Sólo 20 por ciento de los concesionarios con rutas que abarcan el tramo de la 11 Norte-Sur aceptó unirse a un fideicomiso para la línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). Sin embargo, las cifras son extraoficiales debido a la opacidad en que ha incurrido la Secretaría de Transportes (ST), a cargo de Bernardo Huerta Couttolenc.

Ni siquiera el enlace de comunicación de la dependencia, Pedro Quiroz, toma las llamadas de este medio de comunicación, luego de que se le pidió información sobre el futuro de las rutas; simplemente colgó, para no volver a contestar.

En tanto, fuentes de transportistas, quienes insisten en el anonimato por temor a represalias, señalaron que la única propuesta que han tenido fue hace más de seis meses, para conformar un fideicomiso como el que se hizo para la línea 1 de la RUTA. Sin embargo, en aquella ocasión nadie aceptó la propuesta al desconfiar de las autoridades, ya que en una carta primero deberían de entregar su concesión a la ST.

Pero con el paso del tiempo, al menos 20 por ciento —de más de 350 concesionarios— ya aceptaron, en su mayoría argumentando temor a más represalias, si llegan a inconformarse contra las autoridades, sobre todo al ver la aprehensión de decenas de presos políticos. Pero el resto de los concesionarios han recurrido a centenares de juicios de amparo, los cuales están procediendo poco a poco.

Por el momento, como Intolerancia Diario lo ha informó, al menos 40 transportistas se han protegido para que no les apliquen las reformas a la Ley de Transporte y sus unidades puedan seguir circulando. Lo anterior implica que el gobierno de Puebla no les puede retirar la concesión, solamente hacer los cambios de ruta o derrotero necesarios ante la llegada del metrobús en la zona de la 11 Norte-Sur.

Todos estos meses la dependencia estatal ha mantenido silencio sobre la situación, haciendo que la incertidumbre crezca no sólo en los concesionarios, sino también en los empleados que viven de estas rutas de transporte público.

Señalaron que este hermetismo es el que provocó que acudieran a la justicia federal para protegerse ante la llegada del metrobús, y sobre todo ante la experiencia ganada por el ejemplo de la línea 1 del RUTA. En la primera línea de este nuevo sistema de transporte fueron retiradas alrededor de cien concesiones, con la promesa de que los transportistas serían parte de un fideicomiso en el cual recibirían alrededor de 6 mil pesos mensuales.

Sin embargo, al paso del tiempo, el dinero no les fue pagado por la empresa Servicios Articulados de Puebla (SAPI), mientras que el gobierno estatal inició una recuperación de la administración del RUTA ante supuesto fraude, por lo que los concesionarios se quedaron fuera.

Hace unos meses, el gobierno del estado retomó la administración de la línea 1 de la RUTA, la cual es ahora manejada por la dependencia estatal Carreteras de Cuota, luego de que apenas un día antes se reformó la Ley del Transporte en el estado, donde se le facultó.

Fueron 152 concesionarios que circulaban sus unidades por el derrotero actual del metrobús los que participaban en RUTA como accionistas, al cobrar 5 mil pesos mensuales, los cuales dejaron de pagarles hace medio año y ahora ya no cuentan con nada. “Ese fue un engaño que les hicieron a los concesionarios, primero les doraron la píldora al decir que recibirían su dinero sin trabajar, con el supuesto fideicomiso, pero les metieron una empresa que lo iba a administrar.

”Ellos entregaron inocentemente sus concesiones, sin luchar, firmando todo, por lo que para el gobierno ya le fue fácil deshacer ese fideicomiso y dejar fuera de la jugada a cientos de familias; ellos mismos entregaron su patrimonio”, indicaron.

Por lo tanto, subrayaron, buscaron el amparo contra las modificaciones a la Ley de Transporte, para que no puedan retirarles las concesiones, por las que están dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias.
 
Fue en los primeros días de noviembre cuando el juez de distrito resolvió a favor de los concesionarios al otorgar la suspensión definitiva de los alcances de la legislación que pudieran perjudicarlos.

Sin embargo, la Secretaría de Transportes no se quedó de brazos cruzados y metió un recurso de revisión para que sea un cuerpo colegiado conformado por magistrados de la justicia federal el que revise el amparo que perdieron, que sería su última opción.

Se espera que sea a finales del 2014 o principios de 2015 cuando los magistrados federales del Poder de la Judicatura federal resuelvan el asunto, justo unos días antes de la inauguración de la línea 2 de la RUTA.

Todavía quedan pendientes más de 300 juicios de amparo que están buscando protegerse para evitar que desaparezcan más de 30 rutas ante la inminente llegada del metrobús. Los transportistas son de las principales rutas o derroteros que cruzan la avenida 11 Norte-Sur, al tiempo de acusar que la Secretaría de Transportes, quien no les ha emitido ninguna información.

“Nada, nadie de gobierno nos dice nada, ni nuestro futuro, ni que será de nuestras rutas; hay una total opacidad”, dijo uno de los concesionarios, al solicitar anonimato por temor a que haya represalias por hablar con la prensa, lo que les prohibieron.

Aún se desconoce el futuro de los conductores de las unidades, pues se calcula que cada uno de los 300 camiones generan cinco empleos directos, por lo que cerca de mil 500 familias serían afectadas. “Los transportistas no saben nada de nada”, dijeron.

Hace más de un año se presentó oficialmente la nueva línea del metrobús, que tendrá un costo de más de 2 mil millones de pesos, por lo que desde entonces se negocia con transportistas sobre su papel en este proyecto.