El Congreso del Estado cedió la rectoría de la operación de taxis ejecutivos a la empresa trasnacional UBER, misma que quita facultades a la Secretaría de Infraestructura y Transportes en situaciones elementales como los exámenes a conductores, y genera competencia desleal a los actuales permisionarios.
Con el voto en contra de la también presidenta del PRD, Socorro Quezada, los diputados en sesión extraordinaria aprobaron nueva Ley del Transporte en el que de acuerdo a su contenido el estado renuncia a sus obligaciones de Supervisión, Revista, Exámenes, y Control sobre el Servicio Ejecutivo.
Sin haber tomado en cuenta  a los representantes del transporte de alquiles conocidos como taxis pasó la reforma que  es  el servicio de Taxi realizado por particulares organizados a partir de una plataforma  digital vía INTERNET por medio de una aplicación (APP) de servicio en teléfonos  celulares (smartphones) y que el anteproyecto determina a la persona moral con el genérico de EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE (ERT).
Los permisionarios cuestionaron algunas modificaciones como  lo que establece el artículo 45 bis los exámenes médicos y toxicológicos deberán ser practicados por la secretaria o por instituciones de salud pública o privada o por terceros que cuenten con infraestructura necesaria y sean autorizadas oficialmente por la secretaria. Sin embargo la propuesta de modificación al artículo 45 bis, deja en manos de la Empresa de Redes de Transporte, la responsabilidad.
Artículo 45 Bis (Propuesta).- Los exámenes médicos y toxicológico, para la expedición, canje o reposición de Licencia para conducir vehículos del Servicio Público de Transporte y del Servicio de Transporte Mercantil, podrán ser practicados a los interesados por la Secretaría o por Instituciones de Salud Públicas o Privadas o terceros, que cuenten con la infraestructura necesaria y sean autorizadas oficialmente por la Secretaría.
El trato  desigual
Otro punto de la  ley es el artículo 16 Bis, se delega a las Empresas de Redes de Transporte facultades que por Ley deben estar  reservadas para la autoridad. Existe un trato desigual ante la prestación de un mismo servicio; a quienes cuentan con un permiso para el traslado de personas se les exigen requisitos a cumplir tales como licencia de chofer, tarjetón, placas de taxi, pago del refrendo del permiso (hoy mismo $1,350.00 N.N. anuales), automóvil pintado y con rótulos del número de unidad, placas en color distinto, sin mencionar los pagos de Estudio ($1,300.00M.N.) y la garantía ($4,000.00M.N.).
En tanto que en el anteproyecto de la Ley en comento no aparecen estos mismos requisitos para quienes trabajen en una Empresa de Redes de Transporte.
La crítica del PRD
La presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática, Socorro Quezada Tiempo calificó de discriminatoria la Reforma a la Ley del Transporte del Estado de Puebla que autorizará un servicio para la alta sociedad, señalando que las unidades deberán dar confort y comodidad siendo que estas características deberían ser para todos en general.
Sostuvo  que bastó el anuncio de que llegaría la empresa trasnacional para que las autoridades y legisladores se pusieran a trabajar para darle los elementos legales con los cuales puedan estar dentro de la ley y no ser molestados.
Dijo que lo anterior contrasta con la actitud que tuvieron con el servicio de moto-taxis que prestaban el servicio a las zonas más pobres del estado, donde los vehículos normales no pueden llegar por lo angosto de los caminos, y sobre todo el estado de los mismos.
Indicó que en ese caso no se modificó la ley, lo grave es que aún hay permisionarios continúan sujetos a procesos penales, unidades en el corralón, hubo vehículos quemados, una gran persecución en su contra.
La presidenta estatal indicó que ahora hasta se crea una modalidad para atender a la alta sociedad  como lo es “Artículo 12. El Servicio de Transporte en el Estado se clasifica en: I. Servicio Público de Transporte; II. Servicio Mercantil de Personas; III. Servicio Mercantil de Carga; IV. Servicio Complementario; V. Servicio Ejecutivo”.
Señaló que en la argumentación al presentar la ley utilizando al diputado Julián Rendón Tapia se presumió que habría confort y comodidad con la modalidad del servicio ejecutivo, cuando esto debería de ser la característica de todo el transporte público.
Expresó que todos los poblanos tienen el derecho a contar con un servicio digno, lo mismo quienes viven en las colonias ricas que quienes habitan la zona más pobre del estado.
Quitan servicios a alcaldía de Chiapa
En la sesión se aprobó además la iniciativa que plantea que por medio de un acuerdo, el ayuntamiento de San José Chiapa está obligado a transferir al gobierno del estado los recursos que le sean asignados para dichos fines, así como los derivados de las contribuciones mencionadas.
El acuerdo tiene una duración de 30 años a partir de que sea aprobado por el Congreso local, sin embargo, podría terminar de manera anticipada sin que medie una resolución judicial, pues sólo se requerirá una notificación por alguna de las partes con un tiempo de anticipación de 120 días a la fecha en la que el convenio fenezca.
Sin embargo, si es el ayuntamiento el que desea dar por terminado el convenio, debe contar con el respaldo de las dos terceras partes del Cabildo para tal fin.
Dentro de las facultades que tendrá el gobierno del estado o alguna de sus dependencias, es que se hará cargo en forma temporal de la prestación de servicios públicos como: agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección de basura en mercados, calles y parques.
Además, se encargarán de otorgar las licencias, permisos o autorizaciones en materia de construcción, colocación de anuncios y funcionamiento de comercios, así como de administrar las contribuciones generadas el control de los servicios.
La iniciativa que envío el ejecutivo se ampara en el artículo 115 de la Constitución, el cual refiere que los municipios podrán coordinarse para la eficaz prestación de los servicios públicos con dos o más estados, siempre que cuenten con la aprobación del Poder Legislativo