Mientras 80 ciudadanos comenzaron procesos de amparo, organizaciones conformaron un frente de resistencia civil en contra de la verificación vehicular, quienes calificaron la revisión ambiental como un “atraco y fraude multimillonario” en contra de los poblanos.
El gobierno del estado se embolsará más de 615 millones de pesos por las multas de los poblanos que no pudieron verificar sus automóviles.
Por lo tanto, nueve organismos civiles se unieron para promocionar amparos masivos, protestas, así como la exigencia para que el titular de la SDRSOT, Mario Rincón González no deje el cargo.
Este funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Desarrollo Social (SDRSOT) dejará el cargo en los próximos días para contender por una diputación federal, bajo el cobijo del Partido Acción Nacional.
Las asociaciones civiles agrupadas son la Asamblea Estatal del Agua, el Movimiento por la Alternativa Social, la Barra de Abogados Progresistas y Juristas del estado de Puebla.
Asimismo, el Movimiento Autónomo Indígena Zapatista, la Asociación de Discapacitados de Puebla, el Movimiento Nacional por la Esperanza, el Congreso Nacional Ciudadano Capítulo Puebla y Abogados Democráticos.
Desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015 fueron insuficientes los 17 centros de verificación vehicular, ubicados en todo el estado, para más de 800 mil automóviles.
Ni siquiera que trabajaran las 24 horas del día evitaron filas de hasta 2 kilómetros; además, se presentaron casos de corrupción donde no se sancionaron a las empresas, sino solo a los empleados.
 
Prohibido irse

“Exigimos a Mario Rincón cuentas antes de que se le ocurra irse de candidato (…) tiene prohibido renunciar a su cargo hasta que no resuelva la situación de los verificentros que existen”, señaló Luis Soriano, integrante del Consejo Nacional Ciudadano.


“No exigimos su renuncia, queremos que se quede como servidor público para que enfrente las consecuencias que existen de todos los actos que se han realizado”, añadió.


Asimismo, mencionó que en caso de que se le finquen responsabilidades, tendrá que responder a los ciudadanos por el mal manejo de los verificentros.
Señaló que todo el problema empezó cuando desaparecieron los centros de verificación y dejar solo 17, por un aparente tráfico de influencias.
“Una vez que resuelva los asuntos con mucho gusto podrá renunciar e irse a hacer lo que quiera como ser 'chapulín', pero mientras tanto no se puede ir”, insistió.
Asimismo, se dieron a conocer un plan de acciones sociales, políticas y jurídicas, que van desde movilizaciones, paradas de vehículos por lapsos de 10 minutos, hasta amparos colectivos.
Este domingo 8 de marzo a las 10 horas, convocaron a la ciudadanía inconforme acudir al Parque Juárez para ser asesorado jurídicamente y comenzar los amparos.
Explicaron que el proceso de verificación comenzó con vicios, y el gobierno no satisfizo la demanda con la infraestructura, violando de este modo derechos individuales y legales.
El académico de la UAP, Guadalupe Jiménez, dijo que el programa de verificación nació con vicios y fallas técnicas en la implementación de la norma, que deja de manera difusa y tramposa a la SDRSOT la arbitrariedad de la ley.


“El gobierno viola sistemáticamente las garantías individuales, por querer a toda costa proveerse de recursos de manera ilegal, lo cual es anticonstitucional”.


Por su parte, Marcos Mazatle, integrante del Movimiento por la Alternativa Social, señaló que la verificación se puede considerar un fraude en toda la extensión de la palabra.
“Miles de automovilistas fueron obligados a realizar un trámite que, de entrada no servirá de nada. Solo engrosará los bolsillos de funcionarios y empresarios beneficiados con la entrega de 17 verificentros.


”Desde que inició el proceso de renovación del sistema de control de emisión de gases contaminantes, el gobierno impuso una política deliberada de desinformación”.


No obstante, dijo que esto impulsó a miles de propietarios de automotores que invirtieran en muchos casos más de 24 horas para aplicar la prueba a sus vehículos, pero ésta era solo para cubrir el requisito del año pasado.
“En efecto, si no hubo verificación vehicular en 2014 eso se debió a la cancelación de 86 concesiones que determinó de manera arbitraria la administración morenovallista, la cual sustituyó con 17 verificentros que no solo resultaron insuficientes, sino que fueron ineficientes en la atención de la demanda”.
Dijo que el MAS llegó a la conclusión que el principal responsable del fraude es Mario Rincón González, candidato “Juanito” que ahora busca una diputación federal por el Partido Acción Nacional, pues ha estado más ocupado en su campaña electoral que en servir y dar solución a las demandas del pueblo.
“Los números no mienten. Nos dicen que ni un año alcanzaría para sacar del rezago a más de 425 mil vehículos que no lograron verificar la semana pasada.
”Este robo descarado a los contribuyentes ha desatado una inconformidad generalizada entre la población”, insistió.
”Como muestra de ello, en sólo dos horas de este martes se logró recabar las primeras 80 denuncias, con la entrega de documentación oficial, para presentar un amparo colectivo contra la verificación vehicular”, reveló.
 
El atraco

El gobierno del estado se embolsará más de 615 millones de pesos por las multas de los poblanos que no pudieron verificar sus automóviles.
Diversos reportes indican que apenas el 40 por ciento del parque vehicular en Puebla logró verificar en los saturados e inoperantes establecimientos.
De las 833 mil unidades que tenía contabilizados el INEGI hasta 2013, más de 463 mil automóviles no lograron hacer la prueba semestral de gases contaminantes.
Ahora, los propietarios tendrán que pagar la multa de 20 salarios mínimos establecida como sanción.
El salario en la zona económica B, a la que Puebla pertenece, es de 66.45 pesos diarios, cantidad que multiplicada por 20 da un total de mil 329 pesos por multa.
Si se multiplica el costo de mil 329 pesos por 463 mil automovilistas pendientes, se obtendrían más de 615 millones 300 mil pesos por ese concepto.