Verónica Chávez Cruz, hasta el jueves 25 de septiembre comandante de la Policía Ministerial del Estado (PME), adscrita a la Octava Comandancia, fue declarada formalmente presa como presunto responsable del delito de secuestro exprés, por el Juzgado Primero de lo Penal.
Junto con la exservidor público, a dos ahora exagentes —Armando Castro Gómez, placa 314, y Máximo Guadalupe Alonso Portada, placa 217—, antes de la media noche del jueves le fue dictado un auto de formal prisión sin derecho a fianza, acusada de haber detenido a un hombre y pedirle la cantidad de 2 mil pesos para dejarlo en libertad.
Los tres exservidores públicos fueron consignados por la Dirección General Para la Atención de Delitos Relacionados con los Servidores Públicos, tras ser remitidos por elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), al frente del comandante Oro, por la denuncia directa presentada al director de la ministerial, Juan Luis Galán Ruiz.
Los sospechosos del delito de secuestro exprés fueron detenidos en las instalaciones de la Octava Comandancia y trasladados a la fiscalía especializada, donde el afectado los señaló en forma directa, además de la esposa de éste, quien fue la primera en denunciar lo ocurrido, cuando su esposo se encontraba privado de la libertad.
Roberto Torres Huerta, quien al parecer se llama Elías Cruz Armenta, denunció haber sido detenido por los agentes de la octava comandancia en la zona de Cuautlancingo en posesión de una cantidad indeterminada de marihuana, que los agentes ahora procesados y otro más que permanece a "salto de mata" le habían pedido 20 mil pesos para dejarlo libre, pero sólo alcanzó a juntar 2 mil.
José Luis Ramírez Téllez, el abogado de los tres ministeriales procesados, defendió que a sus clientes que los detuvieron en otro lugar distinto al que aparece en el informe policíaco, además de que no hubo flagrancia en el delito, no les encontraron los 2 mil pesos que presuntamente habían sido marcados.
La defensa también señaló que el afectado falseó en la dirección de su domicilio que proporcionó en su denuncia, además de que la esposa de éste no entregó, como prueba, el teléfono celular que dice utilizó para estar en comunicación directa con el jefe de los ministeriales durante el presunto secuestro exprés.
Cómo consecuencia solicitó al Juez Primero de lo Penal, dentro del Proceso 326/2014, que fuera citado el comandante con clave Oro y los elementos que realizaron la detención, pero desacataron la orden del Juez y no llegaron a los citatorios con apercibimiento.
Con estas irregularidades el abogado Ramírez Téllez informó que solicitará la protección de la justicia federal para sus clientes, a quienes ya les notificaron su baja de la PME.
