Ahora que la situación entre el panismo “tradicional” y el panismo “morenovallista” se encuentra en aparente calma, es momento de revisar la actuación del magistrado Roberto Grajales Espina, quien defendió a los panistas que buscaron la destitución del presidente estatal, Rafael Micalco Méndez.
El analista jurídico, Germán Molina Carrillo, aseguró que desde ese cargo está totalmente impedido de litigar asuntos políticos o partidistas, de manera directa.
Lo que llama la atención, dijo Molina Carrillo es que no haya habido ningún tipo de pronunciamiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia o del pleno de los magistrados sobre esta situación, lo que hace pensar que hay complicidad o desconocimiento sobre el particular.
Llama la atención, dijo Molina Carrillo, es que no haya habido ningún tipo de pronunciamiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia o del pleno de los magistrados sobre esta situación, lo que hace pensar que hay complicidad o desconocimiento sobre el particular.
Y no solamente la destitución es procedente, agregó, porque también los partidos políticos de oposición están en todo el derecho de solicitar un juicio político en contra del magistrado, “violentó los principios de la propia ley orgánica y la autonomía del Poder Judicial del estado de Puebla”.
Comentó que de acuerdo a lo que establece el artículo 205, fracción segunda de la Ley Orgánica del poder judicial, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia están impedidos para asesorar o litigar asuntos en forma directa, “como lo hizo el magistrado Roberto Grajales Espina quien es integrante de la segunda sala del Tribunal de Justicia del Estado de Puebla.
En acato a las normas vigentes, el magistrado debe dejar el cargo porque violentó el mandato Constitucional de desempeñarse única y exclusivamente en el poder judicial del Estado de Puebla, comentó Germán Molina.
Dijo que lo que establece la ley y este impedimento, es que para garantizar la imparcialidad y sobre todo la independencia de los impartidores de justicia en cuanto a las resoluciones y los asuntos que conozcan, es que se enfoque en su actividad judicial, por completo.
Empero, dijo que hay una contradicción con relación a lo que establece esa fracción del artículo, porque “él está actuando como representante y con un cargo como consejero nacional del PAN ante el comité directivo nacional y representando los intereses de panistas que pidieron la destitución de Rafael Micalco Méndez, como presidente estatal”.
En el caso particular, recordó que el magistrado acudió al CEN del PAN para solicitar la destitución de Micalco Méndez y actuó como representante de los diputados federales perdedores, de presidentes municipales y de integrantes del comité directivo estatal, haciendo esta petición.
Por otra parte, dijo que también llama la atención que los partidos de la “supuesta” oposición en el Congreso del Estado no han hecho un pronunciamiento, en este caso la comisión de Procuración y Administración de Justicia, que son los encargados y que encabeza Víctor León Castañeda, que tendría que revisar la actuación del magistrado en este tipo de asuntos.
