A 17 días de la renuncia de Armando Guerrero Ramírez por la presunta falsificación de documentos, todas las instancias que estuvieron involucradas en el manejo de los documentos para que fuera designado presidente consejero electoral en 2012, decidieron dar carpetazo al asunto y no abrir ninguna investigación al respecto, a pesar de que el falsificar un documento oficial es tipificado en el código de procedimientos penales del estado de Puebla como delito grave.

La última instancia que decidió no interponer ninguna denuncia al señalar que no son ministerio público para investigar fue el propio Instituto Electoral del Estado que cuenta con la Contraloría Interna que tiene como objetivo vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, a través de las auditorías correspondientes.

Fuentes consultadas indicaron que de acuerdo al procedimiento, el Congreso del Estado al ser el órgano que lo eligió debió turnar a la Comisión de Gobernación el caso para que se investigara si hubo o no omisión por parte de funcionarios del poder legislativo, además de que se fincaran las responsabilidades correspondientes al ex funcionario electoral.

Señalaron que el Instituto Electoral del Estado debió por su parte llevar a cabo la investigación en el área de la Contraloría Interna para analizar los documentos, una vez que Armando Guerrero Ramírez fue el encargado de firmar las constancias de mayoría de los diputados locales electos, así como los de representación proporcional.

Asimismo la Contraloría Estatal a petición del Congreso o del Instituto Electoral del Estado tuvo que iniciar una investigación al respecto por el manejo de los recursos públicos ya que el ex funcionario era el encargado de firmar los documentos tanto de prerrogativas como gastos de operación del órgano electoral.

Después de 17 días no hay denuncia

Luego de 17 días y tras darse a conocer la situación irregular de Armando Guerrero Ramírez ninguna de las instancias señaladas ha recibido alguna denuncia en su contra por lo que no habrá ninguna acción persecutoria en su contra por la usurpación de funciones, así como la falsificación de documentos.

Falsificación, delito grave

El presidente de la Comisión de Gobernación de la LVIII Legislatura, Gerardo Mejía Ramírez luego de que se hiciera público el escándalo del consejero electoral advirtió que en caso de comprobarse que hubo la falsificación de documentos podría enfrentar una pena de dos a ocho años de prisión.

El ex diputado local explicó que en el proceso que se llevó para la renovación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado que a cabo en el 2012 se formó una comisión especial donde participaron diputados de todas las fuerzas políticas para dar certidumbre al proceso.

Mejía Ramírez indicó que en el procedimiento del cual formó parte lo que correspondió a la comisión fue el recibir la documentación de los interesados entre ellos de Armando Guerrero Ramírez, pero quien se encargó de revisarla en primera instancia fue la Secretaría General del Congreso del Estado.

Indicó que los diputados no pueden pensar en que había dolo por parte de un aspirante cuando su documentación había pasado al menos por un filtro, pero además se pedía que los documentos fueran notariados.

Insistió en que si un documento llega con certificación notarial, además de una revisión de la Secretaría General del Poder Legislativo son muestras de que hay certidumbre de que todos están actuando conforme al marco legal, sin embargo se presume que en el caso de Armando Guerrero no sucedió.

Sobre la penalidad del delito dijo que el ex legislador indicó que en la pasada legislatura se tipificó como delito grave la falsificación de documentos y la pena será de dos a ocho años de prisión, esto en el artículo 69 del Código de Procedimientos Penales.

Manifestó que tendría que ser el Congreso del Estado quien presente la denuncia penal correspondiente en contra del funcionario electoral.

Señaló que otro delito que se podría tipificar es la de usurpación de funciones ya que se habría ostentado como abogado cuando no lo era.

Gerardo Mejía aclaró que los acuerdos aprobados por el Consejo General fueron generalmente por unanimidad por lo tanto el voto de Armando Guerrero no fue decisivo en la votación y por ello tienen validez.

Micalco condena el Caso Guerrero

El pasado martes Rafael Micalco Méndez  se refirió al caso de Armando Guerrero Ramírez,  e indicó que es vergonzante que los diputados locales hayan dado carpetazo a un asunto delicado sin que hayan realizado una investigación sobre el funcionario electoral.

Comentó que se requiere una investigación a todos los nombramientos que se han otorgado desde la pasada legislatura local pidió el Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla para garantizar que en los procesos de selección no se hayan cometido irregularidades.

Calificó como “lamentable y vergonzosa” la postura adoptada por los integrantes del Instituto Electoral del Estado (IEE) y los diputados para no sancionar al ex presidente del órgano comicial, Armando Guerrero Ramírez, por la presentación de un presunto título apócrifo en el proceso de selección de consejeros electorales.

Manifestó que la negativa que han mostrado  para realizar una investigación y aclarar este caso genera muchas dudas y pone en entredicho el actuar de los legisladores así como la manera como han realizado la designación de funcionarios públicos.

Sostuvo “Esa omisión y esa falta de información deja muy mal parado al Congreso y le resta credibilidad en lo que venga. No estaría mal quizás pensando en voz alta que el Congreso incluso realice una revisión de todos los nombramientos que se han hecho para ver si por ahí no hay otro caso que requiera de la opinión pública. A ver si el Congreso nos da una señal de que nos diga que tienen interés porque la ley se aplique en Puebla”.