La bancada del PRI-Verde en el cabildo poblano, denunció despilfarros y gastos discrecionales de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

No queremos que esto se quede en un hubiera y por eso lo estamos haciendo público, dijo el regidor Iván Galindo Castillejos, en la sesión ordinaria de cabildo señaló  que se trata de “gastos que se pudieron haber evitado o aplicado en temas más sensibles y necesarios para la población”.

Lo que buscan con la denuncia, dijo, es que acciones como esas, no vuelvan a ocurrir, por eso, de comprobarse manejo discrecional de recursos y violaciones de derechos humanos, pidieron se apliquen las investigaciones y sanciones correspondientes.
    
Ante eso, el alcalde Tony Gali Fayad, dijo que la administración municipal, deberá dar seguimiento a la denuncia pública presentada por la fracción PRI-Verde, pero además, se comprometió a realizar una revisión de fondo, que será necesaria para brindar la total transparencia que se demanda en la acción pública.

Tres excesos en seguridad pública
    
El todavía coordinador de la bancada del PRI-Verde en el cabildo, denunció tres actos de despilfarro, derroche de recursos y violación a derechos humanos.
    
De entrada, la erogación de 10 millones de pesos para un diplomado en el sistema penal acusatorio, segundo, las lesiones de un instructor de la Academia de Policía a un elemento quien resultó con una discapacidad, y tercero, el cumplimiento total de las recomendaciones de la CEDH por el desalojo de universitarios del zócalo de la ciudad, en febrero pasado.

Despilfarran 10 mdp en diplomado
    
El regidor priista, denunció el despilfarro de recursos de la SSPTM, que erogó 10 millones de pesos, por un diplomado en el nuevo sistema penal acusatorio.

“De esto, la explicación que dio la Tesorera es que se trató de un curso para mil elementos, por lo que el curso costó 10 mil pesos por elemento, vemos un gasto inflado y cobro excesivo”.

Y es que, reveló, existen otras instancias que imparten el mismo diplomado a menor costo y hasta de manera gratuita, por ejemplo, dijo que el TSJ ofrece un diplomado igual, que cuesta mil 600 pesos por 20 horas de clases, “algo muy parecido al que tomaron nuestros policías”.
    
Pero además, dijo que el propio Tribunal imparte la maestría por mil 900 pesos al mes, pero hay otros organismos públicos, que también ofrecen esos cursos de manera gratuita.
    
Asimismo, reveló que la UAP brinda ese diplomado a todos los municipios interesados y cuenta con el prestigio y la certificación para impartirlo con total calidad, “pero además, tenemos convenio con la UAP y los pudo capacitar sin costo alguno”.
    
Reveló que la capacitación está bien, pero se pregunta para qué sirve la academia municipal de policías, “porque tenemos una academia certificada y alineada a los programas nacionales”.

Exigen medidas de seguridad en centros de práctica
    
Galindo Castillejos también pidió que la comuna realice una investigación minuciosa del caso del instructor de la Academia de Policía, Eduardo Rodríguez Osorio que lesionó con un arma de fuego a un elemento durante una práctica de tiro.

Reveló que el uniformado lesionado habría perdido la movilidad en una de las extremidades y aunque dice la dependencia que fue un accidente, “eso es algo que parece difícil de creer por los rigurosas medidas de seguridad que existen en esos centros de práctica”.

Por eso, reiteró, piden un análisis minucioso y detallado que sirva para coadyuvar a la indagatoria oficial que realiza el Ministerio Público, porque el ayuntamiento debe ser la primera instancia pública en realizar las investigaciones, “porque de entrada, debe ser un tema interno”.

Reaccionar de manera oportuna

En relación con las recomendaciones de la CEDH por el desalojo de universitarios del zócalo, en febrero pasado, afirmó que el ayuntamiento tiene que reaccionar de manera oportuna y no permitir que otras instancias actúen antes.

“En el caso, la Contraloría debe actuar de oficio, porque queda claro que no se protegieron derechos humanos de los jóvenes”.

Dijo que desde esa instancia de los Derechos Humanos, se reconoció el flagelo a los jóvenes y con eso se desmintió que los hechos no fueron como se asentó en la postura oficial que presentó la SSPTM, quien había señalado que se trató de una riña entre los jóvenes.

“La realidad es que fue un desalojo”, sentenció 

Recordó que oportunamente, pidieron el esclarecimiento de los hechos y conocer las videograbaciones e incluso, la presidenta de la comisión de Juventud y Deporte, Karina Romero Alcalá, convocó a los secretarios para aclarar los hechos, pero siempre hubo negativa.
    
El tiempo nos dio la razón, reveló, pero además, con la recomendación de la CEDH se cae la versión oficial, porque no hubo riña entre los universitarios, sino fue un grupo de encapuchados que llegaron a levantar a los estudiantes.

Finalmente, puntualizó que desde hace varios meses, han documentado irregularidades en la SSPTM, entre compras, adjudicaciones discrecionales, uso indebido de la fuerza y actuaciones al margen de los derechos humanos.