Las declaraciones del secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, asegurando que no hay presos políticos en Puebla, indignaron a los activistas sociales del estado, quienes lo retaron a que se confronte con los abogados y familiares de los detenidos, para revisar los expedientes donde constan las atrocidades cometidas por la administración morenovallista.

El abogado Alejandro del Castillo, defensor del presidente auxiliar de Chalchihuapan —uno más de los presos de esta administración—, dijo que el gobierno quiere evadir sus responsabilidades y criminalizar los movimientos sociales. “Estamos dispuestos a demostrar que sí son presos de conciencia”.

De las atrocidades en contra de los líderes políticos, reveló el litigante, los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional son corresponsables, porque en el estado de Puebla, recordó, son cogobierno, por eso dijo que es tiempo de que ajusten las anomalías en su partido y dejen de vivir una simulación de gobierno.

Por su parte, Hilario Gallegos, asesor del presidente auxiliar de La Resurrección, también preso, dijo que Puebla vive el poder de la ignorancia, por eso recomendó que la autoridad revise los expedientes de las atrocidades cometidas por la PGJ.

En el gobierno de Moreno Valle, reiteró, es evidente el desconocimiento, la ignorancia y el poder que prevalecen, pero además también resulta lamentable que Rafael Micalco Méndez, presidente del PAN poblano, no se pronuncie por la represión que se vive en Puebla por parte del gobernador Rafael Moreno Valle.

Asimismo, dijo que Pablo Rodríguez, líder municipal del PAN en Puebla, “es un agachado” que se mantiene en silencio y sumiso al gobierno poblano. “Le exigimos que presenten un posicionamiento público urgente de lo que hace Moreno Valle en contra de la sociedad”.

Por su parte, la activista del MAS, Irene Herrera Delgado, exigió que también el PRD ofrezca un posicionamiento claro sobre la existencia de los presos políticos, porque hasta ahora están dedicados a solapar “a una bola de pillos, y no dan la cara para decir lo que pasa con todas las leyes abusivas aprobadas en Puebla”.

Por eso, dijo que los grupos sociales no quitarán el dedo del renglón en insistir que la justicia regrese a Puebla. “Nosotros les pagamos y nos afectan, el gobierno es un represor y los diputados son levanta-dedos y nosotros les pagamos”.

El líder del Movimiento por la Alternativa Social, Marco Antonio Mazatle Rojas, reveló que hasta el momentotienen contabilizados a  85 poblanos que han pisado la cárcel de manera injusta, en el sexenio de Rafael Moreno Valle.

Esos habitantes de diferentes regiones del estado, agregó, tienen como característica similar que les imputan fianzas inalcanzables de pagar o que no terminan por recibir la justicia total que sus casos demandan.

Como ejemplo, citó el caso de la última presa política, Enedina Rosas Vélez, quien a la fecha permanece en arraigo domiciliario, pero también el caso de Delfino Flores Melga, que murió en prisión, a pesar de no tener edad para permanecer encarcelado.

Aunado a esos lamentables casos, recordó, en el estado de Puebla hay muchos asuntos graves de tortura, por eso expresó: “Ojalá que en Puebla no hubiera presos políticos”. Lo cierto es que resulta creciente la represión y la existencia de presos políticos, solamente por oponerse a las políticas de gobierno.