El sistema DIF tomó represalias en contra de Liliana Hernández Mena tras denunciar la violación a un amparo y que le quitaron ilegalmente a sus hijos, por ello ya se giró una orden de aprehensión en su contra, pero además los menores fueron enviados a hogares disfuncionales o con problemas, en el caso de la menor de cinco años a la casa de su padre que fue denunciado por violencia intrafamiliar, además de que se encuentra en tratamiento por consumo de drogas, mientras el niño a casa de abuela paterna que sufre de diabetes e hipertensión.

Mientras el Sistema DIF estatal a través de un comunicado sostuvo que se cumplieron con todos los procedimientos para salvaguardar la integridad de los menores que llegaron al organismo el pasado 3 de julio, Liliana Hernández en entrevista contradijo esta versión, e indicó que está siendo agredida como mujer por las propias autoridades.

Sin deseos de vivir luego de que la llamada justicia le está dando la espalda al quitarle a sus hijos, además enfrenta la posibilidad de que sea detenida, ante ello sus abogados indicaron que ahora tuvieron que tramitar un nuevo amparo ya que funcionarios del sistema que están en contra de las prácticas que ahí se llevan, les informaron que el que se haya publicado la violación a un amparo hizo que se molestaran y solicitarán a un juez que se girara una orden de aprehensión en su contra.

La entrevistada quien trabaja como obrera en la zona de San Martín Texmelucan, mostró las fotografías de sus hijos, e indicó que ninguno de los dos fue maltratado por ella, dijo que pese al escaso salario que recibe ya que ninguno de los padres de sus hijos la apoyaba económicamente estaban bien alimentados y acudían a la escuela además de tener atención médica.

Advirtió que teme por la integridad de su hija de cinco años que fue entregada a la abuela paterna, pero en ese mismo lugar vive Alejandro Fernández Rugerio quien es adicto a las drogas y está acusado de violencia intrafamiliar, por ello decidió dejarlo tras presentar una denuncia ante el Ministerio Público pero nunca procedieron en su contra.

Indicó que ella fue golpeada varias veces cuando era su pareja sentimental, pero el DIF que dice proteger a los menores la entregó a un hogar donde existe el riesgo de que la niña sea golpeada o en un caso extremo atacada por un drogadicto.

Señaló que en el caso del menor se entregó al padre que vive en casa de sus papás, está desempleado, y la abuela que presuntamente lo va a cuidar es diabética y con problemas de hipertensión.

Comentó que el padre de ella se presentó a solicitar la custodia de sus nietos, tiene empleo sin antecedentes de adicciones, pero el DIF lo calificó no viable.

Al ser cuestionada sobre si ha sido detenida alguna vez, si consume drogas o bebidas alcohólicas señaló que le pueden hacer los exámenes médicos y se verá que es sana.

Dijo que en su trabajo incluso la ascendieron por ser una persona responsable, sin conflictos, pero la autoridad nunca la ha querido escuchar.

Violan acuerdos internacionales

El abogado Pablo Herrera señaló que el Sistema DIF está violando los acuerdos internacionales de protección al menor al haberlos entregado a hogares donde no se garantiza su bienestar.

Advirtió que hay situaciones anómalas como el hecho de que los menores en lugar de ser ubicados en el área de maltrato infantil que es el argumento aunque no han presentado el estudio clínico, los ubicaron en el área de adopción.

Indicó que esta irregularidad hace suponer que la intención era el darlos en adopción al ver que la madre es humilde y no tendría posibilidad de recuperarlos, sin embargo por la intervención de abogados que no le han cobrado se presume que no lo pudieron hacer.

Pablo Herrera manifestó que va a continuar con el apoyo hasta que le sean devueltos a su madre lo dos menores.

La denuncia

La semana pasada se informó que funcionarios del Sistema  Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que preside Martha Erika Alonso de Moreno Valle fueron  denunciados penalmente ante la instancia federal junto con varios de sus colaboradores por violar una suspensión  provisional del juicio de amparo 1245/2015-IV del juzgado primero de distrito, tras arrebatar a una mujer a sus hijos de cinco y ocho años de edad.

En rueda de prensa el dirigente estatal del Movimiento por la Esperanza, Jorge Méndez Spínola al mostrar el amparo interpuesto por Liliana Hernández Mena, madre soltera a quien le fueron arrebatados sus hijos el pasado 3 de julio por personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sin que hubiera una denuncia previa, dijo que se han cometido abusos y sobre todo el desacato a una orden judicial.

Expresó que a pesar de que hay determinaciones de carácter jurisdiccional, simplemente el DIF no ha dado respuesta y por ello se interpuso la denuncia penal.

Dijo que en el documento se señalan como presuntos responsables Maciel Merino Aguirre, encargado de la averiguación previa 2048/2015 de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Claudio Vega Ramos,  responsable de la representación legal de adopciones del DIF estatal; María de Ángeles López Rosales, parte del ministerio público del DIF;  María Fabiola Herrera Rosas, procuradora del menor; Claudio Vega Ramos, responsable del área de violencia intrafamiliar, y reiteró que la presidenta de dicho organismo es Martha Erika Alonso de Moreno Valle.

Explicó que desde el 3 de julio fueron sustraídos los hijos de Liliana Hernández Mena, vecina de San Lorenzo Almecatla, de manera ilegal y entregados al DIF, lo que implicó que acudiera a la institución como corresponde a las normas y después de un mes no la han dejado siquiera verlos pese a la suspensión provisional por parte del juicio de amparo 1245/2015-IV del juzgado primero de distrito.