Andrés Moreno, representante de la Organización Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, dijo que durante el viernes, dejaron en libertad a los 6 detenidos de la organización Doroteo Arango, como consecuencia de la trifulca presentada el jueves por la tarde afuera del mercado Hidalgo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal ante la PGJ, quien se encargó de las investigaciones; sin embargo, los dejaron en libertad.
 “La policía ministerial se encargó de realizar las investigaciones del caso de los 6 detenidos, no entendemos las razones por las que los dejaron en libertad”, apenas 24 horas después del enfrentamiento entre las dos organizaciones de vendedores ambulantes.

Presentan nueva demanda 
Por otro lado, dijo que los abogados y el representante legal de la UPVA 28 de Octubre se presentaron ante la PGJ para interponer una denuncia penal por el enfrentamiento que se presentó el pasado jueves en el mercado Hidalgo.
La demanda penal se presentó por los delitos de agresión, invasión de espacios comerciales y daños en propiedad ajena, reveló Andrés Moreno, quien agregó que el trámite fue totalmente retardado por las autoridades judiciales del Estado.
El temor, dijo, es que se repitiera lo del miércoles pasado en las inmediaciones de plaza Loreto, cuando también hubo un enfrentamiento, pero cuando se presentaron a interponer la denuncia, no fueron recibidos ni la demanda fue recibida.

La acusación
Durante los festejos del día del maestro en el zócalo de la ciudad, el representante de la UPVA 28 de Octubre, Javier Hernández, aseguró que toda la sociedad poblana sabe que la Doroteo Arango es garrote de Antonio Ordaz, un líder gobiernista que le está pegando a la 28.
“Nos está fastidiando, queremos alto a la represión a la 28 de Octubre, porque ya queremos que ese maldito gobernador nos deje de acosar, eso es lo que se está viviendo”, por lo que agregó, que están en contra de “ese traidor, Antonio Ordaz”, porque es un líder traidor, hijo del gobierno, que los está fregando y quiere quitarles su fuente de trabajo.
Reconoció que de acuerdo al Coremun, saben que están fuera de la legalidad, pero buscan permisos con el ayuntamiento para mantener sus fuentes de trabajo y las ventas en los espacios que por años, han ocupado, sin embargo, el gobierno estatal se niega a recibirlos.