Al menos 20 municipios se encuentran en la “mira” del Partido Revolucionario Institucional al realizarse las elecciones de las juntas auxiliares luego de los reportes que se han recibido por parte de ciudadanos que denunciaron bloqueos por parte de presidentes municipales y del gobierno del estado, aunque se reconoce que hasta ayer no había indicios de violencia.
El delegado presidente del Partido Revolucionario Institucional, Pablo Fernández del Campo, hizo un exhorto al gobierno del estado y a los ayuntamientos para garantizar un clima de tranquilidad en las comunidades y preservar la legalidad durante los plebiscitos que se realizarán en más de 600 juntas auxiliares este domingo.
Recordó que en municipios como Cuautlancingo, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal anuló las convocatorias, se siguió la línea para favorecer las planillas que habían registrado los partidos políticos.
Fernández del Campo reiteró que el PRI estará atento y vigilante de que el proceso electoral de estas comunidades se realice en estricto apego al marcho del derecho y coadyuvará como históricamente lo ha hecho en todos los procesos democráticos.
Indicó que fue el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través del Comité Directivo Estatal, quien llamó al gobierno estatal para generar las condiciones de seguridad en todas las demarcaciones donde habrán de realizarse los plebiscitos y, de esta manera, garantizar un clima de certidumbre para los ciudadanos.
Instó a los ayuntamientos, encargados de conducir el proceso, para que lo lleven a buen término y den certidumbre a los ciudadanos de que su voto será respetado.
Reiteró que continúan las irregularidades en al menos 20 municipios del estado en lo referente a la elección de las juntas auxiliares a cuatro días de que se lleve el proceso, e indicó que el instituto político mantendrá la orientación a los ciudadanos que se sientan afectados.
Dijo que a pesar de que se pidió en los tribunales el respetar la decisión de los ciudadanos, desde el gobierno del estado se mantuvo la operación para frenar el registro de aspirantes en los centros integrales de servicio de Puebla y Tehuacán, pues se retrasó la entrega de documentos como los certificados de no inhabilitación, así como de antecedentes no penales.
Precisó que la obligación de la autoridad es aplicar la ley, por lo que exhortó a los ayuntamientos a seguir privilegiando la seguridad y la legalidad, aunque insistió en que se están recibiendo reportes de ciudadanos que no son registrados.
El PRI como partido de la legalidad estará pendiente para asesorar y apoyar a los ciudadanos que sientan que sus derechos políticos han sido violados por los procedimientos electorales.
