En medio de la preocupación de sectores de la sociedad por los asesinatos de mujeres en Puebla, la administración estatal y el Congreso local se oponen a que se emita para el estado de Puebla la alerta de género.
Una alerta de género se define como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”
De acuerdo a la ley general de acceso a las mujeres de una vida libre y sin violencia, la alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá cuando: “I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.”
La alerta será emitida por la Secretaría de Gobernación y la notificará al poder ejecutivo de la entidad federativa.
El posible asesinato de la joven de 19 años, Paulina Camargo Limón, desató un intenso debate sobre la urgencia de implementar acciones y mecanismos de protección a las mujeres en Puebla.
Camargo Limón, llevaba 18 semanas de embarazo y se presume que fue asesinada por su novio, José María Sosa Álvarez, por negarse a abortar.
Esta semana, la legisladora Geraldine González Cervantes propuso pedir a la Secretaría de Gobernación federal que emita para el estado de Puebla la declaratoria de alerta de violencia de género, tras los asesinatos de mujeres en Puebla.
La diputada pidió que su propuesta se aprobara con dispensa de trámite pero siete de los nueve integrantes de la Comisión la votaron para que fuera revisada en las comisiones de Derechos Humanos, de Equidad de Género y de Procuración y Administración de Justicia.
Pero esta no ha sido la única ocasión en que se solicite una alerta de género. En junio pasado, la todavía diputada federal, Roxana Luna Porquillo, presentó un punto de acuerdo para que se declarara en Puebla la alerta de violencia de género ante el aumento de asesinatos de mujeres que pueden tipificarse como feminicidios.
Luna Porquillo y el senador de la República, Luis Sánchez Jiménez, así como los diputados Roberto Cabrera Solís y Víctor Nájera Medina avalaron la propuesta.
Los diputados pidieron que el Congreso de la Unión que exhortara al Tribunal Superior de Justicia de Puebla, a través del juez octavo de lo penal de Puebla para que se emitiera una sentencia acorde con los derechos humanos de las mujeres reconocidos por el orden jurídico nacional y los tratados internacionales, en el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero.
Los diputados, en su punto, solicitaban la comisión permanente del congreso de la unión que se exhorte al titular de la secretaría de gobernación a tomar en consideración todos los indicadores disponibles sobre la violencia hacia las mujeres a fin de, en su caso, declarar la alerta de violencia de género en el estado de Puebla.
La comisión permanente del congreso de la unión también exhortó a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a elaborar un diagnóstico respecto a las desapariciones de mujeres para identificar las zonas de riesgo y el perfil de mujeres con mayor vulnerabilidad, para llevar a cabo estrategias de prevención, investigación y sanción.
El exhorto de la permanente exige a la Procuraduría General de Justicia de Puebla continuar con las investigaciones sobre la participación de Moisés Torres Monroy, en el asesinato de Olga Nayely Sosa Romero y en cualquier conducta ilegal posterior a dicho acontecimiento.

La posición del Congreso

El diputado del PAN, Franco Rodríguez Álvarez, fijó su postura de rechazo a la alerta de género:
“Independientemente de que a esta Legislatura le preocupan los casos de violencia en contra de mujeres y ciudadanos en general, es necesario puntualizar que el Congreso del Estado no es la instancia legal para solicitar el establecimiento de una Alerta de Género para Puebla.”
El diputado Rodríguez Álvarez calificó este tema como delicado, al tiempo de sostener que debe manejarse con responsabilidad y con una óptica legal. Dijo: “No se trata de un posicionamiento político ni debe plantearse con afanes propagandísticos y perceptivos”.
El diputado panista señaló que sociedad y gobierno de Puebla han venido trabajando de manera coordinada para evitar que delitos tan lamentables como éste que laceran a los ciudadanos, se cometan. Recordó que a partir del 2012 se tipificó el Feminicidio como tal. En julio de este año, el Congreso aprobó incrementar penas que oscilan entre los 40 a 60 años para quien incurra en la comisión de este delito.
El legislador sugirió manejar el tema con conocimiento, pues dijo, no todos los homicidios de mujeres son feminicidios, además que se están tomando en cuenta muertes de mujeres desde 2010, 2011, cuando el feminicidio se tipificó en 2012.
Franco Rodríguez puntualizó que Puebla se coloca muy por debajo de la media nacional en feminicidios, a pesar de que son muy pocos estados los que reportan y registran los casos de asesinatos de mujeres como tales.
Franco Rodríguez expuso que la administración poblana ha promovido políticas públicas a favor de las féminas. Recientemente se creó el Centro de Justicia de las Mujeres que da atención integral a mujeres víctimas de violencia con asistencia psicológica, orientación legal, además de contar con albergues para ellas y sus hijos.