Padres y alumnos de la UAP, al denunciar represión y violaciones a la ley, señalaron que interpondrán una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Procuraduría de Puebla por aprehensión injustificada.
En rueda de prensa, junto con sus abogados manifestaron que en México ya el ser joven con pensamientos e ideales es un delito y el estado poblano no es la excepción.
Un día antes, siete estudiantes universitarios fueron sacados de sus casas por elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, acusados de ser los causantes de atentados a edificios públicos el 27 de marzo y 1 de junio.
Durante la madrugada del lunes 1 de junio, fueron atacados con bombas molotov los edificios del Instituto Nacional Electoral (INE), Secretaría de Economía y un paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), causando daños menores.
El 27 de marzo el grupo anarquista y radical “Reacción Salvaje” habría cometido en Puebla un atentado contra las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del INE, el pasado 27 de marzo, como parte de una campaña de "boicot" contra las elecciones.
El incidente sucedió entre las 8:00 y 9:00 horas de ese día, en las oficinas ubicadas en la avenida 35 Oriente número 5, en la colonia Huexotitla de la capital poblana.
Las detenciones de este fin de semana provocaron una fuerte movilización universitaria durante este viernes 5 de junio, la que llegó incluso a tomar las oficinas de rectoría en Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), en exigencia de su libertad.
Ante la presión, finalmente alrededor de las dos de la mañana de este sábado 6 de junio, fueron liberados los siete estudiantes, aunque con la amenaza de que serían vigilados.
Los detenidos fueron Carlos Arafat Rosas Burguess, Juan Carlos Tepde Ixtacua, Erick López Cruz, Ana Rosa Zilli Colorado, Axel Jiménez Morillo, Shariff Guerrero Contreras y Dulce Carolina Parra Escalona.
Inocencia
En rueda de prensa en un café del centro de la ciudad, los siete estudiantes señalaron que se trata simplemente de represión de parte del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Luego de relatar la forma en que fueron aprehendidos y sometidos por los elementos policiacos quienes irrumpieron en sus casas por la fuerza con una orden de cateo, indicaron que interpondrán denuncias ante las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, así como una contrademanda contra las autoridades estatales.
Las abogadas que llevaron el caso, Hokabet Quiterio Plata y Marely Vélez, indicaron que nunca no hubo pruebas contundentes para las aprehensiones.
Incluso señalaron que las autoridades les revelaron un vídeo de las cámaras de seguridad donde se ven a dos sujetos lanzar los ataques a los edificios públicos, pero realmente no se distinguen los rostros, solo unas figuras entre las penumbras.
Indicaron que todo momento las autoridades de la PGJ, los mantuvieron desinformados, sin siquiera mostrarles la averiguación previa que se abrió por el caso.
Hokabet Quiterio, indicó que cuando llegaron a llevar las diligencias, les quisieron impedir la defensa de los jóvenes, quienes supuestamente ya estaban declarando ante el Ministerio Público (MP).
Detallaron que tres de los siete detenidos firmaron como testigos a quienes les armaron sus declaraciones como “comparecencia voluntaria”, mientras que el resto es por orden de presentación con citatorio.
“A todos los muchachos les hicieron preguntas que ya llevaban en un pliego, preguntando calificaciones, dónde estudiaban, si se conocían entre ellos, si conocían de bombas, del movimiento 132, etcétera”.
Indicó que fueron preguntas concretas, aunque los jóvenes no sabían ni siquiera que delito les imputaban.
“Fue hasta las 11 de la noche, cuando pudimos ver que fue con respecto a los hechos del 27, cuya investigación inicia con una supuesta denuncia anónima.”
Detalló que dicha denuncia es una carta que obra en el expediente hecha a máquina en hoja simple, donde supuestamente un muchacho los escucha hablar de las detonaciones que habían realizado.
“A partir de ahí se inicia la investigación, posteriormente vienen impresiones de una página de internet de un supuesto comité invisible, donde se hacen responsables de los hechos del 27.”
Sin embargo dijo, que en ningún momento hay indicios o vinculación de su responsabilidad para que fueran detenidos.
“Hay impresiones de unos vídeos de las cámaras del INE, donde se observan a dos figuras del sexo masculino que son los que llegan y plantan esto.”
Señaló que en un comunicado de la PGJ emitido la mañana de este sábado 6 de junio, los señalan a los siete como indiciados, aunque tres firmaron como testigos de nombres Axel, Sharif y Dulce.
Por la noche del viernes 5 de junio, en otro comunicado la Procuraduría señaló que siguiendo “datos de inteligencia” se ordenó la detención de los estudiantes de la UAP.
 
Lo oficial, el comunicado

Por la mañana de este sábado la PGJ emitió el comunicado donde informa de la liberación de los universitarios, aunque advierte que la averiguación previa sigue abierta.
“(…) con las reservas de Ley correspondientes, se retiraron del Ministerio Público,  las siete personas que fueron presentadas ante la autoridad ministerial ante su vinculación con hechos vandálicos registrados”.
“Las siete personas que rindieron su declaración ante la autoridad ministerial, se retiraron con las reservas de ley, considerando que la averiguación previa está en integración  y tomando en cuenta que no hay flagrancia”.
“Sin embargo, se subraya que la investigación sigue su curso en relación a los acontecimientos tanto del   27 de marzo de 2015, como del 1 de junio del mismo año, en los que fueron afectadas instalaciones del Instituto Nacional Electoral, de la delegación de la Secretaría de Economía y de un paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA)”.