Integrantes del Movimiento de Alternativa Social (MAS) al tiempo de anunciar la creación de un Observatorio Ciudadano de Justicia Social, afirmaron que la designación del nuevo secretario de Seguridad Pública (SSP), Jesús Rodríguez Almeida, es un peligro para Puebla

En rueda de prensa, Marco Mazatle Rojas y Ricardo Jiménez Ávila señalaron que la creación del Observatorio es por la ola de inseguridad que se vive en el estado de Puebla.

Y es que afirmaron hay un notable incremento de inseguridad en los municipios que conforman el área metropolitana.

“Señalamos que Rodríguez Almeida no representa más que un peligro para los poblanos”, advirtieron.

Recordaron que fue procurador y secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal (DF), y su gestión fue marcada por la represión contra participantes en marchas de protesta por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Rodríguez sustituye en el cargo a Facundo Rosas Rosas, quien renunció el 28 de julio pasado, dos semanas después que el ex director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y el ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tomás Mendoza Lozano.

Ambos mandos policíacos fueron detenidos por el Ejército Mexicano en el municipio de Tepeaca por estar vinculados al robo de combustible a ductos de Pemex.

“El Observatorio es una asociación civil sin fines de lucro, registrado ante Notario Público, y con el  único objetivo de exhibir la problemática que existe en el estado, ante el interés desmedido de la autoridad en ocultarlo”, dijo Marco Mazatle.

“El propósito es buscar una solución desde la ciudadanía y tejer una red con grupos de autodefensas que cuentan con información directa en el estado”, insistió.

“Los poblanos tenemos que organizarnos con las guardias comunitarias, con grupos de vecinos vigilantes, para crear el primer observatorio que denuncie públicamente los problemas de inseguridad que a diario se vive en la entidad”, comentó.

Y aseveró que la inseguridad no son “hechos aislados”, sino hechos que afectan la vida, la salud mental y física y el patrimonio de los ciudadanos.  

“En la capital poblana hay un millón 539 mil 819 habitantes aproximadamente (según datos del Inegi), y sólo cerca de mil 400 policía para atender a la ciudadanía, lo que nos da 91 agentes por cada 100 mil habitantes, cuando el Sistema Nacional de Seguridad Pública recomienda 125 por cada 100 mil habitantes”.

“El tiempo de respuesta ante una llamada de emergencia de la Policía Municipal de Puebla es de 30 a 45 minutos actualmente. Mientras sólo en 9 de las 17 juntas auxiliares de Puebla hay personal de la Policía local”, detallaron.

Además dijeron que es preocupante el repunte en homicidios dolosos, secuestros, robos de auto con violencia y extorsiones que el estado de Puebla registra.

“De acuerdo a datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la entidad padece una pandemia de homicidios dolosos, robos de auto con violencia y extorsiones”. 

“A la fecha, el 2015 es el peor año en materia de violencia e inseguridad pública que los poblanos hemos vivido en lo que va del sexenio, aunque Facundo Rosas nunca se enteró de ello”.

Entre enero y mayo de 2013 se cometieron 200 asesinatos dolosos, mientras que en ese mismo lapso de 2014 esa cifra disminuyó a 129 homicidios, detallaron.

Para este 2015 hubo 40 homicidios con dolo en enero, 35 en febrero, 37 en marzo, 39 abril y 40 mayo, ello quiere decir que ha habido 191 delitos de este tipo en la tercera parte del año, mientras la violencia e inseguridad en Puebla van a la alza, mencionaron.

Analizaron Las colonias que reportaron mayor incidencia delictiva durante el año pasado fueron el Centro Histórico, San Manuel, Bosques de San Sebastián, Santiago, Manuel Rivera Anaya.

Asimismo las coonias  La Paz, el barrio de Santiago, El Carmen, el fraccionamiento Héroes, Loma Linda, Prados Agua Azul y San Baltazar Campeche, “y poco se ha hecho para garantizar mayor seguridad”, aseguraron.

“Estas cifras tienen sustento en la carencia de un plan operativo para prevenir la comisión de delitos del orden común, los que más afectan a la ciudadanía.  

“No hay una política pública para evaluar las acciones policiales, medir resultados y corregir o continuar”, finalizaron.