La medición de Fundar, Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) 2015 coloca a Puebla con 7.31 puntos apenas en el nivel de leyes “regulares”.

Aunque la ley se coloca arriba del promedio nacional, la ley de Transparencia de Puebla posee carencias que inhiben el acceso a la información pública.
Entre las deficiencias que anota el índice se encuentran: el que no se permite que las solicitudes de información sean realizadas de manera anónima.
Además, la ley local inhibe a las personas que carecen de recursos ya que no contempla un mecanismo de gratuidad para que puedan acceder a la información ya que deben pagar los costos de reproducción de la información pública.
Entre las facultades de que carece el órgano garante, es decir, la CAIP se encuentra el que no está obligado a vigilar el cumplimiento de las resoluciones.
Tampoco, señala el índice, la ley obliga al órgano garante a comparecer ante el poder legislativo.
En el caso de la selección de los comisionados la ley estatal tampoco obliga a que se hagan públicos los currículos de quienes aspiran a ser comisionados de la CAIP.
Mucho menos, la ley obliga a que la selección de los comisionados por parte del poder legislativo se haga de manera pública. Los diputados realizan una sesión para entrevistar a los aspirantes a comisionados de la CAIP. La ley de Transparencia estatal de Puebla no mandata al Congreso a que las entrevistas sean públicas.
Esta información es muy importante porque permite a los ciudadanos seguir los procesos de selección de los aspirantes a comisionados, y vigilar el proceso de selección de los comisionados de la CAIP.
En el rubro de las sanciones establecidas no hay una obligación para que se sancione a aquellos servidores públicos que intimiden a los peticionarios de información. Por lo que estos pueden intimidar a los peticionarios sin que medie ninguna consecuencia legal.
Otra deficiencia de la ley es que no hay un procedimiento de queja cuando los sujetos obligados incumplan con la publicación de información.
Los sindicatos y los fideicomisos, que reciban recursos públicos, están excluidos de las obligaciones de transparencia.
Además, los sujetos obligados pueden publicar información sin que se ciñan a los formatos abiertos. Lo que inhibe el uso de dicha información para bases de datos y otras herramientas de software.

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Solamente el Distrito Federal y Coahuila se hallaron entre los estados con las mejores leyes de información, señaló Fundar.
Otros estados que quedaron en los últimos lugares de la tabla: como Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Sonora, Aguascalientes, San Luis Potosí, Baja California y Michoacán.

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El índice propone un conjunto de acciones para mejorar las leyes de transparencia:
Mejorar el diseño institucional: lo cual implica un cambio para la administración estatal. La mitad de estados no contemplan la figura del comité de información el cual funge como filtro para evitar reservas de información mal fundadas o declaratorias de inexistencia cuando no sea el caso.
Mejorar el proceso de designación de comisionados: lo cual es urgente para garantizar la autonomía plena de los órganos garantes estatales. De acuerdo al IDAIM, los procesos actuales no garantizan la transparencia ni la inclusión de la participación de la sociedad, 17 leyes contemplan una convocatoria abierta, 4 cuentan con un instrumento técnico de evaluación de los candidatos y permiten la participación ciudadana, y sólo 2 establecen que las entrevistas en el congreso serán de carácter público.
Reconocimiento expreso del derecho de acceso a la información como un derecho humano: el cual sigue pendiente en 24 leyes y es base para una interpretación de la ley más garantista del DAI.
Integrar a los nuevos sujetos obligados: Solo 6 leyes contemplan a los sindicatos y 17 a los partidos políticos de manera directa.
Garantizar la generación de información: establecer como obligación documentar todo acto que derive de las facultades, responsabilidades o funciones de los sujetos obligados , establecer sanciones cuando esto no suceda y facultar al órgano garante para que resuelva la generación de información cuando corresponda con la obligación del sujeto obligado. Estas medidas son fundamentales para asegurar que las autoridades documenten sus acciones y puedan dar cuenta de ellas con fundamentos legales.

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De acuerdo a Fundar, el IDAIM es un instrumento de medición de las leyes de transparencia construido a partir de las mejores prácticas nacionales e internacionales y los estándares constitucionales en la materia.
El IDAIM 2015 subraya la permanencia de grandes rezagos en el marco legal de las entidades federativas. La mitad de las leyes estatales siguen reprobadas. Más preocupante aún es que entre estas 17 leyes reprobadas, 16 fueron reformadas de 2007 a la fecha y no lograron mejorar las condiciones de la transparencia.
La promulgación de la Ley General de Transparencia obliga a los estados a reformar sus leyes, lo que abre una oportunidad que no debe ser desaprovechada. Según el IDAIM 2015, a la fecha sólo 9 leyes estatales cumplen con la reforma constitucional en materia de transparencia del 2007. Esta tendencia de los congresos locales en no cumplir con los plazos y los estándares es un obstáculo a la garantía del derecho de acceso a la información pública en el país.