La iniciativa enviada por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, al Senado la semana pasada que intenta disminuir el endeudamiento de los estados y municipios, obligará a gobiernos como el de Puebla a frenar la contratación discrecional de pasivos, a través de PPS y APP, estableciendo reglas claras que pasen por el Congreso así como inscribir sus obligaciones éstas en un registro nacional del que estaban exentas al no ser consideradas deuda.
En el caso del estado de Puebla, la ley estatal de deuda pública, modificada en el 2012, considera que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) no son “deuda pública” por lo que no inscribe estas obligaciones financieras en el registro de la SHCP.
Además, el Congreso del estado no está obligado a autorizar cada uno de las contrataciones de proyectos de prestación de servicio. Con la modificación de reforma los congresos locales deberán aprobar por las dos terceras partes de sus integrantes la contratación de las obligaciones financieras.
Actualmente, los pasivos de Puebla a través de PPS alcanzan los 9 mil 299 millones de pesos, a marzo de este año. 
La consultora, Fitch Ratings en marzo emitió la siguiente consideración sobre la estructura financiera del estado de Puebla: “la entidad ha implementado una política de desarrollo de infraestructura basada en esquemas de asociación público privadas. A la fecha, el estado celebró dos contratos bajo la modalidad de  proyectos de prestación de servicios que incluyen la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) y el Museo Internacional del Barroco (MIB). También, bajo un esquema de proyecto de inversión se construye una plataforma para una planta automotriz localizada en el municipio de San José Chiapa. Derivado de lo anterior, se registra un pasivo diferido de largo plazo por MXN 9 mil 299.6 millones al 31 de marzo de 2015.”
Las asociaciones público privadas cuentan con dos fuentes de pago: ya sea el cobro a los clientes, como en la concesión de algún servicio o el cobro a la dependencia gubernamental que contrata el servicio como los PPS. 
El modelo de desarrollo del estado en el actual sexenio se ha fundamentado en las APP que el gobierno estatal no considera deuda aunque con la ley federal estará obligado a reconocerlas como obligaciones financieras. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, declaró la semana pasada, una vez que el presidente Peña Nieto, presentó la iniciativa de reforma: 
“No vamos a generar deuda que herede a administraciones futuras, es buena medida la reforma al congreso, la apoyamos que haya orden que haya disciplina financiera en los estados”.
La iniciativa propone un sistema de alertas de endeudamiento de los estados: endeudamiento estable; endeudamiento en observación y endeudamiento elevado.

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Los puntos de la iniciativa de Disciplina Financiera resaltan: reglas y estándares de disciplina financiera; nuevas obligaciones para contratación responsable de deuda; creación de un registro público único para transparentar obligaciones financieras; se establece un sistema de alertas de deuda pública para estados y municipios; estados y municipios podrán obtener créditos con aval de la federación.
El artículo 23 de la iniciativa señala que la legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de financiamientos y obligaciones. 
El artículo 24 de la iniciativa señala que las autorizaciones de los congresos locales deberán contar con el monto autorizado de la deuda pública u obligación a incurrir; el plazo máximo de pago; el destino de los recursos, la fuente de pago.
El artículo 25 obliga a que los entes públicos contraten las obligaciones bajo las mejores condiciones del mercado. 
El artículo 26 de la iniciativa establece un conjunto de reglas para la contratación de obligaciones señalando que se deben presentar al menos 5 propuestas de oferta de contratación.
Las asociaciones público privadas se sujetan a las reglas del artículo 26. 
En septiembre del 2012, con el voto del PRI y del PAN, el Congreso aprobó reformas a la Ley de PPS y a la Ley de Presupuesto y Contabilidad para permitir al mandatario la contratación de empresas privadas para la edificación de obras públicas, sin solicitar autorización al Congreso de Puebla.
El artículo 29 de la ley le da un amplio poder al ejecutivo estatal para adquirir obligaciones financieras:“El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaria de Finanzas, estará facultada para afectar, total o parcialmente, de forma irrevocable, sin mayores requisitos que los establecidos en este capítulo, sus ingresos presentes y futuros derivados de participaciones en ingresos federales, fondos federales, contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos o ingresos susceptibles de afectación, como fuente de pago, garantía, o ambas, de todo tipo de obligaciones que asuma el Gobierno del Estado, los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos considerados Entidades Paraestatales o terceros prestadores de bienes o servicios, derivados de Proyectos de Inversión”.
En un reciente artículo publicado en el periódico El Economista, el exfuncionario federal, David  Colmenares Paramo recibió de manera positiva la iniciativa ya que obligará a las entidades federativas transparentar el pago de sus PPS o APP, cuando estas obligaciones financieras carecen de sus propias fuentes de pago:  “Por ello es sano este cambio, así como al incluir también el registro de todo tipo de obligaciones financieras que se ha dicho en la ley que no son deuda pública —como los PPS o APP—– pero sí generan compromiso de pago. Muchos han estado garantizados con participaciones o ingresos propios de las entidades y pocos casos traen su propia fuente de pago. Es claro que toda obligación financiera es deuda, directa o indirecta, pero es deuda y se requieren recursos presupuestales para pagarla”.