Los 17 centros de verificación ambiental que operan en el estado trabajan en la ilegalidad desde su apertura; desde el principio no cumplieron con lo estipulado en la convocatoria. Además, algunos de ellos debió negárseles la concesión desde un principio, sus antecedentes e irregularidades en otros estados ahí están.
La convocatoria del mes de julio de 2014 precisó que a más tardar el 15 de octubre de 2014 estarían operando todos los centros; sin embargo, cuatro lo hicieron dos semanas después, estos fueron San Martín Texmelucan (sancionado en la ciudad de México),  Tepeaca, Ciudad Serdán y el ubicado sobre la 25 Poniente en Puebla. El resto hasta diciembre, sin que existiera una sanción por parte de las autoridades ante el incumplimiento del compromiso.
Asimismo, hubo omisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, la cual encabeza Mario Rincón González, una vez que documentos del proceso de asignación de las nuevas concesiones demuestran como las empresas de la Ciudad de México incumplieron desde un principio la convocatoria emitida, e incluso la propia concesión.
 
Las sancionadas


Luego de que se llevó a cabo la licitación número SDRSOT-CONV-OCCV-204/001, para la apertura de nuevos Centros de Compromiso Ambiental, estuvo diseñada para empresarios foráneos que tienen intereses con funcionarios del gobierno poblano, destaca que tres empresas ganadoras fueron clausuradas en el Distrito Federal, siendo uno de los impedimentos de acuerdo al punto 12 de la convocatoria.
Las empresas sancionadas en la capital del país son: Verificación Barragán, Verificentro San Joaquín, y Centro de Verificación Tamaulipas, pese a ello el gobierno del estado les dio las facilidades para instalarse.
 
Las irregularidades


En el punto  14  de la convocatoria se establecía que para operar un centro de verificación debe tener una superficie mínima de 1,200 metros, en el caso del verificentro de la 25 oriente y 20 sur, la superficie máxima alcanza apenas los mil metros cuadrados, otros centros tampoco cumplieron con las dimensiones.
En el punto 27 de la convocatoria se establecía que serán descalificadas las empresas que no respeten el área de los mil 200 metros, y de acuerdo a fuentes consultadas varios de los establecimientos violan la norma.
Asimismo, se establece que se descalificará si se comprueba que hubo acuerdos del  participante para obtener ventaja.
Según información proporcionada, los ganadores de la licitación no tenían disponibles los terrenos al momento de la adjudicación.
 
Ataque a los poblanos


Empresarios del ramo consultados señalaron que el secretario Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Mario Rincón González, incumplió con el compromiso de apoyarlos para que mantuvieran las concesiones, y denunciaron que se dio una prórroga a los empresarios que no abrieron en el mes de octubre como se anunció concretamente el día 15 de junio.
Señalaron que se dieron facilidades a las empresas foráneas que han sido clausuradas en el Distrito Federal, sin embargo, Rincón González señala que en Puebla se van a portar bien.
La licitación establecía un plazo de 60 días para que operen sin embargo esto no se cumplió y por ello se dio un plazo que es violatorio de la ley.
 
La distribución y el caos

Los verificentros operan en la ciudad de Puebla Atlixco, Acatlán, Chalchicomula de Sesma o Ciudad Serdám, Izúcar de Matamoros, Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tepeaca, Tecamachalco, Teziutlán, Tehuacán, Xicotepec de Juárez y Zacatlán.
Puebla concursó 5 establecimientos, mientras que el resto solo uno, lo que implica la incorporación de nueva tecnología en los centros de verificación como líneas dinámicas, en las que se revisará una unidad a la vez.
Para el caso de Tehuacán son necesarias cuatro de estas líneas, mientras que para Atlixco y San Martín Texmelucan se requieren tres. Los demás establecimientos requieren dos y en Xicotepec de Juárez solo una.
 
Ilegales, unidades móviles


Asimismo, se denunció que se está preparando la entrada en operación de las llamadas unidades móviles mismas que se ha demostrado se presta para la corrupción ya que no se garantiza su verdadera efectividad.
Las fuentes recordaron que estas unidades operaron hace   quince años y se demostró que no eran confiables ya que se alteraba la calibración por el movimiento, por ello se dejaron las unidades fijas.
Explicaron que en la Norma Oficial Mexicana número 47 no se contempla el uso de estas unidades por lo tanto si se permite a los nuevos concesionarios el utilizarlas se estaría violando la ley.