La organización internacional Article 19 desnudó o desmenuzó las estrategias de opacidad del gobierno de Puebla al publicar un estudio donde se revela como sistemáticamente se niega u oculta información oficial.
El organismo señala que el informe muestra un panorama preocupante de la garantía del derecho de acceso a la información en el estado de Puebla.
Y detalla los obstáculos y prácticas a lo largo el documento, los que califica de gran preocupación en un contexto de opacidad y corrupción, si no que representan violaciones graves al ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. 
Este informe nombrado “Transparencia, la Deuda de Moreno Valle” destaca la responsabilidad del Congreso local y las entidades del gobierno estatal para limitar la política de opacidad endurecida en los últimos años a través de diversas prácticas.
Las mismas, se señala, limitan el potencial democrático del ejercicio del derecho de acceso a la información como son: la diferenciación del proceso de acceso de acuerdo a la calidad de los usuarios, así como el cambio de modalidad de entrega sin causa justificada.
Asimismo, la declaratoria de inexistencia de información (notoriamente existente), la negativa de otorgar citas para el acceso directo a los documentos y la cooptación del organismo garante, en este caso la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Asimismo, señala que la libertad de expresión ha sufrido las consecuencias de la represión en todas sus garantías.
“La transparencia y el derecho de acceso a la información han sido vulneradas en la misma vía.
”Por un lado, se creó una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el estado de Puebla, que amplía el nivel de protección del derecho de acceso a la información, pero que limita la efectividad del recurso de revisión, con lo que se impide la posibilidad ciudadana de recurrir a una segunda opinión por parte del organismo especializado”, señala Article 19.
“En este contexto, y con un amplio margen de experiencias documentadas, Article 19 propone este material para visibilizar y documentar en la voz de diferentes expertos, la visión de quienes encuentran límites y prácticas violatorias y hostiles a sus derechos, y soportan el peso de un estado que censura y castiga por la imposición de un caótico control”, precisa el organismo. 

La Ley de Transparencia

Se detalla que para este informe se ubica como el punto cero el 19 de diciembre de 2011, cuando el pleno del Congreso del Estado aprobó una ley nueva de paquete.
Se menciona que la ley fue presentada a la sociedad como la solución a la falta de información que se documentó durante el sexenio de Mario Marín.
Pero se destaca la ratificación del recurso de revisión, el cual un ciudadano tiene que interponer forzosamente cuando se inconforma ante CAIP por alguna solicitud de información mal contestada.
“Creó un vicio que limita la efectividad del único mecanismo de exigencia del derecho de acceso a la información: el recurso de revisión”, señala el estudio. “La ratificación es un procedimiento único en todo el país”.
Por lo tanto, se afirma que la ratificación es un requisito que convierte al recurso de revisión en un mecanismo poco efectivo en la garantía del derecho al acceso a la información pues, en promedio, el 23% no llegan a estudiarse de fondo.
 

Discriminación en el acceso a la información

Cuauhtémoc Cruz, quien dirige el observatorio de transparencia Con los ojos abiertos de la Universidad Iberoamericana Puebla, advirtió que la identificación de los solicitantes de la información es un factor determinante para la restricción del derecho.   
El académico notó que al comienzo de cada semestre las respuestas que reciben los alumnos son rápidas y en muchos casos no sobrepasan el plazo legal (10 días hábiles). 
Sin embargo, conforme avanza el semestre y las respuestas se publican en el Observatorio,  la rapidez se esfuma y se abre paso al tortuoso camino
Y dan por ejemplo un ejercicio periodístico de la reportera Shanik David, quien envió dos solicitudes de información similares, una a su nombre y la otra a nombre de un usuario desconocido.
“La respuesta fue idéntica en ambos casos, sin embargo, la del usuario desconocido fue remitida en los primeros días del plazo y la suya se extendió hasta su vencimiento”, señala el estudio.
“Los sujetos obligados deben en todo momento garantizar que la información que se encuentra en sus archivos sea oportuna, expedita, sin dilaciones y el acceso debe ser en igualdad de condiciones para todos los solicitantes”, señala Article 19. 
“Luego entonces, Article 19 reconoce que el acceso diferenciado por parte de los sujetos obligados del estado de Puebla resulta violatorio y discriminatorio a la garantía del derecho de acceso a la información que debe eliminarse y sancionarse”. 

