El nuevo secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida contará con la llamada Ley Bala vigente para controlar las manifestaciones luego que los legisladores locales mandaron la abrogación a la congeladora y por lo tanto sigue vigente en sus términos en los que fue aprobada

A más de un año de que fue enviada la iniciativa del gobernador para abrogar la citada ley, los legisladores la mantienen sin cambios  y será una de las herramientas con las que contará Rodríguez Almeida para intervenir en las manifestaciones..

Fue el 24 de julio cuando el presidente de la Comisión de Gobernación Eukid Castañón Herrera anunció que inició el análisis de la iniciativa para abrogar la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, mejor conocida como Ley Bala y aclaró que los diputados tienen la facultad de solo derogar ciertos artículos del documento que sigue vigente.

Castañón Herrera indicó que la posición del titular  es que se haga una nueva ley, pero existe la posibilidad de hacer una derogación “Es decir de fortalecer la ley”.

El presidente de la comisión anunció que se dejaría la sesión de la comisión de manera permanente para que en cualquier momento que se requiera se pueda hacer una convocatoria y abordar el tema.

Insistió en que no había una fecha definida para tener listo el documento “tiene que hacerse un proyecto al pleno para no dejar un vacío legal, e indicó que en el período ordinario es complejo.

Eukid Castañón Herrera insistió en que no hay que hacer las cosas de manera precipitada “tenemos que tomarnos el tiempo que sea necesario. El asunto de la ley en estos momentos está en la cancha del poder legislativo”. 

Solo se revisarán los protocolos

Según el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, Eukid Castañón Herrera, sólo se revisarán los protocolos de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, conocida como Ley Bala, toda vez que no es el documento, sino su aplicación, lo que falló.

En entrevista, el legislador informó que, de acuerdo al propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la citada ley cumple con los requisitos, y lo que se tiene que ver es lo referente a los protocolos.

Dijo que estos protocolos corresponde presentarlos a la Secretaría de Seguridad, sin embargo, en comisiones unidas habrá una revisión de los mismos.

Precisó que lo importante en las leyes es su aplicación y esto se establece en la postura del diputado Francisco Rodríguez en el sentido que no hubo una correcta aplicación de la Ley Bala en el violento desalojo de Chalchihuapan que cobró la vida del menor José Luis Tlehuatle Tamayo, “por ello hay que revisar todos los procedimientos y la normatividad que se requiera a efecto de que el documento se cumpla cabalmente y de manera adecuada”.

Las interpretaciones a la Ley Bala

La Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado ha sido interpretada con el uso de las llamadas “armas no letales”.

En el Artículo 23 se señala “Se considerarán armas no letales las demás que autorice el Reglamento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

De acuerdo a defensores de derechos humanos este documento señala que las autoridades pueden interpretar qué armas podrá utilizar la policía y decir simplemente que no son letales, como las balas de goma que han causado la muerte de personas.

Asimismo en la no se respetan principios constitucionales ya que puede haber detenciones arbitrarias cuando la detención solo puede realizarse por medio de un juez y en caso de flagrancia:

“Artículo 30.- En la detención de cualquier persona deberá cumplirse con los requisitos y formalidades que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de las prerrogativas que sobre derechos humanos contienen los instrumentos de derecho internacional obligatorios dentro del territorio nacional”.

Los defensores de derechos humanos indicaron que puede darse la interpretación de los policías asegurando que se cumplen los protocolos pero sin mencionar cuáles son realmente.