Los grupos sociales del estado de Puebla se deslindaron de tolerar y financiar grupos golpistas en el estado de Puebla, por lo que responsabilizaron al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, de un intento más por desestabilizar al movimiento social.

Ante eso, los grupos de la sociedad civil activa poblana negaron rotundamente que sus integrantes recluten personas para formar un grupo de choque contra posibles manifestaciones en Puebla.

Lo anterior, en respuesta a una llamada telefónica recibida el domingo pasado, donde al integrante del MAS Marco Antonio Mazatle Rojas le pedían detalles para la contratación de cien personas para integrar un grupo golpista para enfrentar a ciudadanos que protestarían en San Andrés Cholula.

Y aunque no tienen detectado el origen de la llamada, alertaron a la sociedad de posibles intentos de la autoridad poblana por generar desprestigio a los movimientos sociales, por eso reiteró que responsabilizan al mandatario poblano de buscar desprestigiar a las organizaciones sociales.

“Hacemos responsable al gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle por las acciones que buscan desacreditar al movimiento ciudadano, polarizar organizaciones y preparar escenarios violentos para luego responsabilizar a otros actores sociales de manera premeditada”.
Ante eso, dijo que los grupos sociales reiteran su posición pacífica y de diálogo para la solución de conflictos, por lo que ratifican su llamado a favor de las garantías y respeto a los derechos humanos.

Las agrupaciones civiles creen firmemente, aseguró, que el derecho a la protesta social es una herramienta fundamental para visibilizar públicamente conflictos y problemáticas que viven los ciudadanos.

Consideró que solamente sensibilizando a la sociedad y generando solidaridad con las causas justas e incentivando a las autoridades responsables a abrir canales de interlocución se pueden alcanzar condiciones de paz social.

Lo que no entiende la autoridad poblana, reveló el líder del MAS, es que el derecho a la protesta comprende el disfrute de una serie de derechos reconocidos internacionalmente, entre los que se incluyen la libertad de expresión y opinión, la libertad de asociación y la libertad de reuniones pacíficas.

Ante el acoso gubernamental, afirmó Mazatle Rojas, no dejarán de pronunciarse a favor de las personas que han sido víctimas de autoridades en el estado y a las que se les ha violentado el derechos a la vida, la libertad de reunión, de seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica y abuso de poder.

Los grupos de defensa social, aseguró, reiteran que se suman a las demandas justas y legítimas de los pueblos afectados por las políticas represoras del gobierno del estado, ante lo cual no se intimidarán ni callarán.