Después de la limpia que sufrió el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al inicio del actual sexenio, los costos económicos son altos, al llegarse a pagar de pensiones más de 32 millones de pesos a 12  magistrados desde 2011.
En medio de recortes salariales y miles de despidos entre el Poder Judicial y Ejecutivo, 15 magistrados jubilados se reparten cada año una pensión de cerca de 24 millones de pesos. Doce de ellos se jubilaron en este sexenio.
Las millonarias pensiones entre los exintegrantes del Poder Judicial son muy variadas, ya que van desde los 51 mil, hasta los 127 mil pesos de percepciones mensuales.
Si se suman las pensiones de 78 mil pesos que han recibido, cuatro magistrados que se jubilaron desde junio de 2011, desde entonces se entregan más de 312 mil pesos cada mes solo a ellos.

Por lo tanto, entre lo que han percibido estos cuatro extitulares se han repartido más de 14 millones 664 mil pesos en 47 meses hasta mayo de 2015.
Otros ocho magistrados han percibido más de 78 mil pesos mensuales cada uno desde noviembre del 2012, lo que significa que se han repartido 18 millones 720 mil pesos en 30 meses, hasta este quinto mes de 2015.
Entre los 12 togados que salieron en el actual sexenio suman más de 33 millones de pesos que han percibido tan solo de pensión, sin contar finiquitos.
Lo anterior se comprobó mediante tres solicitudes de información por la ley de Transparencia realizadas por Intolerancia Diario.
Con las pensiones de los 15 magistrados se podrían cubrir sueldos de 10 mil pesos mensuales a por lo menos 200 personas durante un año, salario en promedio de los empleados que están siendo despedidos.
En México el 81.4 por ciento de los jubilados recibe en promedio mil 966.4 pesos mensuales.
Pero solo el 0.3 por ciento de los pensionados en el país obtiene más de 71 mil pesos mensuales en promedio como el caso de los magistrados pensionados, según datos la Auditoría Superior de la Federación.
 
La limpia

Doce de los 15 magistrados pensionados fueron jubilados desde 2011, cuando comenzó el sexenio del actual gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, cuando hubo una limpia en el Tribunal Superior de Justicia.
La docena de magistrados reciben mensualmente entre 77 y 78 mil pesos mensuales como pensión.

Fuentes extraoficiales del mismo TSJ señalan que la orden de la limpia llegó directamente desde Casa Puebla, una vez iniciado el sexenio morenovallista.
En el primer semestre del 2011, se jubilaron cuatro magistrados, tres de ellos con la misma fecha casualmente.
El primero el sufrir la baja, pero gozar de su pensión de 78 mil 225 pesos, fue José Carlos Enrique Hernández Ramírez, quien se jubiló el 1 de junio de 2011.
Al final de ese mismo mes, pero el día 30, le siguieron en el camino Leonardo Tecua Petla, Gerardo Manuel Villar Borja y María Loreto Elba Rojas Bruschetta, todos superando por poco los 78 mil pesos mensuales de pensión.
El siguiente oleaje de bajas, con el que terminó la limpia,  se registró justamente el 30 de noviembre de 2012.
Ese día se jubilaron los magistrados, Saúl Hernández Acosta, Juan José Barrientos Granda, Mónica Guarnero Vargas, María de los Ángeles Juárez Hernández, Álvaro David López Rubí.
Asimismo, solicitaron su jubilación ese último día de noviembre de hace cerca de tres años, Blanca de la Concepción Louvier y Díaz, Alfredo Mendoza García, y Francisco Javier Vázquez Motolinia.
Todos perciben entre 77 mil y 78 mil pesos mensuales de pensión.
 
La rebelión

El pasado 10 de abril, magistrados y jueces del TSJ se rebelaron contra el gobierno de Puebla por el descuento en salarios ante una presunta política de austeridad.

Finalmente, doblaron al gobierno de Rafael Moreno Valle y ya no se les descontará su sueldo como medida de austeridad.
La victoria fue gracias más a la presión mediática que en los tribunales, luego de que amenazaran con interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 30 de abril, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado les anunció que no solo ya no harían los descuentos, sino se les entregaría de manera retroactiva lo que ya les habían quitado.
De este modo en dicha quincena, los cheques llegaron además de integro, con el dinero que se les había descontado.
El documento fue redactado y solo esperaban los últimos detalles para enviarlo, en el que solicitaban la revisión de la inconstitucionalidad de la medida de austeridad del gobierno de Puebla, al recortarles salarios hasta en un 10 por ciento.
Hace unos días el documento iba a ser revisado y aprobado en sesión del pleno del Poder Judicial, sin embargo de último momento se optó por esperar unos días más, lo que derivó en la negociación.
La medida fue aplicada desde el 27 de marzo por la Secretaría de Finanzas, día en el que los togados recibieron su primer descuento.
Los trabajadores del Poder Judicial argumentan que el artículo 116 fracción tercera, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una garantía de protección a las percepciones de los empleados judiciales.
Señalan además  que la remuneración deberá ser adecuada e irrenunciable y no podrá ser disminuida durante su encargo.
Con este argumento legal la controversia se redactó, solicitaban a la SCJN emitir una acción sobre la medida que obliga al recorte presupuestal llevado a cabo desde la Secretaría de Finanzas.
Las medidas de austeridad que adopta el TSJ,  el cual preside el magistrado Roberto Flores Toledano, no solo se encuentran los descuentos a jueces y magistrados, sino también el despido de al menos 60 trabajadores.
Ahora se estudiará la forma de hacer los ahorros ante el recorte presupuestal.
El 25 de marzo pasado, Flores Toledano informó de los recortes a los sueldos de magistrados y jueces.
“Estamos viviendo una realidad financiera apretada, por los recortes del petróleo”, dijo al señalar que llegarán menos recursos que en años anteriores.
“Tenemos que nuestras percepciones”, indicó al asegurar que hay personal que no será tocado en sus sueldos, solo los funcionarios de primer nivel.
El recorte en salarios la encabezaban los magistrados con un 10 por ciento, jueces con el 7.5 por ciento, y secretarios de acuerdos en un 5 por ciento.
El 10 de marzo anterior, Flores Toledano declaró a medios de comunicación que evalúa una serie de medidas para ajustarse a la realidad que presenta México en materia financiera, y por lo tanto era necesario el recorte de personal y de sueldos.
“Es una preocupación el ajustarnos a la realidad que estamos viviendo, hay una serie de medidas para bajar el gasto operativo y optimizar los recursos”, dijo.