Guadalupe Mariel Bonilla Dumitt, defensora de derechos humanos, fue desalojada de su vivienda a pesar de que aún no se había resuelto un recurso jurídico sobre la aplicación de una sentencia de desalojo, y el plazo para la revisión del recurso vencía en 2 días. 

El vocero de la Red de Defensa de Derechos Humanos, Israel Sampedro, señaló que se realizó el desalojo aunque estaba pendiente un incidente de oposición a la ejecución de la sentencia de desalojo emitida hace dos meses.

Sin embargo, el juez 12 del juzgado especializado en materia financiera ordenó que se cumpliera la sentencia de desalojo cuando el plazo para que venciera la resolución del incidente de oposición a la ejecución vencía el 14 de agosto, es decir en 2 días.

De acuerdo a la Red de Defensa de Derechos Humanos el desalojo ejecutado violó el debido proceso y el derecho de audiencia. 

La red señaló que al violar el debido proceso se trata de una situación muy delicada, tienen mayor protección al sistema jurídico y además permite que la sentencia se ejecute de manera inconstitucional. 
 
La Red señaló que el juicio se le sigue para una persona que ya había muerto y que por lo tanto nunca se pudo defender lo que violó la garantía de audiencia.

A pesar de que el Juzgado Doceavo Especializado en Materia Financiera analizaba un incidente de oposición para evitar el desalojo de la abogada y defensora de derechos humanos, Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, en su domicilio se realizó una diligencia de embargo. 

La abogada señaló que el juez le facilitó las cosas a la contraparte agilizando la aplicación del juicio de desalojo sin revisar el recurso interpuesto para evitar el desalojo.

“El juez lo que hizo agilizar la desocupación del inmueble para dejar sin materia del juicio”.

Israel Sampedro afirmó que se está llevando esta orden de lanzamiento de manera ilegal.

“Es un acto contrario a derecho por parte del propio tribunal y aún del propio juez en el sentido de que hay un incidente de oposición de sentencia lo siguen llevando a cabo. Tan es así que dieron la orden de que los medios de comunicación no entraran al propio fraccionamiento. Esto nos indica que hay un contubernio entre las personas que quieren hacerse de este inmueble de manera ilegal y de manera mañosa con las propias autoridades...La vez pasada se hizo una diligencia de manera ilegal y que hasta el momento no sabemos cuál es la situación ..Por un lado, fue una cuestión jurídica se le hizo del conocimiento a las autoridades de todas las irregularidades jurídicas que había. Después se habló con las propias autoridades y luego están haciendo lo que a conveniencia tienen. Es un acto alevoso en contra de nosotros como defensores de derechos humanos”. 

La orden de lanzamiento se emitió hace 3 meses hay una audiencia para la revisión la fecha límite de revisión 14 agosto y el juez no esperó los términos. 

Con antelación la Red de derechos humanos había advertido sobre las anomalías en el caso desde febrero de este año: 

“Las circunstancias en que se desarrolló el juicio resultan material y legalmente absurdas debido a que por prestación laboral de su padre Jorge Bonilla Sánchez obtuvo de Banco Internacional Mexicano (hoy HSBC) en 1990 el inmueble materia de la litis, hipotecando su casa al banco mencionado, como garantía de pago, del cual cubrió mas de la mitad del costo debido a que se le realizaban descuentos nominales hasta 1995 fecha en que fue despedido de manera injustificada y en la que el banco impone trasladar la hipoteca al sistema de UDIS sin su autorización; motivo por el cual se le dejan de recibir los subsecuentes pagos. Es importante mencionar que la señora María Elvira Dumit Garzón, esposa del señor Jorge y madre de nuestra compañera, muere en 1992, suceso del cual el banco tuvo conocimiento, ya que como prestación laboral, fue esta institución la que le prestó el servicio médico. Aunado a que de manera oficial se presentó a la instancia correspondiente el acta de defunción. Este dato se destaca porque la hipoteca fue firmada como sociedad conyugal.

“Fue hasta el año 2003 que se inscribió la hipoteca del inmueble; iniciando en ese mismo año la empresa SCLQ Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, cesionaria de Banco Internacional (BITAL), juicio ordinario mercantil para cobrar la hipoteca en su totalidad, emplazando a los señores Jorge Bonilla Sánchez y María Elvira Dumit Garzónquien para esta fecha tenia once años de fallecida. Por lo que resulta material y legalmente imposible dicho emplazamiento. Sin embargo, el juicio continuó en beneficio de la cesionaria dictando sentencia condenatoria en el 2004 y fue hasta el 2010 que la nueva cesionaria inició ejecución de sentencia. Aprovechándose de la violación al derecho de audiencia que dejo en estado de indefensión a la sucesión de María Elvira Dumit Garzón y los vicios procesales subsecuentes, se adjudicó el inmueble por menos de la mitad de su valor, aplicando interés ordinario y moratorio, es decir, interés sobre interés, lo cual también es sancionado por la ley.

“Tras la denuncia de estos hechos ante el Poder judicial de la Federación, el diez de septiembre del 2014 el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Puebla concedió el amparo y protección a Guadalupe Bonilla Dumit en su carácter de Albacea Definitiva, tras la notoria violación al derecho humano de audiencia que la dejó en estado de indefensión en el juicio ordinario mercantil anteriormente referido. No obstante, la empresa Zendere a través de su representante legal María Levinia Cabrera Arellano, con la finalidad de legitimar su actuar fraudulento, puesto que conocía que el juicio estaba viciado de origen, mediante la impugnación del amparo otorgado alega que por causales de improcedencia del Juicio de Garantía este no debe de resolverse de fondo pretendiendo así soslayar la violación a derechos humanos para que de esta manera no se afecte su interés económico. Es decir, que quiere evitar que el Juez estudie de fondo el caso, porque de hacerlo se anularía todo lo actuado.”