 

Cambio de modalidad sin causa justificada

Asimismo, se señalan testimonios de periodistas, entre ellos Intolerancia Diario, donde se señala que el principal problema que enfrenta la prensa en el uso cotidiano de la ley de transparencia es el “cambio de modalidad”.
El cambio de modalidad de entrega de la información hace referencia al momento en el que la autoridad responsable de dar respuesta, decide que la información no puede ser entregada en la forma en la que se solicitó (vía Infomex, por correo electrónico, por correo certificado, en copias simples o certificadas), si no que la manera de acceder a ella es mediante algún otro medio, normalmente en consulta directa. 
Por economía de tiempo la mayoría de los periodistas y muchas personas que hacen uso de la ley, piden que se entregue la información en versión digital a través de la plataforma Infomex o vía correo electrónico.
“El problema es que el cambio de modalidad se ha vuelto la herramienta común de los Sujetos Obligados para retrasar el acceso o incluso inhibir el derecho de acceso a la información.
”Existen casos en los que incluso se llevan años en proceso, donde la queja inicial fue el cambio de modalidad de entrega de información”, se explica al detallar el caso de Intolerancia Diario, cuando se solicitó el número de despedidos, el cual se tuvo que recurrir al amparo a un juez federal para la entrega. El proceso tardó dos años y medio. 
“En este sentido, Article 19 ha sido enfático al señalar que la puesta a disposición de la información para consulta directa en muchos casos representa un mecanismo de intimidación al solicitante.
”Esto no quiere decir, que en ningún momento el sujeto obligado pueda poner a disposición la  información pues existen casos que lo ameritan, sin embargo, esta no puede ser la regla”, señala el estudio.
“Las autoridades deben propiciar las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona y  deben habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles para hacerla pública”.
 

Destrucción u ocultamiento de información

 La destrucción de información que mantiene valores administrativos, fiscales, legales o históricos es una falta muy grave que amerita sanciones e incluso penas, señala el estudio.
“Sobre la desaparición de información, la CAIP informa que si el sujeto obligado no tiene la información entonces no le pueden obligar a darla”, señala. 
La Constitución Política señala que todas las entidades están obligadas a documentar y generar la información relacionada con sus facultades, competencias y funciones. 
“Article 19 hace un enérgico llamado a las autoridades poblanas a eliminar la práctica de ocultamiento y destrucción de información notoriamente existente”.
 
 

La opacidad a la poblana

Finalmente, en las conclusiones Artice 19 señala que el informe muestra un panorama preocupante de la garantía del derecho de acceso a la información en el estado de Puebla.
“Por un lado nos encontramos con un vicio de originen dentro del marco normativo que desarma el único mecanismo de exigibilidad del derecho de acceso a la información, como lo es el recurso de revisión, a través de la ratificación. 
”Por otro lado, los obstáculos y prácticas descritas a lo largo el documento son elementos de gran preocupación pues no solo refieren el arraigo de una cultura del patrimonialismo de la información que evoca en un contexto de opacidad y corrupción, si no que representan violaciones graves al ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información”. 
Por lo tanto, el organismo considera que la discriminación del acceso a la información de acuerdo a la calidad de los usuarios, la falta de otorgamiento de una cita y la destrucción de información son acciones graves que anulan el derecho a la información y crean desincentivos para su ejercicio.

 

Transparencia, la Deuda de Moreno Valle

 

 

Transparencia, La Deuda de Moreno Valle