El gobierno del estado de Puebla ha mantenido silencio luego de que se publicara que contrato servicios de espionaje a una empresa de Hackers italiana.
Hasta el momento no ha habido un solo comunicado o señalamiento respecto al tema, mientras continúan saliendo detalles de la operación con la firma italiana.
El 5 de julio pasado se expusieron públicamente 400GB de información de la empresa dedicada a la comercialización de software de espionaje a gobiernos.
A través de su propia cuenta de Twitter de la empresa se divulgaron documentos confidenciales de su propiedad, entre los que se encuentran diversas facturas y una lista con los nombres de sus clientes, entre los que destacó el Gobierno de Puebla.
Los documentos incluyen facturas, correos electrónicos, datos fiscales, código fuente, entre otros archivos.
Las revelaciones permiten entender los alcances a nivel global de Hacking Team, una compañía que fue catalogada en 2013 por Reporteros Sin Fronteras como uno de los “enemigos de Internet”, señala Artículo 19.
Ahora se sabe que El gobierno de Puebla fue uno de los contratantes, y ocupó un sistema de espionaje sofisticado a través de la tecnología desarrollada por la compañía denominada RCS, que es una tecnología que permite el control remoto de un sistema.
La licencia de Hacking Team para Puebla permite controlar el sistema operativo Windows; también controla los teléfonos celulares BlackBerry; los teléfonos celulares con sistema operativo Android.
Además permite controlar celular que utilizan el sistema operativo Symbian de Nokia y para el sistema operativo IOS que ocupan los productos de la firma Apple como el Iphone, el Ipod y el Ipad.

Espionaje contra todos

Este sábado el medio de comunicación nacional Sin Embargo, reveló que gracias a serie de documentos filtrados, destaparon la presunta red de espionaje al servicio del gobierno poblano.
De acuerdo con la información, el Estado de Puebla habría gastado 428 mil 835 euros (aproximadamente 7.4 mdp) en Hacking Team, recursos que se distribuyen de la siguiente forma: 313 mil 301 euros en 2013, 93 mil 76 euros en 2014 y 22 mil 458 euros en 2015.
Un mes antes, el 6 de junio, el periodista poblano Fernando Maldonado reveló en intolerancia Diario un dossier sobre el trabajo de inteligencia que realiza el Gobernador panista Rafael Moreno Valle. Entre la información filtrada se encontraron, por ejemplo, conversaciones de Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Alfredo del Mazo Maza, hombre de confianza del Presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el expediente, el equipo de inteligencia de Moreno Valle fue capacitado por el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales (MOSSAD, por sus siglas en hebreo), a través de Joaquín Arenal Romero, ex funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Pero el Gobernador de Puebla no se conforma con espiar a políticos de la oposición, la segunda parte del dossier difundida el 22 de junio, reveló que Moreno Valle también somete a escuchas a dirigentes y líderes de su partido, el PAN.
Entre las víctimas del espionaje se encuentran la ex Primera Dama, Margarita Zavala Gómez del Campo; Gustavo Madero Muñoz, presidente del PAN, y Ricardo Anaya Cortés, aspirante a la dirigencia panista.
Por estos hechos, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y del Trabajo (PT) anunciaron que solicitarán al Congreso local una investigación contra el Gobierno de Puebla por las denuncias de espionaje telefónico para que se sancione a los responsables.
En Puebla, no sólo los políticos son vigilados, también activistas, periodistas y hasta los empresarios, así lo sugirió el presidente estatal del Consejo de Organismos Empresariales (COE), Francisco Romero Serrano.
En una conferencia a medios locales, el empresario dijo que constantemente su teléfono celular se ve afectado por interferencias y tiene que colgar para poder limpiar los “vacíos” que se genera en sus conversaciones y aseguró que otros hombres de negocios y comunicadores se encuentran en la misma situación.
Esta no es la primera vez que Moreno Valle es denunciado por tener una red de vigilancia a su servicio. En julio del año pasado la Diputada federal perredista Roxana Luna Porquillo acusó al mandatario estatal de espionaje, al señalarlo como el responsable de filtrar a la prensa unos audios, donde presuntamente la legisladora lucraba con la muerte del niño José Luis Tlehuatle en San Bernardo Chalchihuapan.
También, en septiembre de ese mismo año, el Diputado federal priista Enrique Doger Guerrero, aseguró que el Gobernador de Puebla tenía un grupo especializado en espionaje mediante el cual obtenía información para intimidar a las personas críticas de su gobierno o que le resultaban incómodas para su administración.

Alta tecnología

De acuerdo a los archivos liberados y que se encuentran en el sitio WikiLeaks, la compañía le presentó al gobierno de Puebla una licencia para el programa Da Vinci capaz de vigilar la comunicación en distintas plataformas.
El gobierno de Puebla compró una licencia que incluye un programa RCS. Se trata de un sistema de control remoto que se instala en una computadora o dispositivo como un celular o tablet de un usuario final sin que éste se percate de ello.
Además, este software controla también la cámara y micrófono de los dispositivos en los que se instala.
La licencia no incluyó programas para la plataforma Osx de Apple ni para Windows Mobile.
La licencia incluyó un curso de entrenamiento por 4 días, el cual se realizó en el mes de diciembre en la ciudad de Puebla en el Hotel NH, de acuerdo a los correos electrónicos liberados por WikiLeaks.
Lo cual se desprende de correos entre ingenieros identificados en los correos electrónicos como Sergio Rodríguez-Solís y Guerrero y Óscar Israel González, de la empresa SYM Servicios; y de correos con la empresa de Milán, The Hacking Team.
En el entrenamiento se instaló el Tactica Network Injector (TNI). Además también se realizó la actualización de algunos módulos del software

La critica

Por su parte distintas organizaciones de defensa de la seguridad digital criticaron a la firma y el espionaje que los países y gobiernos realizan sobre los ciudadanos.
En la filtración se halló que seis países de América Latina son clientes de Hacking Team: Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá. Dependencias como la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Secretaría de Inteligencia de Ecuador (SENAIN) la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia (DIPOL) o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México (Cisen) han adquirido licencias de software de control remoto (RCS) a la empresa italiana.
En el caso de México, se identificaron hasta 14 contratos individuales con la compañía, por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales, algunos de ellos sin facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas.
En 2013, la firma Kaspersky ya demostró que DaVinci fue usado para el espionaje de activistas políticos en el Medio Oriente.
Debido a los bajos estándares de control legal en la adquisición y uso de las tecnologías de vigilancia en la región, se necesita una discusión abierta en los Congresos nacionales acerca de las leyes que rigen y regulan las actividades de vigilancia, sometidas al escrutinio público.
Ante la posibilidad técnica de que estas actividades pongan en riesgo derechos humanos, estas legislaciones deben reflejar los estándares más altos y sujetar las acciones de los organismos de inteligencia a la autorización previa de un organismo judicial imparcial e independiente.