El activista Juan Carlos Flores Solís dejaría la cárcel, luego de que este jueves un tribunal colegiado del Poder Judicial federal resolverá su situación, tras detectar irregularidades en su aprehensión y proceso.

Lo anterior fue revelado luego de una reunión y rueda de prensa de la Federación Internacional de Organismos de Derechos Humanos (FIDH) de Ginebra y Paris, donde se recibieron las quejas de los casos de algunos presos políticos poblanos.

En el evento se informó que, tras un estudio realizado por la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se catalogó a Puebla como la segunda en el país con más casos de agresiones a activistas, con nueve casos documentados, debajo de los 32 que presenta Oaxaca.

En lo que respecta a Juan Carlos Flores, se mencionó que es uno de los casos emblemáticos de la represión no sólo en Puebla, sino en México, lo que ha permeado en organizaciones internacionales, quienes buscan protegerlo.

Hugo Marín, representante del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, además de parte de su equipo de defensa legal, señaló que este jueves 4 de diciembre se define el futuro del activista, preso en el penal de San Pedro Cholula.

Recordó que el 27 de agosto pasado, el Juzgado Séptimo de Distrito decidió amparar a Juan Carlos, otorgando el amparo donde se ordena que se deje inexistente el auto de formal prisión que le dictaron el 14 de abril anterior.

Sin embargo, el agente del Ministerio Público, dependiente de la Procuraduría de Puebla, interpuso un recurso de revisión que será resuelto este jueves, según información del segundo tribunal colegiado en materia penal.

“Seguramente se le va a dar cumplimiento al amparo y protección de Juan Carlos, de acuerdo a la agenda del tribunal”, señaló al indicar que el proceso se remitiría inmediatamente al Juzgado séptimo, para que quede en libertad la semana siguiente.

Explicó el abogado defensor que en la sentencia de amparo ganada se ordenó se motivara y precisara cuál fue la participación en cada uno de los delitos que le inculparon.

“De acuerdo a la valoración del juez de distrito, no se acreditaron los delitos o su participación; debe de ser así, sino se repetiría el auto de formal prisión”.

Señaló que en caso contrario presentarían una inconformidad ante el proceso o resolución de los magistrados federales, aunque hay confianza que le dé la libertad.

Dijo que como pruebas han documentado que nunca estuvo el día de la manifestación, el 7 de marzo, en la que alegan participó contra el proyecto Morelos, que construye el gasoducto.

Señaló que a la misma hora, Juan Carlos Solís se encontraba en las oficinas de Secretaría General de Gobierno de Puebla, por lo que no pudo estar presente en la manifestación en la que lo acusan de agresiones y privación ilegal de la libertad contra agresiones.

Señaló que una vez que pueda ser liberado, el mismo proceso serviría a otros presos políticos como Enedina Rosas Vélez, ya que también se acreditó que el ayuntamiento de Atlixco jamás dio permisos para la construcción del gasoducto, por lo que sería ilegal.

Puebla, en la mira
El último reporte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) señala que los defensores del derecho a la tierra nunca han estado tan expuestos a la represión como ahora.

Son víctimas de amenazas, ataques, hostigamiento, difamación, asesinato o desaparición, en casos se quedan en total impunidad en todo el país.

De enero de 2011 a agosto de 2014, se documentaron en todo el mundo 106 casos de hostigamiento contra 282 defensoras y defensores del derecho de la tierra y contra 19 organizaciones no gubernamentales dedicadas al mismo tema.

El informe señala: “No tenemos miedo. Defensores del derecho a tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado”, se informa que 95% de los casos permanecen en total impunidad debido a la “incapacidad de los Estados para obligar a los autores a rendir cuentas por sus acciones o por negligencia”.

Tras analizar casos de 29 países, ese organismo internacional concluyó que existen cuatro formas para atacar a los defensores del derecho a la tierra.

Esos ataques son como vulneraciones a su integridad física —que incluye amenazas, ataques, asesinatos y desapariciones—, hostigamiento judicial y leyes represivas; difamación; y vigilancia ilegal.

En México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental denunció entre 2009 y 2012 ocurrieron al menos 50 ataques en 17 entidades, nueve de ellas en Puebla.

La mayoría de estos fue contra defensores que se oponían a proyectos de minería y explotación forestal, pero también se atentó contra activistas vinculados a proyectos turísticos, inmobiliarios, hidráulicos y de infraestructura.

Sobre detenciones arbitrarias, hasta junio de 2014 se documentaron 17 casos de defensores que continuaban en prisión o en situación de arresto domiciliario en países como Birmania, la República Democrática del Congo, Ecuador, Guatemala y México, incluyendo a Puebla.

A ello se suman otros 32 casos de hostigamiento judicial contra 123 defensoras y defensores del derecho a la tierra, entre los que también aparecen activistas mexicanos y el poblano Juan Carlos Flores.

La FIDH alerta que la mayoría de los defensores del derecho a la tierra trabajan en zonas remotas y no gozan de protección de actores como medios de comunicaciones e instituciones gubernamentales de defensa de derechos humanos, por lo que es clave acabar con su aislamiento y visibilizar sus casos.

El reporte destaca el papel de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que entró en vigor en 2012, pues aunque no es una legislación específica para defensores de la tierra, sí los ubica como un grupo en riesgo.

Pero las cifras de la Secretaría de Gobernación muestran un retraso de atención de casos, de 70por ciento, para finales de febrero de 2014, y que por el tipo de mecanismo de protección deja fuera los casos en los que se criminaliza a los defensores y ofrece garantías “insuficientes”.

Y aclara finalmente que aunque el derecho a la tierra no está enlistado como un una garantía individual, es clave para el ejercicio de otros como la vivienda, la alimentación, la salud o a la autodeterminación.