A los primeros ocho meses de este 2014, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH-Puebla) ha emitido 12 recomendaciones, una sola contra el gobierno de Puebla, a pesar de todos los problemas y criticas en esta materia.
Desde que comenzó el sexenio estatal, en febrero del 2011, se emitieron 126 recomendaciones, 26 de ellas sólo fueron contra autoridades del gobierno del estado, de las cuales apenas 14 las emitió la administración de Adolfo López Badillo.
Con estos números y un bajo nivel de credibilidad, según organismos no gubernamentales (ONG), el presidente de la CDH-Puebla, Adolfo López Badillo, buscará reelegirse por cinco años más.
De las 126 recomendaciones, 92 han sido en la gestión del presidente de la CDH-Puebla, y las 35 restantes se emitieron en tan solo seis meses, cuando Marcia Maritza Bullen Navarro presidia el organismo, 12 de ellas contra autoridades estatales.
Al menos 19 personas, llamadas ahora presos políticos, han sido detenidas en los últimos meses mediante uso de la fuerza pública, por protestas contra distintas situaciones, como defensa de mototaxis y oposición a la construcción del gasoducto.
Sin embargo, la CDH-Puebla no ha emitido ninguna sola recomendación al respecto, además de que guardó silencio a temas polémicos como la llamada “ley Bala”, que daba facultades a policías del uso de armas de fuego en manifestaciones.
Incluso, en su reciente informe, presentado por Adolfo López Badillo, las recomendaciones pasaron a segundo término, ya que solo fueron sobre las quejas contra autoridades, dejando a un lado las recomendaciones.
Por ley, las indagatorias de presuntas violaciones graves a derechos humanos, como la pérdida de la vida o golpes y lesiones, no pueden conciliarse.
Por lo tanto, las autoridades pueden evitar la recomendación resarciendo el daño, es decir, pagando hospitalización en dado caso o cese de elementos policiacos
Sin embargo, existen quejas de ciudadanos a quienes simplemente no se les toma en cuenta su denuncia, ya que se les convence de que no procederá.
Pero para que no se note la diferencia de los números, la institución protectora de derechos humanos en Puebla dio la orden de enumerar en su página oficial de internet también las conciliaciones junto con las recomendaciones, lo que antes no se hacía.
Ahora las recomendaciones no se emiten mediante boletines de prensa, como se acostumbrada desde que fue creado el organismo. Solamente ya son subidas a la página de internet oficial.
¿El premio?
Desde el 21 de mayo pasado, gobernador Rafael Moreno Valle, la semana pasada envió una iniciativa de ley para incrementar de tres a cinco años la gestión del presidente de la CDH-Puebla.
Lo anterior implica que el actual titular, Adolfo López Badillo, podría salir por lo menos hasta el 2019 del cargo, luego de que ya se preparaba para terminar su primera gestión de tres años, pero se podría incrementar al menos otros cinco.
Ahora el ombudsman hizo oficial su deseo de extender su periodo al frente de la comisión, aunque aclaró que no ha tomado una decisión formal.
De seguir en el cargo tendría acceso a un periodo posterior de cinco años toda vez que la iniciativa propuesta por el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, obtenga el aval de los diputados locales.
“Hoy el organismo cuenta con la confianza de la sociedad civil organizada, de las instituciones privadas y públicas y de personas que hacen uso de los diversos servicios, quienes han reconocido los avances generados y se han sumado para fortalecer la ratificación, al desear la continuidad en los aciertos, y a su vez trabajar en las áreas de oportunidad que se requiera”, afirmó mediante un comunicado Adolfo López Badillo, a pesar de los números y situaciones señalados.
“A lo largo de tres años de trabajo con un equipo de colaboradores comprometidos ha sido posible llegar a miles de niñas y niños, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, personas privadas de su libertad, pueblos y comunidades indígenas, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad en todo el estado, para darles a conocer sus derechos y deberes, atender y resolver sus quejas logrando restituir sus derechos humanos, fortaleciendo así la Cultura de la Legalidad”, se dijo en el texto oficial.
El escrito de ratificación fue presentado en la Secretaría General del Congreso del estado de Puebla y cuenta con el apoyo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la Abogacía, la Asociación Estatal de Padres de Familia, 27 Escuelas, institutos y universidades, dos Redes de organizaciones y 110 organizaciones de la sociedad civil.
