Primero un factor sorpresa, luego la displicencia de los encargados de investigar delitos relacionados con drogas —del Centro de Operaciones Estratégicas, el COE—, además del desinterés del gobierno de Puebla por reconocer que en el estado sí opera el crimen organizado, enmarcaron el desmantelamiento de una célula de presuntos “zetas”, ocurrida durante la madrugada del miércoles 11 de junio en el interior del bar Bikinis, ubicado sobre el bulevar Forjadores, en el municipio de Cuautlancingo.
Elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, atendiendo una llamada de auxilio que indicaba que dentro del bar había un grupo de sujetos que se negaba a pagar la cuenta, detuvieron a nueve sujetos que forman parte de un grupo del crimen organizado, entre los que se encuentran los dos “jefes de plaza”, presuntamente dedicados a los “levantones”, extorsión, además de la distribución de drogas como la cocaína. Los “malandros” se dijeron originarios de Poza Rica (Veracruz) y, además de operar en las dos Cholulas, su cobertura llegaba a Atlixco, Matamoros e incluso hasta Amozoc de Mota.
Los sospechosos de pertenecer al crimen organizado fueron identificados por el dueño del bar, y de otros negocios del mismo giro, de ser quienes los obligaban a vender “grapas” de cocaína utilizando a sus empleados para hacerlo; de negarse, los amenazaban con que los iban a matar y les mostraban las fotografías de dos hombres ejecutados —un exjudicial que trabajaba como taxista y un exguardia de seguridad— que se negaron a distribuir alcaloides para ellos.
Los detenidos son David Martínez Espinoza, alias “Comandante Yankee”, quien decía ser jefe de esta célula; Joel Vázquez Ramos, “Comandante Mazo”, jefe de escoltas y “brazo derecho” del “Comandante Yankee”, además de otros con los apodos de “El Tijuana” y “El Negro”, quienes estaban a cargo de cobrar la distribución de las drogas, y los restantes, que eran escoltas, a quienes les aseguraron cerca de 50 “grapas” de cocaína y 38 mil pesos en efectivo, producto del cobro de la misma, así como tres vehículos en los que se transportaban, además de 19 celulares.
Otro implicado en la organización tendría el apodo de “El Hummer” o “El Chino”, quien al parecer vive en territorio poblano; este sujeto no fue detenido.
Los sospechosos fueron remitidos de inmediato a las instalaciones del COE que se ubican en San Andrés Cholula, donde el Ministerio Público de la Federación se negó a recibirlos bajo el argumento que no llevaban suficientes drogas como para iniciarles una investigación, primero por la posesión de las mismas, además de que también eran presuntos responsables de los delitos de extorsión y de delincuencia organizada, decían pertenecer al grupo armado de los “Zetas”.
Antes de la detención fortuita —nadie sabía que eran “zetas”— la Procuraduría General de Justicia (PGJ), además de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal (SSPE), incluso el Ejército mexicano, había recibido informes de que un grupo de hombres armados con rifles de asalto recorría gran parte del bulevar Forjadores y los municipios de San Pedro Cholula y Cuautlancingo, y colocaba retenes para revisar vehículos, presuntamente en busca de vendedores de droga que les hicieran la competencia.
Estos mismos sujetos interceptaron a los valet parking de varios negocios para amenazarlos y entregarles una bolsa con “grapas” de cocaína para que las vendieran; en caso contrario, les dijeron que los iban a matar, lo que provocó que varios decidieran renunciar y, por lo menos dos salir del estado, antes de ser blanco de alguna agresión.
La detención de los sospechosos se originó en el interior del bar Bikinis, cuando al encontrarse en estado de ebriedad y drogados se negaron a pagar la cuenta.
El encargado del bar, José Vega, quien es hermano del propietario, de nombre Miguel Vega, fue quien salió del negocio y vio pasar una patrulla de la Policía Municipal, a quienes les pidió ayuda por lo que estaba ocurriendo y éstos pidieron refuerzos, ingresaron y los detuvieron, incluso llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) intervino en las investigaciones, ya que los detenidos estarían relacionados en varios casos de extorsión, además de secuestros y homicidios.
