Al presentar ocho denuncias por hostigamiento y más de 60 amparos en contra de la empresa Concesiones Integrales, que administra el servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Puebla, Gerardo Pérez Muñoz, de la Asamblea Social del Agua, aseguró que el 80 por ciento del vital líquido que llega a los hogares es de mala calidad.

Asimismo, dijo que ya recurrieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que coadyuve en la defensa de los inconformes por el pésimo servicio que ofrece Concesiones Integrales. Además, denunció que personal de la empresa hostiga permanentemente a los habitantes del municipio, y los filman como una manera de represión y de intimidación. “Mandan requerimientos de pagos o nos amenazan con cortar el servicio”.

Y aunque tienen muchos amparos y varias denuncias por el pésimo servicio del agua que les brinda el SOAPAP y Concesiones Integrales, reconoció que hasta el momento ninguna se ha resuelto a su favor, por lo que seguirán en la lucha para que la empresa cumpla con ofrecer un servicio de calidad.

La persecución que sufren de parte de los trabajadores de Concesiones Integrales, aseguró Pérez Muñoz, es creciente, pero saben que no hay disposición de ofrecer servicios de calidad. “La empresa no entrega los recibos y ya hicimos cinco solicitudes colectivas para solicitar que nos entreguen las boletas”.

El SOAPAP y la empresa que controla el servicio, agregó, hacen caso omiso a las inconformidades ciudadanas y, aunque se manifiestan para exigir la calidad necesaria, no les hacen caso y no los atienden. “Nos dicen violentos y agitadores, cuando ellos son los que tienen cola que les pisen”.

En rueda de prensa, denunció que las autoridades estatales y el Congreso del estado ignoran descaradamente las solicitudes que les giran, para que coadyuven en la resolución de las inconformidades. “Hace dos meses demandamos la derogación de las reformas a la Ley del Agua, pero no tenemos respuesta”.

Esa reforma en la Cámara de Diputados, recordó, tuvo como consecuencia la privatización del agua, lo que ya generó crecientes afectaciones en el servicio y el encarecimiento del mismo, “que tenemos que pagar o nos quitan el servicio”.

Desde la Asamblea Social del Agua, agregó Gerardo Pérez Muñoz, presentarán otros oficios en los que reiterarán sus peticiones y la posición que, de no recibir contestación directa sobre sus demandas, con fecha límite de febrero del 2015, se verán en la necesidad de desconocer la autoridad del gobierno poblano.

Como medida de auxilio, dijo que también recurrieron al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, para que intervenga en defensa de los habitantes del municipio.

Pérez Muñoz refirió que ya solicitaron formalmente que les retiren los medidores, porque son instrumento de acoso social y de control a los poblanos.

Por eso, dijo que mantendrán la lucha por un servicio de calidad y porque la autoridad y el consorcio mejoren el servicio que ofrecen a los ciudadanos. “Por eso seguiremos manifestándonos en las oficinas centrales del SOAPAP, hasta lograr que la autoridad actúe a favor de la población y no de los particulares que ven en el agua el negocio de su vida”.

A detalle
Los integrantes de la Asamblea Social del Agua no encuentran voluntad de la empresa, del SOAPAP y del gobierno poblano, para ofrecer un servicio de calidad; y contrario a eso, concluyen que utilizan ese importante servicio para amedrentar y asustar a los usuarios con cortarles el agua.