo de infante, falsificación de documentos, violación y asociación delictuosa; solo dos salieron libres sin proceso penal. En 2013, fueron 124 personas las que arraigaron.

Tome nota
El pasado 25 de febrero, el pleno de la SCJN determinó que todas las personas que fueron arraigadas o que actualmente se encuentran bajo arraigo por delitos locales pueden presentar amparos en contra de esta medida, que, dijeron, viola la Constitución. La decisión del pleno busca alcanzar efectos como que los estados se desistan de aprobar leyes en materia de arraigo, que las autoridades dejen de aplicar el arraigo en delitos del fuero común y que los casos de arraigo por temas locales puedan ser revisados por los jueces.