La comisión permanente del Congreso de la Unión requiere a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un informe sobre las observaciones, por presuntos daños al erario público por sobrecostos en la compra de mototractores y por irregularidades en el manejo de recursos federales en el 2012 y 2013, que aún no solventa el gobierno de Rafael Moreno Valle. 
Por parte del gobierno de Puebla no se ha aclarado el uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, por 127.8 millones de pesos
También, los senadores exigieron que el Congreso del Estado de Puebla que realice una auditoría integral al programa de entrega de mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, y asignación, ejercicio y destino de los recursos, donde se detectaron sobrecostos en la compra de 1 mil 690 motocultores, así como falsificación 168 firmas de beneficiarios, lo que representaría un daño al erario público por más de 107 millones 893 mil 112 pesos.

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Los senadores del PRI señalaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó una muestra de 800 millones de pesos del programa U023 Subsidios para Centros de Educación.
En el dictamen se señala que el estado registró inobservancia a la normativa, principalmente en materia de transferencia, registros contables y transparencia de los recursos, así como a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 300.6 millones de pesos.
El informe señala que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, transfirió 300 millones de pesos del Convenio de Apoyo Financiero del Programa U023 a la Universidad Autónoma de Puebla como un adelanto del subsidio estatal para los meses de enero y febrero de 2014, así como para saneamiento educativo.
La UAP recibió los recursos federales del programa en dos exhibiciones cada una por 150 millones de pesos en la primer cuenta bancaria fue productiva específica, y la segunda no proporcionó contrato ni estados de cuenta bancarios lo que limitó la identificación de la cuenta, señala el punto de acuerdo del senado.
En el caso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, el informe señala que no habían sido aclarados 127.8 millones de pesos
Los senadores del PRI exigieron que el gobierno de Puebla aclare el manejo de estos recursos.
El punto de acuerdo propone que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el marco de sus atribuciones envíe a dicha soberanía un informe detallado de las observaciones que no ha logrado solventar el gobierno de Rafael Moreno Valle derivados de las auditorias financieras y de cumplimiento de la Cuenta Pública 2012 y 2013, así como las acciones legales que ha emprendido en contra de servidores públicos.
Además, la comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Puebla para que a través de la Auditoria Superior de la entidad realice la fiscalización sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el presupuesto federal trasferido al gobierno de Puebla durante el 2013.

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En otro punto de acuerdo presentado por los senadores del PRI exigieron que se aclare el manejo de recursos para la compra de mototractores donde presumiblemente también habría un daño patrimonial.
Con esta finalidad, el gobierno del Estado de Puebla ha entregado más de 2 mil 500 mototractores a los productores de la entidad, para crear mecanismos que faciliten un campo competitivo y de mejor equipamiento tecnológico, señala el punto de acuerdo.
Lamentablemente diversos medios de información locales y nacionales han dado cuenta que los mototractores por su capacidad de arrastre y dimensiones no son apropiados para las condiciones de agricultura local, por lo que ahora se encuentran abandonados, empeñados o utilizados para otros fines, como transportar zacate, semillas, abono o basura, pero no para trabajar las tierras de cultivo.
A estas irregularidades técnicas se suman las presupuestarias identificadas por la Auditoria Superior de la Federación, institución que informó la existencia de diversas anomalías, tales como sobrecostos en la compra de 1 mil 690 motocultores, así como falsificación 168 firmas de beneficiarios, lo que representa un daño al erario por más de 107 millones 893 mil 112 pesos.
Por estos hechos la Auditoria Superior de la Federación en coordinación con la Contraloría del Estado iniciaron procedimientos administrativos por el daño patrimonial contra 18 funcionarios y ex funcionarios, ante lo cual los senadores del PRI no podemos ser omisos, más cuando se trata del ejercicio de recursos públicos.
La comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Puebla, para que a través de su Órgano de Fiscalización Superior, realice una auditoría integral al programa de entrega de mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos, asimismo, a la Auditoría Superior de la Federación para que remita a esta Soberanía un reporte en el que se detallen los avances en las acciones administrativas y legales interpuestas en contra de servidores públicos de la administración estatal, por anomalías identificadas como beneficios en favor de una sola empresa, falsificación de firmas en los expedientes, falta de licitación y pagos a sobrecosto dadas a conocer en su informe de resultados de fiscalización de 2012.